Bukele cambia las reglas en la nueva prisión: los presos pagan por su estancia en la carcel

Debate en foro: presos que trabajan para pagar su estancia​

El Centro de Confinamiento del Terrorismo que El Salvador inauguró bajo el mandato de Nayib Bukele ha reabierto un debate que va mucho más allá de las maras: si el preso debe costearse su propia celda. El planteamiento que circula en foros económicos es contundente: trabajos forzados para pagar la estancia, impuestos incluidos, y una reserva de dinero que espere al recluso a la salida para que pueda emprender con un oficio aprendido. Sin recortar un solo día de condena. Y si la pena es de por vida, ese fondo se destina a programas sociales que desincentiven la criminalidad.

La propuesta no es inocente. En España, según un cálculo que circula en el sector, mantener a un preso cuesta unos 21.299 euros al año, o lo que es lo mismo, cerca de 2.000 euros al mes, un 45% más que la media europea. Con esas cifras sobre la mesa, la pregunta deja de ser moral y se vuelve contable.

Cuánto cuesta mantener a un recluso en España​

La cifra de 21.299 euros anuales por interno se obtiene dividiendo el presupuesto de Instituciones Penitenciarias entre el número total de reclusos. Es el cálculo que se repite cuando se discute el modelo español, y sirve de contraste con el enfoque salvadoreño. Hay quien sostiene que el sistema actual paga triple: los daños causados por el delincuente, su manutención y su sueldo. Otros recuerdan que en Estados Unidos las prisiones privadas llevan décadas funcionando con lógica similar: si el preso tiene recursos, paga; si no, trabaja para costearse la estancia.

El argumento económico choca de frente con el jurídico. La crítica más repetida es que un sistema penitenciario que prioriza la represión sobre la reinserción no garantiza los derechos procesales ni la conexión entre culpabilidad y condena. La cuestión de fondo: ¿se puede exigir responsabilidad económica al recluso sin comprometer las garantías del proceso?

El modelo salvadoreño: tatuajes, maras y presunción de pertenencia​

El caso salvadoreño añade una capa que no existe en Europa. En El Salvador, según se argumenta, los tatuajes definen la pertenencia a una mara y quien los lleva asume que ha cometido un homicidio como rito de entrada. No hace falta juicio: la pertenencia a banda armada se presume por la simbología. Quien es pillado con un tatuaje de esos y acaba preso, lo es porque ha matado a alguien, sostienen quienes defienden el modelo. A nadie se le ocurre tatuarse sin haber pasado por el ritual.

La objeción es evidente: no ha habido juicio ni condena firme para miles de detenidos. Se desconoce qué pena cumplen. No tienen derecho a llamadas ni visitas. La crítica compara el sistema con un agujero negro eterno, frío y desangelado, y advierte de que la pesca de arrastre con la delincuencia destroza los derechos que sustentan la democracia. La respuesta desde el otro lado es que la inacción también mata, y que El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a atraer inversores tras borrar la basura.

Qué pasa cuando el preso sale sin oficio ni dinero​

El núcleo económico del debate está en la reinserción. Si el recluso sale sin oficio, sin ahorros y sin red, la reincidencia es casi una certeza. El modelo que se propone reserva una cantidad para que pueda emprender al salir, y en Japón, se recuerda, los presos trabajan a diario y aprenden habilidades útiles para el mercado laboral. En España, la opción de trabajar en prisión existe, pero se describe como trabajos manuales menores: juguetes que los internos regalan a conocidos. Un caso citado es el de un hombre encarcelado por una denuncia falsa que pasaba el tiempo fabricando esas piezas.

El dato que descoloca: un recluso que ingresó en 1988 y salió en 2010, veintidós años después, volvió a entrar. ¿Qué hizo en esos años para terminar de nuevo dentro? La pregunta no tiene respuesta en el material, y ahí se queda el análisis.

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La discusión no se cierra. Con un coste por preso que en España ronda los 2.000 euros mensuales y un modelo salvadoreño que presume de haber vaciado las calles, la tensión entre derechos procesales y eficacia disuasoria sigue sin resolver. Nadie ha cuadrado todavía cómo pagar la celda sin romper la presunción de inocencia.