Forata al 14% soltó 1.000 m³/s sin aviso suficiente
A las 19:00 del 29 de octubre, las compuertas de la presa de Forata ya estaban vaciando agua. El embalse partía del
14,16% de su capacidad, liberó un caudal de
1.000 m³/s frente a una entrada de 2.000 m³/s y, de paso, amortiguó parte de la riada de la cuenca del Magro. Hasta ahí, la maniobra entra dentro del manual: con el vaso llenándose a ese ritmo, abrir es la única forma de que la presa no reviente.
El problema no es el desagüe. Es el reloj. Los datos que se han ido acumulando desde entonces apuntan a una apertura tardía, a un aviso insuficiente y a un conflicto de competencias entre la cuenca del Júcar y la rambla del Poyo que ha servido de coartada durante meses.
Qué publicó la Confederación Hidrográfica del Júcar
El organismo difundió en su cuenta un mensaje sobre «el aumento de caudal en el río Magro, tanto aguas abajo como aguas arriba del embalse de Forata», en el que confirmaba que la presa «ya vierte por compuertas con el objetivo de asumir las entradas del embalse» y anunciaba comunicación constante con los municipios afectados. Horas más tarde, ese mismo perfil publicó una alerta de bulo sobre información que circulaba por redes, un mensaje que algunos leyeron como un intento de desmentir el primero.
La secuencia temporal —el aviso de vertido primero, la advertencia sobre bulos después— es la que sostiene la tesis de que la comunicación llegó desordenada, cuando no directamente tarde. Para entonces el agua ya bajaba por el Magro.
¿Por qué se abrieron a las 19:00 y no antes?
La tesis más repetida es que el desembalse debió adelantarse. Un informe de la Guardia Civil, de más de 200 páginas, señala que el organismo de cuenca podría haber desembalsado Forata «sin llegar a la capacidad máxima de agua». Es decir: había margen para vaciar de forma escalonada y avisar con horas de diferencia, en lugar de esperar a que el vaso se acercara al límite.
El argumento de fondo es puramente hidrológico. Si se prevé una precipitación extrema, el vaciado preventivo es una herramienta de gestión, no una temeridad. Quien defiende esa lectura insiste en que la alternativa —soltar de golpe cuando ya no queda otra— convierte la presa en un multiplicador del caudal de salida en el peor momento posible.
La defensa de la maniobra es igual de simple: con una entrada de agua muy superior a la capacidad de desagüe, retrasar la apertura comprometía la propia estructura. Sobre esa tensión entre reventar y aliviar no hay acuerdo técnico cerrado.
Magro y Poyo: dos cuencas que se usaron como coartada
La primera línea de defensa fue geográfica. La cuenca del Júcar, de la que depende Forata, es distinta de la del barranco del Poyo, que desemboca en la Albufera, mientras el Magro va al Júcar y este desagua al sur de la Albufera. Con ese mapa en la mano, se sostuvo que el agua de Forata no pudo llegar a las zonas anegadas.
La contraargumentación se apoya en una obra concreta: el
canal de Forata, que parte de la presa y discurre en paralelo al Magro antes de bifurcarse hacia la zona afectada, cruzando barrancos que acaban en el Poyo. Quien ha seguido esa traza sobre cartografía oficial sostiene que la independencia entre ambos cauces no es tal, y que la pregunta relevante no es de dónde baja el agua, sino cuánta llega de cada sitio y a qué hora.
El aviso que no llegó a Algemesí
El municipio de Algemesí aparece en todas las versiones como el caso más incómodo. Su alcalde, del PP, ha declarado que la población quedó anegada sin aviso previo y ha vinculado directamente esa falta de comunicación con las víctimas mortales. Las informaciones publicadas apuntan a que el Magro desbordó tras el desagüe de miles de millones de litros, y Transición Ecológica habría rehusado detallar los vertidos y las alertas emitidas, según esas mismas crónicas.
El Júcar ha reconocido ante la juez que instruye el caso la apertura de las compuertas de alivio, un reconocimiento que refuerza la vía judicial pero que el propio organismo enmarca en la gestión ordinaria de un episodio extremo.
De la negligencia a la imputación: qué está sobre la mesa
El frente judicial avanza despacio. Hay quien sostiene que ya existen evidencias suficientes para solicitar la imputación del organismo de cuenca; otros advierten de que el caso puede diluirse entre recursos, cambios de criterio y responsabilidades repartidas entre administraciones. La discusión paralela sobre la AEMET —el recuento de llamadas entre Emergencias y la agencia, y la participación de su responsable en el comité de crisis— complica aún más el reparto de culpas.
Nadie discute que abrir era obligatorio. Lo que sigue sin respuesta es por qué se abrió a esa hora, con ese caudal y con ese nivel de aviso.