Así ocupará Marruecos, Ceuta y Melilla, antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La presión de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y Canarias mediante una movilización civil —una Marcha Verde 2.0— obligaría a España a decidir entre desalojar a miles de civiles con fuerza militar o negociar, y trasladaría esa disyuntiva a la campaña electoral del 29 de noviembre de 2026.

Hay escenarios que un Estado no quiere ni imaginar y que, precisamente por eso, conviene tener pensados. Uno de ellos es el que combina dos relojes que avanzan a la vez: el de una campaña electoral y el de una crisis territorial. Si el presidente del Gobierno disolviera las Cortes y convocara elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, España entraría en campaña con menos de dos meses por delante y el Ejecutivo atado a una cuenta atrás. Justo entonces, Rabat podría decidir que ha llegado el momento de comprobar hasta dónde puede tensar la cuerda.

No haría falta una guerra convencional. No habría columnas de carros marroquíes atravesando la frontera mientras vuelan cazas españoles. Eso sería demasiado fácil de entender y obligaría al Estado a responder de inmediato. El escenario incómodo es otro: una Marcha Verde 2.0. Miles y después decenas de miles de civiles entrando sobre Ceuta y Melilla acompañados por fuerzas de seguridad marroquíes que oficialmente no participan, pero que tampoco hacen nada por detenerlos. Manifestaciones, banderas, cámaras de televisión, familias, asociaciones nacionalistas, periodistas y, mezclados con esa masa, personal organizado asegurándose de que carreteras, puertos, instalaciones administrativas y puntos estratégicos dejen de funcionar con normalidad.

La trampa de disparar contra civiles ante las cámaras

Ahí España entra en el peor terreno posible. Disparar contra un ejército invasor es una cosa. Ordenar a soldados españoles que despejen a tiros una frontera llena de miles de civiles mientras medio planeta retransmite cada segundo es otra completamente distinta. El Gobierno podría decidir no entrar en esa trampa: desplegar policía y unidades militares defensivas, evitar una intervención masiva y repetir tres palabras hasta la náusea —Bruselas, legalidad internacional y negociación—.

En paralelo, la presión se extendería a Canarias: embarcaciones civiles, incidentes en aguas próximas, protestas organizadas y reclamaciones sobre espacios marítimos. Rabat insistiría ante todas las cámaras en que no existe ninguna invasión militar. Según su relato, solo se estaría viendo una movilización popular espontánea de ciudadanos que reclaman unos territorios que consideran históricamente marroquíes.

Y en ese momento la campaña dejaría de tratar sobre vivienda, corrupción, pensiones, inmigración o impuestos. Solo existiría una pregunta: qué hace España. El PP y Vox convertirían cada mitin en una acusación contra Sánchez. Hablarían de abandono territorial, humillación nacional y pérdida de soberanía. Exigirían restablecer de inmediato el control efectivo de los territorios y recordarían al Gobierno que Ceuta y Melilla no son protectorados españoles ni colonias pendientes de descolonización, sino territorio bajo administración y soberanía española.

El PSOE respondería que la oposición quiere meter a España en una guerra con Marruecos a cinco semanas de unas elecciones y que una intervención militar contra una masa civil produciría muertos, aislamiento internacional y probablemente una crisis directa con toda la región.

El veneno electoral: miedo contra indignación

Aquí empieza el verdadero veneno. La discusión ya no sería quién tiene razón sobre Marruecos. La discusión pasaría a ser cuánto riesgo está dispuesto a aceptar cada español. El votante que ve miles de personas ocupando calles de Ceuta puede pensar que el Gobierno está haciendo el ridículo. Pero ese mismo votante ve al día siguiente una tertulia explicando que una operación militar puede acabar con cien muertos delante de cámaras internacionales y empezar una escalada con Marruecos. Entonces la pregunta cambia por completo.

¿Quiero recuperar el territorio inmediatamente aunque exista riesgo real de guerra? ¿O prefiero congelar la situación, meter a Francia, Alemania, Bruselas y Washington en la habitación y recuperar el control mediante presión diplomática? Ahí está la trampa política de Rabat. No necesita convencer a los españoles de que Ceuta y Melilla sean marroquíes. Eso sería prácticamente imposible. Le basta con conseguir que una parte suficientemente grande de la población española piense: sí, son españolas, pero tampoco quiero que mi hijo termine movilizado por esto. Y eso divide el país por la mitad.

