Con la nueva ley animal, tenéis que aprovechar y denunciar a todos los dueños de perros posibles

La ley animal convierte la multa de 500 € en una guerra vecinal​

Entrar a comprar el pan, dejar al perro atado al poste y salir dos minutos después. La sanción por esa maniobra se cifra en 500 euros, con un mínimo que hay quien baja a 100 euros, y sobre esa cifra se ha montado una campaña de denuncia vecinal: avisar a la policía cada vez que un animal espera en una puerta, en un parking o en un balcón. El motivo que se esgrime no es el bienestar del perro. Es el bolsillo del dueño.

La consigna pide llamar y denunciar da igual si son ricos o pobres, y que los propietarios «disfruten» de los mismos derechos que ellos reclaman para sí. No hace falta un análisis muy fino para ver que el objeto del ejercicio no es el animal. Es el vecino.

Qué plantea: denunciar a todos los dueños, ricos o pobres​

El planteamiento es sencillo y deliberadamente invasivo: fijarse en los coches aparcados por si hay un perro dentro, mirar los balcones cada vez que el dueño tarda más de la cuenta, escuchar el ladrido que se repite a media tarde. Y denunciar. La consigna no distingue entre el que maltrata y el que se retrasa cinco minutos: si el animal está atado a la puerta del supermercado, la llamada sale.

El alcance es amplio: parkings, balcones, puertas de tiendas, coches con la ventanilla subida en agosto. La ley eleva las sanciones y eso, dicen los impulsores, convierte cada aviso en una posibilidad real de que el dueño note el golpe. Aquí el cálculo no es jurídico, es de presión.

¿Cuánto cuesta dejar al perro atado a la puerta de un comercio?​

Las cuantías que se manejan son dispares y de ahí buena parte de la indignación. La sanción por dejar al perro fuera de un establecimiento se cita en 500 euros; el suelo mínimo que algunos mencionan baja a 100 euros. En medio, un reguero de cifras que nadie termina de confirmar y que alimenta la sensación de arbitrariedad.

La comparación que más se repite no es entre multas, sino entre una multa y una indemnización judicial. Sostiene una parte de los intervinientes que una sanción administrativa por dejar al perro atado mientras se compra tabaco puede superar la indemnización que fija un juzgado para la víctima de una agresión. La afirmación no viene acompañada de sentencias concretas, así que conviene leerla como lo que es: una queja sobre la escala de valores del sistema sancionador, no un dato estadístico.

¿A quién beneficia la multa: al vecino o a la recaudación?​

El argumento más repetido es económico. Si la queja es el ladrido, multar al dueño deja el ladrido donde estaba. Solo cambia un número: el de caja. El dinero entra en las arcas públicas, el conflicto entre vecinos se queda intacto y la convivencia, en el mejor de los casos, igual de tensa que antes.

Frente a esa lectura aparece la simétrica: si la norma existe y no se aplica, no existe. Denunciar es usar la herramienta que el legislador ha puesto en la mano del ciudadano, y que el importe acabe en el ayuntamiento no invalida la herramienta. Lo que unos llaman celo recaudatorio, otros lo llaman cumplimiento.

El detalle incómodo es que la multa no distingue por renta. Un aviso de 500 euros es un disgusto para una familia con la nómina ajustada y una molestia menor para otra. Quien defiende la campaña dice que precisamente por eso funciona: solo duele cuando duele.

El ruido, el orín del felpudo y el perro del balcón​

Aquí el asunto se sale de lo económico y entra en la vida diaria. Balcones con perros que no bajan nunca a la calle, persianas que solo suben lo justo para que el animal entre y salga, pasillos que huelen a orín porque alguien deja salir al perro a mearse en el felpudo ajeno. Nada de eso lo arregla una norma que va de animales, no de convivencia.

Y en medio, un conflicto viejo: quien aparta a su hija cuando aparece un perro suelto y cambia de acera, quien considera que tener un perro grande en un piso pequeño ya es maltrato, quien sostiene que el problema nunca fue el perro sino su dueño. Las denuncias por maltrato animal conviven con las quejas por maltrato vecinal, y no siempre queda claro quién denuncia a quién.

Por qué algunos quieren usar la ley como arma electoral​

Hay un tercer uso de la norma, y es el que más incomoda. Usarla no por los perros, sino contra el marco que la produce, con el argumento de que no protege a los animales sino que ordena la vida privada. Bajo esa lógica, denunciar no busca corregir una conducta: busca desgastar a quien defiende la regulación y mover el voto en la siguiente cita electoral.

La idea del boicot administrativo tiene precedentes. Varios intervinientes recuerdan la pandemia, cuando unos señalaban a otros por no llevar mascarilla, y constatan que ahora las tornas han cambiado. Cierto o no, ese rencor es el combustible de la campaña.

Queda la ocurrencia que resume el tono de todo: multiplicar el IBI por 3 al que tenga un perro, por 6 si tiene dos y por 9 si tiene tres. No se ha aprobado nada parecido ni parece que vaya a aprobarse. Pero mide mejor que ningún informe hasta dónde ha llegado el cansancio: cuando la queja es el ladrido del vecino, el instrumento fiscal empieza a parecer razonable.