Copago sanitario para quien no cotiza: el debate que vuelve
La
sanidad pública española se financia con impuestos, no con cotizaciones, desde hace décadas. Ese es el dato que varios usuarios repiten para rebatir parte de los argumentos que circulan sobre quién paga el médico. La otra mitad sigue en pie: hay quien sostiene que el sistema está sobresaturado y que quien no aporta nada debería pagar para ser atendido. La propuesta concreta que abre esta discusión es un
copago para quien no haya cotizado un mínimo de cinco años, con los hijos cubiertos por las cotizaciones de los padres y las parejas por las del cónyuge que sí trabaja.
La idea no es nueva. En España el copago sanitario es políticamente impopular:
un forero recuerda que ni Rajoy lo puso en la peor crisis. Y eso que en aquel momento el argumento del ajuste estaba en su punto álgido. Hoy vuelve por la vía de la saturación, no del déficit.
¿Se financia la sanidad con cotizaciones o con impuestos?
No, la sanidad pública no se paga con las cotizaciones a la Seguridad Social. Varios mensajes lo repiten con insistencia:
desde 1988 la sanidad se financia con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, con impuestos. Ese detalle desarma la premisa central de la propuesta: si alguien no cotiza pero consume en España, ya está contribuyendo vía IVA, IRPF si tiene rentas, IBI o impuestos especiales. Un usuario sostiene que un residente extranjero con chalet y barco puede dejar más dinero en las arcas públicas en un mes que un asalariado medio en un año, sin haber cotizado un euro.
Quien defiende el copago responde que la contribución vía impuestos no equivale a haber sostenido el sistema con el trabajo. Y ahí entra el argumento de la reciprocidad:
no puede ser que quien aporta durante toda su vida laboral tenga las mismas prestaciones que quien nunca ha aportado nada. Es la línea que domina buena parte del debate.
El argumento de la saturación: listas de espera y uso intensivo
El diagnóstico de partida es el que plantea el autor del hilo:
listas de espera de meses o hasta un año para especialistas y una semana para el médico de cabecera. Sobre esa base, la propuesta del copago se presenta como un filtro contra el uso innecesario del sistema.
Un usuario afirma aportar experiencia directa en la gestión y habla de usuarios con
más de mil contactos con profesionales sanitarios desde 2007 y de personas que acuden al médico
más de diez o veinte veces al año. El dato más incómodo que aparece es que, según ese mismo usuario, los propios trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos que más demandan el sistema. La estadística completa, con el desglose por colectivos, da para un libro, según su testimonio.
En el lado opuesto, el argumento del efecto llamada se combina con el de la privatización:
un copago abre la puerta a recortes sucesivos y a la entrada de capital privado. La experiencia nórdica se cita como contraejemplo, pero también como excepción difícil de replicar.
¿Quién quedaría fuera del copago y quién pagaría?
El diseño concreto que se plantea es restrictivo: solo pagaría quien no haya cotizado un mínimo de cinco años. Los hijos quedarían cubiertos por las cotizaciones de los padres hasta los treinta años, y la pareja por las del cónyuge que sí haya cotizado, siempre que esté inscrita como pareja de hecho.
El problema técnico es evidente.
En España hay 20,6 millones de afiliados a la Seguridad Social sobre una población de 47,6 millones, según el dato que aporta un usuario. Eso deja fuera del mercado laboral formal a más de la mitad del país: jubilados, menores, estudiantes, parados de larga duración y cuidadores no remunerados. Aplicarles un copago sanitario a todos ellos sería inviable, y excluirlos por completo deja la medida sin efecto recaudatorio real.
La objeción que nadie responde: contribuir sin cotizar
El caso más incómodo para la propuesta es el del rentista. Un usuario plantea el ejemplo de un joven que hereda cinco pisos y vive de alquilarlos: paga impuestos que financian la sanidad, pero no cotiza. ¿Se le niega la atención? La pregunta queda flotando en el aire.
Lo mismo ocurre con el autónomo que factura pero declara poco, o con el profesional que trabaja en el extranjero y mantiene residencia fiscal en España. La frontera entre cotizar y contribuir no es tan limpia como sugiere el planteamiento inicial.
El modelo británico como referencia práctica
La alternativa que se cita con más frecuencia es el
NHS británico: sanidad para nacionales y residentes con trabajo, y una cartera mínima de servicios básicos para el resto, orientada sobre todo a evitar riesgos epidemiológicos. No es un copago, es una segmentación de derechos.
Ese modelo evita el problema político del copago universal, pero introduce otro: la distinción entre residentes con y sin derecho pleno exige un control administrativo que España no tiene montado. Y el coste de montarlo probablemente supere el ahorro que genere.
El debate se atasca siempre en el mismo punto: la sanidad no se financia con cotizaciones, así que el copago no es una cuota de reciprocidad, es un impuesto adicional sobre el consumo de un servicio. Quien lo defiende lo sabe y por eso insiste en el filtro, no en la caja. Quien lo rechaza también lo sabe y por eso insiste en la privatización, no en la solidaridad. Con estos mimbres, el cesto sigue igual.