Durante semanas las imágenes serían insoportables. Banderas marroquíes en edificios. Policía española formando cordones. Unidades del Ejército esperando órdenes que no llegan. Barcos españoles patrullando sin abrir fuego. Bruselas celebrando reuniones extraordinarias que terminan con comunicados diciendo que la situación requiere moderación. Cada comunicado europeo cabrearía todavía más a media España. Pero cada noticia sobre una posible intervención militar asustaría a la otra media.

Los españoles de origen marroquí y el voto del miedo

Llega entonces el factor que probablemente convertiría aquello en gasolina electoral: los españoles de origen marroquí. No existe ningún voto marroquí uniforme. Sería absurdo imaginar que cientos de miles de ciudadanos españoles con raíces familiares marroquíes piensan todos igual. Unos considerarían la actuación de Rabat una provocación intolerable, otros sentirían simpatía por Marruecos, muchos estarían simplemente aterrados por el deterioro de las relaciones entre los dos países y muchísimos tendrían familiares a ambos lados del Estrecho.

Pero políticamente aparece un incentivo clarísimo. Cualquier español que crea que una victoria electoral determinada aumenta seriamente el riesgo de una guerra tendrá una razón adicional para votar contra esa opción, independientemente de su origen. Y exactamente lo mismo ocurre en sentido contrario: cualquier votante que interprete la negociación como una rendición tendrá una razón adicional para castigar al Gobierno. Por eso la crisis no movilizaría simplemente marroquíes contra españoles. Movilizaría miedo contra indignación. Ésa sería probablemente la batalla real del 29-N.

El PSOE intentaría convertir las elecciones en un referéndum sobre evitar la guerra: hemos contenido la crisis, no hay soldados muertos, Europa está implicada y cualquier gobierno responsable necesita recuperar los territorios sin convertir el Estrecho en Yugoslavia. PP y Vox intentarían convertirlas exactamente en lo contrario: si después de ocupar territorio español la respuesta consiste en sentarse a negociar durante semanas, el mensaje enviado a Marruecos es que la presión funciona. Las dos narrativas serían potentísimas.

Congelar la crisis hasta después de las urnas

Rabat tendría un incentivo perverso para no resolver absolutamente nada antes de las elecciones. Cuanto más tiempo permanezca la situación congelada, más domina la campaña española. No necesita anexionar oficialmente Ceuta el 15 de octubre. Ni proclamar Melilla provincia marroquí. Ni desembarcar el Ejército en Las Palmas. Le basta con crear una situación física sobre el terreno que Madrid no pueda deshacer fácilmente sin emplear una fuerza que políticamente resulte carísima. Ésa es precisamente la lógica de una Marcha Verde: convertir una cuestión territorial en un problema de costes.

Llegado el 28 de noviembre, España estaría probablemente en una situación delirante: seis semanas de reuniones en Bruselas, ultimátums que no son ultimátums, declaraciones de apoyo europeo cuidadosamente redactadas para no comprometer tropas, concentraciones gigantescas en Madrid y manifestaciones contrapuestas acusando al Gobierno bien de cobarde, bien de querer provocar una guerra.

Entonces llega el domingo 29. Por primera vez en décadas, millones de españoles no estarían votando principalmente pensando en hipotecas, impuestos, inmigración, feminismo, pensiones o corrupción. Estarían votando con tres nombres metidos en la cabeza: Ceuta, Melilla y Canarias. Y aquí es donde la operación marroquí habría conseguido algo mucho más importante que colocar unas cuantas banderas. Habría obligado a España a celebrar unas elecciones generales bajo una pregunta diseñada desde Rabat: cuánto territorio está dispuesta España a arriesgar para evitar una guerra y cuánto riesgo de guerra está dispuesta a asumir para defender su territorio. Ése sería el verdadero campo de batalla. No la frontera. Las urnas.

Todo lo anterior es un escenario hipotético de análisis, no un pronóstico ni una predicción sobre acontecimientos futuros.