Caso Jenni: conviene más que nunca recordar al juez de la Manada en su voto particular

La página 134 de la sentencia de La Manada que reabre el caso​

Página 134 de un documento de 372. Ahí arranca, en negro sobre blanco, el voto particular de Ricardo Javier González, el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que se quedó solo en la sentencia 000038/2018 del caso de La Manada. Lo firmó sabiendo lo que venía después. Y es el texto que una parte del público rescata cada vez que un tribunal debe decidir sobre un escándalo con vídeo, fama y foco mediático. Ahora el nombre de moda es otro: Rubiales.

Qué defendía el voto particular del juez de La Manada​

Que los hechos probados no sostenían una condena por agresión sexual con la contundencia que le dieron los otros dos magistrados. En el vídeo, según su lectura, lo que se apreciaba era un «ambiente de jolgorio y regocijo». Consideró acreditado que la denunciante y los procesados habían acordado antes de entrar en el portal mantener relaciones en grupo, y que lo ocurrido después no fue objeto de engaño alguno. El fallo se revisó después en una instancia superior; un jurista que participa en el hilo sostiene que la argumentación del disidente era tan aplastante que resultaba prácticamente imposible ir contra ella.

Hay una pieza que casi siempre se pasa por alto. El caso saltó, según esta línea de análisis, no por lo que ocurrió dentro del portal, sino por el hurto de un teléfono móvil que dejó a la chica sin medio para pedir ayuda. Según esa misma línea, un hurto de escasa cuantía habría sido el punto de giro de una causa que terminó en condena de 15 años.

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Quince años frente a doce y medio por un homicidio​

En 2008, Diego Yllanes mató a Nagore Laffage en los Sanfermines y fue condenado a 12 años y medio. El caso de La Manada se saldó con penas de 15 años. Quien sostiene que hubo un juicio paralelo señala ese cruce de cifras como la prueba de que la respuesta penal se calibró más por la presión ambiental que por el Código Penal.

Para quienes critican el fallo, el reproche de fondo no es tanto la sentencia como su contexto. Cuando se condena con una duda razonable sobre la mesa —y un voto particular es, por definición, la constancia escrita de esa duda—, el sistema entero se apoya en una certeza que no terminó de existir. Ese es el núcleo del malestar.

El caso Rubiales y el TAD: al menos cuatro votos y un lazo familiar​

El organismo que debe pronunciarse sobre el expediente de Rubiales tiene siete miembros. Según las informaciones que circulan, al menos cuatro no habrían aceptado la calificación de «muy grave» y se inclinarían por «grave», lo que cambiaría la calificación del expediente. Uno de esos miembros sería sobrino de uno de los abogados del propio Rubiales, motivo por el que se le reclama una abstención.

Para los participantes que temen un cierre rápido, la aritmética es inquietante: si el asunto llega a votación, el resultado puede quedar en un 4-3. Y un 4-3, en un expediente con tanto ruido encima, dejaría por escrito que había margen para discrepar. Justo lo que ocurrió en Pamplona.

Por qué se vuelve a hablar de presunción de inocencia​

En el hilo se sostiene que el estándar que se aplica a un famoso no es el mismo que se aplica al resto. La doctrina recuerda que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto y que no cabe rebajarlo cuando la acusación resulta más verosímil por el eco que tiene. La letra está. La práctica, según quienes lo critican, es otra cosa.

En otro procedimiento muy comentado, el de la Arandina, quienes lo han leído señalan que la argumentación judicial recurrió a la idea de una edad emocional inferior a la real de la denunciante para relativizar mensajes posteriores. Para quienes critican estos fallos, el patrón se repite: la duda se resuelve según hacia dónde sople el relato público.

El coste de firmar solo​

Según los mensajes del hilo, a este magistrado le llovieron etiquetas y alguna declaración desde el propio Gobierno, que le atribuyó un «problema» que «todo el mundo conocía». Su respuesta fue recluirse en la sentencia: dijo que no hablaba con los medios, sino a través de sus sentencias. La discrepancia, según algunos participantes, se paga con sanción, bajada de sueldo y linchamiento público.

Y queda el dato que descoloca. 372 páginas. Tres magistrados. Uno discrepó. El sistema dejó constancia de la duda en el voto particular.