<ENSEGURIDÁ HURÍDIKA> CASEROS MATANDO DE HAMBRE A LOS INQUILINOS

El 60% de los inquilinos paga más del 30% de su sueldo en alquiler​

Casi la mitad de la población —el 45,7%— ha tenido que rebajar en los últimos doce meses su gasto en alimentación, electricidad, agua o calefacción. A la vez, el 60% de quienes viven de alquiler dedica más del 30% de sus ingresos a pagar al propietario, y uno de cada cinco hogares reserva más de la mitad de todo lo que ingresa. Los datos proceden de una encuesta de 40dB con más de 4.000 entrevistas y grupos focales. El resto del cuadro no mejora: el 38,2% no podría afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros.

En el otro lado del mostrador, el relato cambia. La culpa, se dice, no es del que cobra el alquiler. Ahí arranca una pelea que lleva años enquistada y que mezcla ley, inflación, oferta de vivienda y salarios.

El 40% ya recorta en carne o pescado​

Cuatro de cada diez encuestados han reducido la compra de carne o pescado. La tijera se agranda cuanto más estrecho es el bolsillo: en los niveles socioeconómicos bajos, los recortes en fruta, verdura, carne, pescado y otros productos básicos —leche, huevos, patatas, aceite— se disparan más de diez puntos por encima de la media, igual que el descenso en ropa y calzado. No es una cuestión de dieta. Es aritmética doméstica: cuando el dinero no llega, lo primero que desaparece es lo que se come y lo que se pone.

Las brechas se ensanchan por género y origen. Ese 45,7% que ha rebajado gastos en comida o suministros básicos supera el 49% entre las mujeres y alcanza el 58,4% entre las personas racializadas. La variable que ordena todo lo demás, sin embargo, sigue siendo la renta.

El alquiler que se come el sueldo entero​

La mitad de las personas con hipoteca y el 60% de las que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Entre los inquilinos, uno de cada cinco hogares tiene que reservar más de la mitad de todos sus ingresos al propietario del inmueble. Y hay un dato que mide el ahogo antes de que llegue el impago: el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente a casi el 20% de media de la población general.

Traducido a euros, la foto deja de ser abstracta. En Madrid, la mayoría de los alquileres alcanza los 1.000 euros; en la corona —Torrejón, Alcalá, Fuenlabrada— no baja de 800 o 900. Cubrir esa cuota exige ingresos netos de entre 2.400 y 2.700 euros, una banda que buena parte de la población no toca. Da igual dónde se mire: la horquilla se repite.

¿Es culpa del casero, de la ley o del mercado?​

Una corriente sostiene que la subida no responde a la avaricia del arrendador, sino al marco legal y a la inseguridad jurídica. Recuperar un piso por impago puede dilatarse años, el procedimiento judicial es lento y termina con el inquilino en un registro de morosos que le complicará alquilar de nuevo. Otra mirada apunta al equilibrio fiscal: un 20% de IRPF, un 32% de cotización social y un 21% de IVA dejan poco margen, mientras el propietario solo puede subir la renta un 2% o un 3% con el IPC disparado muy por encima.

Enfrente, el diagnóstico opuesto. El precio no lo fija el coste, lo fija lo que el mercado aguanta. Si el piso de la zona se alquila a 900, el de al lado irá a 900 aunque arrastre los mismos muebles de hace una década. La analogía más repetida no es inmobiliaria: quien intenta vender un teléfono usado por 500 euros cuando en el mercado de segunda mano se encuentra a 50 se queda sin comprador. Con los pisos pasaría lo mismo, se razona, salvo que el parque disponible es tan corto que el inquilino no tiene adónde ir.

La pelea no es baladí. Define si el problema se arregla regulando, construyendo o dejando actuar al mercado, y cada una de esas tres respuestas tiene su propia factura.

Menos construcción y más demanda​

El argumento que más se repite al buscar la raíz es el desequilibrio entre oferta y demanda. Durante la última década se ha construido menos de lo necesario y el resultado es una competencia feroz por cada piso disponible; hay quien lo atribuye además al aumento de la demanda de alquiler. En Madrid, esa tormenta se junta con una oferta muy rígida y una fiscalidad regional que busca atraer capital: la conocida como ley Mbappé permitiría a los inversores extranjeros desgravarse un 20% de sus inversiones en la región.

Hay quien defiende que el problema no es de codicia, sino de mercado: el bienestar no depende del buen corazón del arrendador, sino de que exista un mercado competitivo. La conclusión incómoda es que un sector que necesita más oferta se enfrenta a un clima que la desincentiva. La oferta no se levanta de un día para otro, y cada año sin grúa se convierte en presión sobre los pisos que ya existen. Quien tiene dinero puede llevarlo a otro país y seguir alquilando. Quien necesita techo, no.

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Con estas cifras, el discurso oficial choca con el dato: casi la mitad de la población recorta en comida mientras el precio de la vivienda absorbe la mitad de un sueldo. El pulso ya no va de cuánto duele, sino de a quién le toca pagar la factura. Y en ese punto exacto, el análisis se atasca.