Varios empresarios y dueños de colegios perecidos en la dana

Tres empresarios valencianos mueren en la dana tras una comida en Chiva​

La dana que arrasó la provincia de València se ha cobrado la vida de tres nombres propios de la economía valenciana. Vicente Tarancón, consejero delegado de la firma textil deportiva Luanvi; Miguel Burdeos Baño, fundador y presidente de SPB —proveedora de Mercadona bajo las marcas Bosque Verde y Deliplus—, y José Luis Marín, propietario de los colegios Mas Camarena, fueron hallados sin vida tras desaparecer la tarde del 29 de octubre cuando regresaban en coche de una comida de trabajo en el restaurante La Orza de Ángel, en Chiva. Los cuerpos se recuperaron en uno de los municipios más castigados por las avenidas del barranco, aunque no ha trascendido en qué circunstancias exactas.

Quiénes eran los fallecidos​

Burdeos, de 74 años, presidía SPB, compañía química de productos de limpieza que factura a través de las marcas blancas más reconocibles de Mercadona. La empresa confirmó el fallecimiento «como consecuencia de los efectos devastadores de la dana» y lo describió como «una figura prominente en la industria química y de productos de limpieza». Tarancón dirigía Luanvi, textil deportivo con presencia en equipos y federaciones. Marín era el propietario de los colegios Mas Camarena, centro privado cuyo bachillerato internacional se anuncia a 9.500 euros por trimestre.

La comida reunió también al exdirector general de EDEM Antonio Noblejas. Las familias sitúan la desaparición sobre las 17.55 horas del martes 29 de octubre, cuando el grupo volvía de Chiva en coche.

El negocio de las marcas blancas y el colegio de élite​

SPB es una pieza clave en la cadena de suministro de Mercadona, el primer distribuidor español. Bosque Verde y Deliplus son dos de sus enseñas más instaladas en los hogares. La muerte de su fundador añade una variable de continuidad empresarial en un grupo familiar que factura cientos de millones. En el otro extremo del espectro, Mas Camarena representa la educación privada de alto poder adquisitivo en la Comunidad Valenciana, con un modelo de bachillerato internacional que exige desembolsos de cinco cifras por curso.

El perfil de las víctimas —directivos, propietarios, empresarios— ha condicionado la conversación pública posterior. Hay quien sostiene que la tragedia solo ha escalado en la agenda cuando los fallecidos dejaron de ser anónimos. Otros replican que la dana no distingue clases y que la cifra total de muertos desborda cualquier lectura elitista.

El pulso político por las responsabilidades​

El debate sobre la gestión se ha convertido en un campo de batalla entre dos relatos. Una corriente carga la responsabilidad exclusivamente sobre el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, al que atribuye una reacción tardía: la alerta a los móviles llegó cuando el agua ya arrastraba coches en decenas de municipios. La otra corriente reparte culpas entre la Generalitat y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, al que acusa de no haber desplegado la UME ni asumido el mando hasta el tercer día.

Los argumentos técnicos también se cruzan. Se alega que la Confederación Hidrográfica del Júcar es quien tiene los datos de los caudales y que la Generalitat dependía de esa información para alertar con precisión. Frente a eso, se responde que el Estado puede intervenir cuando quiera y que la UME estaba preparada desde el primer minuto, por lo que la pregunta pertinente es por qué no se solicitó su ayuda la misma noche del desastre.

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La discusión sobre competencias y protocolos seguirá mientras los juzgados instruyen las primeras diligencias. Lo que no admite discusión es el resultado: tres empresarios que comían en Chiva un martes por la mañana y que, esa misma tarde, se convirtieron en tres cadáveres más de una lista que no deja de crecer.