Aquellos tiempos en los que las consultoras vendían la moto de reducir inmobilizado (y ahora en plena burbuja, están recomprando lo que vendieron

La administración catalana está revirtiendo una decisión de 2012 que la obligó a vender edificios para obtener liquidez. Ahora, tras una década pagando alquileres millonarios por esas mismas propiedades, ha decidido recomprarlas.

La factura del alquiler: un pasado que se repite

Hace una década, la Generalitat de Catalunya se vio obligada por la necesidad de liquidez a tomar una decisión drástica: vender parte de su patrimonio inmobiliario. Entre 2012 y 2014, la administración catalana traspasó un total de 38 edificios en Barcelona, obteniendo por ellos 596 millones de euros. En aquel momento, la operación se presentó como una solución de emergencia ante las tensiones de tesorería. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta medida tuvo un coste a largo plazo. Actualmente, la Generalitat paga 183,8 millones de euros anuales en concepto de alquiler por el uso de unos 4.800 inmuebles, de los cuales 576, el 12%, son de alquiler.

De esa cifra global de alquileres, una parte muy significativa, 62,09 millones de euros, corresponde a contratos firmados en el marco de aquella operación de venta o a nuevos acuerdos para compensar la superficie perdida. Lo más llamativo es que la administración catalana sigue abonando 46,6 millones de euros de arriendo por 23 de los edificios que vendió hace una década. Esta situación ha llevado a la actual consellera de Economia, Alícia Romero, a calificar la decisión de 2012 como un "error", lamentando que se descapitalizara la Generalitat y que ahora se paguen alquileres por propiedades que, de haberse conservado, ya estarían amortizadas.

El giro estratégico: de inquilino a propietario

La administración catalana ha decidido dar un giro radical a su política inmobiliaria. Ante la inestabilidad del mercado y la creciente factura de los alquileres, la Generalitat ha iniciado un proceso de adquisición de inmuebles para abandonar progresivamente los contratos de arrendamiento. La conclusión es clara: en el contexto actual del mercado, comprar resulta más rentable que seguir pagando alquileres. Esta estrategia no solo busca reducir costes a largo plazo, sino también garantizar la permanencia de los servicios públicos, evitando la incertidumbre que supone tener que mudarse cada cierto tiempo.

La normativa de contratos públicos obliga a la administración a sacar a concurso la búsqueda de nuevos edificios cuando finaliza un contrato de alquiler. Esto implica que la Generalitat no puede negociar directamente con el propietario para renovar su estancia, sino que debe someterse a un proceso de licitación que podría obligarla a cambiar de sede. Para una administración cuyo servicio público tiene "vocación de permanencia", esta movilidad constante no es deseable ni para el ciudadano ni para los propios servicios. Por ello, la política de readquisiciones, iniciada por el anterior ejecutivo de Pere Aragonès y acelerada por el actual, se perfila como la solución a largo plazo.

Recomprar, rehabilitar o construir: un plan a futuro

La estrategia de la Generalitat para recuperar su patrimonio inmobiliario se articula en tres vertientes principales. La primera es la compra de nuevos inmuebles, ya sea a propietarios privados o a otras administraciones. Un ejemplo reciente es la adquisición, en marzo, de la mitad del edificio del Banco de España en plaza Catalunya, donde se trasladarán 700 empleados. La consellera Romero ha indicado que están "muy atentos al mercado" y que es probable que se cierren nuevas operaciones próximamente.

La segunda vía es la rehabilitación de instalaciones que ya posee la Generalitat. Se están llevando a cabo obras en la Torre Muñoz, sede de la conselleria de Empresa, con un coste de unos 27 millones de euros, y en una torre en la avenida Tibidabo. La tercera opción es la construcción directa de nuevos edificios, como el que se está levantando en el Pabellón Cero del recinto de Fira, en L’Hospitalet. Para estos tres tipos de proyectos, la administración catalana prevé invertir 75,8 millones de euros, con el objetivo de amortizar la inversión en menos de ocho años.

Este plan de readquisiciones y nuevas construcciones implicará la reubicación de casi 12.000 funcionarios y se extenderá, como mínimo, hasta 2038. La inversión total prevista es de miles de millones de euros. Por el momento, la Generalitat ya ha rescindido el alquiler de ocho locales, entre ellos la antigua sede de la conselleria de Economia en Rambla Catalunya, lo que supone un ahorro anual de 16,2 millones de euros.