Langostos, cocainómanos corbatas verdes y usureros on fire: Niño Becerra habla claro sobre el alquiler en España: "No existen más vías…"

Expropiar o construir: el ultimátum de Niño Becerra al alquiler​

El alquiler español no se arregla con buenos deseos. O vivienda pública a mansalva o expropiación de los pisos que sobren, y no hay tercera puerta. El economista Santiago Niño Becerra lo dejó plantado en septiembre de 2023 sin anestesia: «O se pone en marcha una política de vivienda pública en alquiler, dedicando a ello los miles de millones que hagan falta a fin de compensar las décadas de retraso, o se implementa la expropiación por parte del Estado a los propietarios del número de viviendas que excedan a la unidad». El remate es suyo: «¡No hay!».

Los números sostienen el diagnóstico. El precio medio del alquiler se anotó un 8,9% más en abril que en el mismo mes de 2022, y el Banco de España avisa de que las rentas corren más que los salarios. La factura social asoma cuando el ladrillo se come media nómina: alrededor del 50% de las familias en alquiler quedaría en riesgo de pobreza. Un inquilino que destina la mitad de su sueldo al techo recorta en todo lo demás, y eso arrastra al comercio y al consumo.

La vía del IBI ya está en marcha: Donostia aplica el 150%​

Mientras se discute lo grande, el Estado ya ha movido una pieza pequeña pero real. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda permite a los ayuntamientos recargar el IBI de las viviendas vacías hasta un tope del 150%. Donostia ha decidido exprimirlo: será el único municipio de Gipuzkoa en aplicar el gravamen máximo para empujar a los propietarios a alquilar. Es la vía fiscal, la antesala de la expropiación.

Sobre el papel la lógica es sencilla. Si tienes el piso parado, te sale caro y lo pones a rentar. El problema es dónde está ese piso. De las 3.500.000 viviendas vacías que se manejan en el país, buena parte se concentra en la España que se despuebla y no en los barrios donde la demanda aprieta. Y una objeción recurrente: muchas de esas casas no son pisos especulativos esperando inquilino, sino segundas residencias.

Por qué la vivienda pública no termina de arrancar​

La primera opción de Niño Becerra choca con dos muros. El primero, el dinero: el crédito barato se acabó y ya no hay miles de millones entrando sin control, como en la burbuja. El segundo, el ritmo. La vivienda protegida tarda una eternidad en salir al mercado, se sortea y depende de un sistema de subsidios que se desajusta en cuanto el adjudicatario mejora de sueldo.

Hay quien recuerda que España ya hizo esto. En pleno desarrollismo se levantaron barrios enteros de vivienda pública y media Europa construyó a destajo en los años cincuenta para tapar la emergencia habitacional. Los partidarios de repetir la fórmula apuntan que el suelo es público y que usarlo no le cuesta patrimonio a nadie. La pega es de escala: el terreno disponible no está donde está el trabajo. Otra lectura señala que el giro del Gobierno hacia la intervención del alquiler mira, paradójicamente, a la España que congeló las rentas y a la vez levantó promociones a punta de pala.

Expropiar: cuánto cuesta y qué pasa con la inversión​

La expropiación suena a solución de un golpe y tiene letra pequeña. En el ordenamiento español no es confiscar: obliga a pagar un justiprecio por el valor de lo sustraído. Es decir, el Estado desembolsaría un dinero similar al que destinaría a construir y acabaría con un parque parecido al de partida. Nadie regala el piso.

En contra pesa el efecto sobre la oferta futura. Ningún promotor levanta en un mercado donde su segundo piso puede terminar en manos del Estado, sostienen quienes defienden la seguridad jurídica: la amenaza no aumentaría el parque, lo congelaría. A este escenario se suma un borrador que, según la información publicada, habilitaría al Gobierno a expropiar bienes y movilizar a ciudadanos por real decreto, sin pasar por el Congreso. Nadie ha anunciado que se use para el alquiler, pero el enunciado, solo, ya inquieta.

La presión de la demanda: quién necesita esos pisos​

El arranque del problema es aritmético y ahí se mezclan varias fuerzas. Una parte del análisis sostiene que hay veinticinco millones de viviendas para un censo que se acerca a los cincuenta millones entre nacionales y residentes, y que la cuenta no cuadra por reparto, no por falta de ladrillo. Otra corriente subraya que la población creció el año pasado en 650.000 personas con la natalidad en mínimos: el aumento viene de fuera, y quien llega necesita un techo.

A eso se suman factores internos que casi nunca aparecen en la foto grande. Las separaciones y divorcios multiplican los hogares y, con ellos, la demanda de una vivienda por unidad familiar. Los salarios no acompañan. Y un tercer ingrediente que se cuela en cualquier conversación: capital extranjero que compra a tocateja y usa el inmueble como refugio de valor. Sobre esta mezcla, algunos reclaman control de fronteras como palanca de precios; el fondo, en cualquier caso, es de oferta.

Mientras, en el otro extremo de la balanza, hay quien señala que endurecer la regulación de forma permanente termina expulsando al pequeño propietario y concentrando el mercado en manos de grandes tenedores y fondos. El negocio, al fin y al cabo, sigue ahí: la inmobiliaria Niebla Azul, de la empresaria Eva Cárdenas, elevó su beneficio un 48%, según la información publicada.

Con este cuadro, un pronóstico con la goma puesta. Donostia ya recarga el IBI, otras ciudades podrían seguirla y la vivienda pública sigue sin despegar. Si el palo fiscal no saca los pisos al mercado ni la promoción pública arranca, la vía expropiatoria dejará de ser un titular de economista para convertirse en programa. O no: con el ciclo electoral y las cuentas públicas de por medio, conviene no firmar nada a ciegas.