Todas las asociaciones de guardias civiles piden la dimisión de Marlaska: "que no se le ocurra venir al funeral"

Asociaciones de la Guardia Civil piden la dimisión de Marlaska​

¿Puede un ministro del Interior asistir al funeral de dos agentes muertos en acto de servicio mientras las asociaciones profesionales de su propio cuerpo le exigen por escrito que dimita? Ese es el pulso que quedó abierto tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, cuya lancha fue embestida por una narcolancha. Las asociaciones representativas del instituto armado reclamaron la salida del ministro y añadieron una advertencia nada habitual en un comunicado institucional: que no se le ocurriera presentarse en el funeral. La discusión posterior se partió en dos: quienes ven en esa exigencia una reacción legítima ante una cadena de decisiones que acabó con dos agentes muertos y quienes recuerdan que ese mismo cuerpo aceptó sin ruido una subida salarial del 20% firmada por el mismo ministro.

Qué pasó en Barbate y por qué el funeral se convirtió en un campo de batalla​

El punto de partida es un operativo contra el narcotráfico en aguas del Estrecho que terminó con una lancha de la Guardia Civil embestida por una narcolancha. Dos agentes murieron. La pregunta que sobrevuela el asunto desde entonces es por qué se ordenó perseguir en el mar a embarcaciones muy superiores en potencia y número con un barco pequeño y lento. Ese detalle, repetido hasta la saciedad, es el que sostiene la exigencia de responsabilidades políticas.

La tensión se trasladó al funeral. Según los relatos que circulan, la viuda de uno de los fallecidos habría rechazado hasta en cuatro ocasiones que el ministro participara en el acto, con palabras tensas y algún insulto directo. La prensa, sostienen esas mismas versiones, habría suavizado lo ocurrido. Marlaska acudió igualmente, y queda pendiente otro funeral en Cádiz, donde el clima en la comandancia se describe como aún más enrarecido.

La subida salarial del 20% que nadie menciona en los comunicados​

Aquí aparece el argumento incómodo. Una parte del análisis recuerda que ese mismo ministro firmó una subida retributiva del 20% para la Guardia Civil y que entonces no hubo comunicados airados ni exigencias de dimisión. La conclusión que extraen es sencilla: el malestar no es institucional, es corporativo, y aparece cuando lo que está en juego es el sueldo o el prestigio, no cuando las órdenes chocan con la calle.

La réplica a ese argumento también tiene recorrido. Hay quien sostiene que un agente no puede elegir qué órdenes cumple y que la responsabilidad política es de quien las firma, no de quien las ejecuta. Y hay quien va más allá: si el cuerpo acepta sin rechistar órdenes que considera injustas contra agricultores o ciudadanos, difícilmente puede luego presentarse como víctima del mismo mando.

El reproche que va más allá del Estrecho​

El malestar no se agota en Barbate. En la discusión aparecen episodios anteriores: operativos de vigilancia sobre ciudadanos, actuaciones en el mar con migrantes, controles a pescadores y cazadores. La acusación de fondo es que el instituto armado ha sido selectivo con la ley según quién la incumpliera, y que esa selectividad se paga ahora en credibilidad.

Frente a eso, la defensa del cuerpo se apoya en un principio simple: la Guardia Civil cumple órdenes y quien las dicta responde ante el Parlamento. Mezclar el descontento profesional con la responsabilidad del ministro, dicen, es trasladar al mensajero un problema que no le pertenece.

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Queda el funeral de Cádiz. Y queda, sobre todo, la pregunta de si un ministro puede seguir despachando con las asociaciones de un cuerpo que le ha pedido por escrito que se marche. La respuesta oficial, de momento, es la de siempre: nadie dimite por un comunicado.