Ayuso convierte a su pareja en «un particular» ante el cerco judicial
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado de llamar «novio» a Alberto González y ahora se refiere a él como «un particular». El cambio de vocabulario no es un detalle menor: coincide con la investigación sobre una trama de compraventa de material sanitario en la que su pareja está señalada y con la decisión de la Fiscalía de aplazar su declaración. En una comparecencia recogida por
eldiario.es, Ayuso repitió hasta cinco veces la palabra «particular» para marcar distancia: «Las estrategias de defensa de un particular tampoco son ahora mismo parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid que es una institución que está al margen de todo ello».
El giro llega después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentara desactivar el asunto con una frase que ha envejecido mal: «Esto es problema de un ciudadano que parece ser que es pareja de Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la Agencia Tributaria. Pues que las arregle». La dirección nacional del partido ha pasado de defender a la presidenta a evitar pronunciarse sobre el caso, mientras en Madrid se acumulan los frentes.
El patrimonio de la presidenta: piso en Chamberí y sede social
La vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más exclusivos de Madrid, es propiedad al 100% de Díaz Ayuso. Según las informaciones publicadas, ese inmueble es a su vez la sede social de
Ayuso Lahoz S.L., una sociedad cuyo objeto social es el «comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico». La empresa se dedica, por tanto, a la compraventa de material sanitario, el mismo sector en el que opera la trama investigada.
La vivienda llegó a manos de la presidenta por una donación de sus padres. El traslado de propiedad se produjo cuando una de las empresas familiares,
MC Infortécnica S.L., empezó a no poder hacer frente a las deudas contraídas con Avalmadrid, la sociedad semipública de avales. El detalle importa porque conecta el patrimonio personal con los problemas financieros del entramado familiar.
¿Qué se investiga en la trama de material sanitario?
La investigación judicial se centra en una red de compraventa de material médico durante la pandemia. En ese contexto, la Fiscalía ha aplazado la declaración de Alberto González, pareja de Ayuso, y también la de otros tres investigados: dos sevillanos y un mexicano. La suspensión de las comparecencias ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre el estado del procedimiento.
El caso ha salpicado de lleno al entorno de la presidenta madrileña. Su vocero, Miguel Ángel Rodríguez, percibe un salario anual de
94.000 euros, una cifra que ha sido utilizada por la oposición para subrayar el contraste entre el discurso de austeridad y la realidad de los sueldos del equipo. La propia Ayuso ha defendido que sigue viviendo de alquiler y ahorrando, una afirmación que choca con la titularidad del piso de Chamberí.
La carrera de la pareja: de técnico sanitario a empresario investigado
Alberto González es técnico sanitario y, según los datos que maneja la investigación, trabajaba en una ambulancia antes de convertirse en pareja de la presidenta. Su salto a la esfera pública ha sido meteórico: de empleado del transporte sanitario a empresario con sociedades dedicadas al material médico. La oposición ha puesto el foco en la falta de experiencia contrastada en el sector y en la coincidencia temporal entre su relación con Ayuso y el crecimiento de sus negocios.
La trayectoria de la propia Ayuso también ha sido cuestionada. Antes de entrar en política, trabajó en el Twitter del perro de Esperanza Aguirre, Pecas, ya fallecido, según recogió
ABC. Su carrera política despegó en 2005 como directora general, sin que se hayan concretado los nombres de las empresas privadas en las que supuestamente trabajó antes.
El PP madrileño y la sombra de Aguirre
El caso Ayuso no se entiende sin la herencia política de Esperanza Aguirre, que declaró ante un juez por el destino del dinero destinado a la Ciudad de la Justicia. Aguirre, perteneciente a una familia con gran patrimonio, ha sido señalada por operaciones urbanísticas como la creación de la Ciudad de Valdeluz, un desarrollo de miles de millones de euros. La comparación entre ambas presidentas es inevitable: Aguirre construía ciudades; Ayuso, según sus críticos, se limita a gestionar el relato.
En el PP, la estrategia ha sido la de minimizar el impacto. Feijóo intentó marcar distancia con la frase del «particular», pero la dirección nacional ha ido modulando el mensaje a medida que aparecían nuevos datos. La presidenta madrileña mantiene su agenda institucional sin variaciones, aunque evita responder a las preguntas sobre su pareja.
¿Qué pasa con la declaración aplazada de Alberto González?
La declaración de Alberto González ante la Fiscalía ha quedado aplazada, al igual que la de otros tres investigados. No hay una nueva fecha confirmada. La suspensión ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de ganar tiempo, mientras que desde el entorno de la presidenta se insiste en que se trata de un procedimiento ordinario. El caso sigue abierto y sin resolución conocida.
La oposición ha pedido explicaciones en la Asamblea de Madrid, pero el PP cuenta con mayoría suficiente para bloquear cualquier comisión de investigación. La pelota está en el tejado judicial, y ahí no hay mayorías que valgan.
La corrupción como sistema en Madrid
Madrid arrastra una larga historia de casos de corrupción que se remontan al Tamayazo y a los grandes pelotazos urbanísticos de los años dos mil. La comunidad es un foco recurrente de escándalos que afectan a todos los partidos, pero que en el PP tienen una tradición particular. La revalorización constante del suelo y de la vivienda ha funcionado como anestesia social: mientras el piso de la abuela sube de precio, el votante mira hacia otro lado.
El centro de Madrid se ha transformado en un parque temático para turistas, con los madrileños de toda la vida desplazados a la periferia. Esa realidad convive con una política económica que prima la inversión inmobiliaria sobre cualquier otra consideración. La pregunta es si el caso Ayuso cambiará algo o si, como tantas veces, se diluirá en el olvido.
Con estos mimbres, el cesto se teje solo. La presidenta que llegó prometiendo libertad y gestión ejemplar afronta ahora el escrutinio sobre su patrimonio, el de su familia y el de su pareja. Los datos están sobre la mesa. Lo que no está tan claro es si alguien los va a leer en voz alta.