Un juzgado de Madrid investiga a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La causa nace de una denuncia de Manos Limpias y la instruye el juez Juan Carlos Peinado, que prevé citar a varios testigos y ha encargado a la UCO que investigue las actividades de la investigada. El caso ha reabierto el pulso político en un momento en que el propio Pedro Sánchez había anunciado unos días de reflexión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo.
Qué se le atribuye y quién está detrás de la denuncia
La denuncia inicial la presentó Manos Limpias, el mismo sindicato que llevó ante la justicia a Rodrigo Rato, a Urdangarin y a la infanta Cristina. Ese detalle no es menor: quienes defienden la admisión a trámite recuerdan que aquellas causas acabaron en condena y que, por tanto, el origen de la denuncia no invalida el procedimiento. En contra pesa el argumento de que Manos Limpias actúa como acusación popular con un historial de causas ideológicas y que el juez instructor ha sido señalado por su perfil conservador.
La Fiscalía, por su parte, ha incoado diligencias previas tras una denuncia de Hazte Oír, y VOX se ha personado como acusación popular. Iustitia Europa también se ha personado con el abogado Luis María Pardo. El procedimiento se centra en las ventajas que habrían obtenido empresas vinculadas a la investigada a través de su cátedra y de su actividad profesional.
El argumento de la defensa: no es cargo electo
Una de las objeciones que más se repite es que Begoña Gómez no ocupa ningún cargo electo ni es empleada pública, por lo que resulta discutible que pueda cometer tráfico de influencias en el sentido estricto del tipo penal. La pregunta que sobrevuela es si unos recortes de prensa y textos particulares bastan para abrir diligencias contra la esposa del presidente. Hay quien sostiene que la condición de familiar del jefe del Ejecutivo la convierte en sujeto de escrutinio público; enfrente se argumenta que la causa se apoya en indicios endebles y que su verdadero objetivo es político.
El efecto en el Gobierno y en el relato de la corrupción
El ministro de Justicia ha calificado la denuncia de falsa, «de tantas», sin concretar a cuáles se refería. Moncloa sostiene que se trata de una operación de desgaste. Del otro lado, medios como El Confidencial y Vozpópuli han publicado que hasta trece ministerios y once empresas públicas habrían promovido la carrera y los negocios de la investigada, una información que la defensa no ha desmentido de forma detallada.
La comparación con otros casos planea sobre todo el asunto. Por mucho menos, Urdangarin fue condenado a varios años de prisión. Esa asimetría es la que alimenta la indignación de una parte del electorado y la cautela de otra, que recuerda que aquí no hay sentencia ni acusación formal sostenida por la Fiscalía.
Qué puede pasar ahora
El juez Peinado ha encargado a la UCO que investigue las actividades de Begoña Gómez y prevé ordenar la comparecencia de varios testigos para delimitar el alcance de sus negocios. Manos Limpias ha anunciado que dispone de más pruebas y que en los próximos días pueden producirse acontecimientos que obliguen a Sánchez a reconsiderar su posición. VOX ha pedido la dimisión del presidente. El procedimiento sigue abierto y no hay imputación formal confirmada por el tribunal más allá de las diligencias admitidas a trámite.
El caso se encuentra en fase de instrucción. No existe sentencia ni acusación firme contra Begoña Gómez. Cualquier afirmación sobre su culpabilidad es una hipótesis de investigación, no un hecho probado.