Noticia: Brutal: El Gobierno aprueba que el propietario que no renueve al inquilino tendrá que "indemnizarle" con un mínimo de 12 mensualidades

Indemnización de 12 rentas si el casero no renueva el alquiler​

Doce mensualidades. Ese es el precio que el segundo decreto de vivienda pone a la decisión de un propietario de no renovar un contrato de alquiler. El texto, que el Ejecutivo prevé publicar en el BOE, obliga al arrendador a indemnizar al inquilino con un mínimo de doce rentas y añade la prórroga automática de los arrendamientos, el punto que ha encallado la negociación con los socios de la investidura. La publicación se ha retrasado un día sobre el calendario previsto y el Gobierno lo atribuye a motivos técnicos y jurídicos, no políticos. El asunto llega a esta altura después de que un desahucio concreto —el de Maricarmen, ejecutado por Urgabestión— empujara la vivienda al centro de la agenda.

Qué cambia el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos​

El mecanismo se apoya en la modificación del artículo 10 de la LAU. Cumplido el periodo mínimo obligatorio —cinco años cuando el arrendador es una persona física y siete si es una persona jurídica—, el contrato se prorroga por periodos sucesivos de idéntica duración mientras ninguna de las partes exprese lo contrario. El propietario que quiera romperlo debe avisar con seis meses de antelación; el inquilino, con dos.

La consecuencia práctica es que el arrendador podrá negarse a renovar sin alegar ningún motivo. Solo tendrá que pasar por caja. La norma convierte lo que antes era una decisión libre —recuperar el piso al vencer— en una operación con coste tasado, y ahí está el cambio de fondo: no se prohíbe no renovar, se le pone precio.

Doce mensualidades y las excepciones que las evitan​

La compensación será de al menos doce mensualidades de la renta de una vivienda de características análogas, calculada según el sistema estatal de referencia de precios de alquiler, y nunca inferior a una mensualidad por cada año que el inquilino haya permanecido en la casa. El texto contempla vías para esquivar ese pago: necesidad de la vivienda para el propio arrendador, su cónyuge o familiares hasta segundo grado; que el inquilino no habite la casa más de seis meses al año sin causa justificada; que disponga de otra residencia apta en el mismo municipio; que se formalice un nuevo contrato de cinco o siete años a precio regulado, o la vulnerabilidad acreditada del propietario.

Esos supuestos deberán quedar justificados en la comunicación de no renovación. La lista es tan amplia que, en la práctica, la indemnización dependerá de cuánto quiera litigar cada parte.

El decreto troceado y el voto del viernes​

El Consejo de Ministros del martes se retrasó más de una hora y forzó una negociación contra reloj. La coalición decidió partir el paquete en dos: el primer decreto establece una renovación de los contratos de hasta dos años que puede solicitar el inquilino y a la que el casero está obligado con excepciones; el segundo introduce la prórroga automática. El argumento oficial es jurídico: el segundo texto modifica un artículo del primero y no tendría sentido tocar una disposición que aún no ha entrado en vigor.

El Congreso votará por separado la convalidación de ambos el viernes, en pleno extraordinario. Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu y Alicia del Río, han cargado contra el troceo, que a su juicio abre la puerta a que el segundo decreto decaiga. La organización pide contratos indefinidos: seguir en la vivienda mientras se pague y no haya causa acreditada para terminar el arrendamiento.

Menos oferta, mismos pisos: el efecto que se descuenta​

La reacción del mercado se mueve entre el cálculo y el cabreo. Hay quien sostiene que los alquileres ya están en el techo de lo que puede pagar el inquilino —una vivienda de 1.800 euros al mes no se revaloriza a 2.500 por decreto— y quien anticipa lo contrario: si se obliga a tratar al inquilino como a un empleado, muchos propietarios sacarán el piso del mercado. La comparación que más circula es la del despido improcedente: indemnizar para romper.

Otro cálculo señala el efecto indirecto. Un casero que quiera vender ya no puede esperar a que venzan los cinco años: tendrá que indemnizar, y no poco, según se argumenta. De ahí sale la previsión de que esos 15.000 euros de compensación acaben sumados al precio de venta. El corolario es incómodo para el relato oficial: si el coste se traslada, quien lo paga es el siguiente inquilino o el comprador.

Y el punto donde esto se atasca es el de siempre. Con el segundo decreto pendiente de un voto que no está garantizado, la inseguridad jurídica ya opera aunque el texto no esté publicado. Nadie sabe todavía si la norma que encarece no renovar llegará a existir.