De jueces, abuelos y nietos (Agustín Valladolid en Boapópuli)

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechazó por cinco votos contra uno el recurso del Gobierno contra la aplicación de la ley de nietos, exigiendo que quien vote acredite los mismos deberes que los demás. El asunto enfrenta dos visiones: el voto como derecho sin condiciones o como derecho que exige pertenencia acreditada.

Hay una escena que se repite en las cenas familiares de medio país. El abuelo cuenta que se ha comprado un piso pequeño, no para especular, sino porque su pensión se va entera en la residencia y necesita algo que le permita llegar a fin de mes. El nieto, que paga tres cuartas partes de su sueldo por un alquiler de dos habitaciones, mira al abuelo como si acabara de confesar un crimen. Esa tensión, esa sospecha cruzada entre generaciones, es el caldo de cultivo perfecto para que la política convierta un problema real en un espectáculo de buenos y malos.

El Supremo no prohíbe el voto, exige acreditar los deberes

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estudió el recurso que la Abogacía del Estado presentó contra la aplicación de la llamada ley de nietos. Por cinco votos contra uno, los magistrados rechazaron ese recurso. El tribunal recordó que las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia son indispensables para participar en el proceso electoral de una democracia parlamentaria representativa. No se trata de prohibir el derecho al voto, sino de impedir que se adquieran los mismos derechos sin haber acreditado los mismos deberes.

El Supremo lo que prohíbe es que se alteren las reglas del juego de forma unilateral. Prohíbe que se dé carta de naturaleza a la desigualdad. La discusión jurídica es compleja, y la legislación actual no es del todo precisa, pero el fondo del asunto es incómodo: ¿puede votar en España alguien que vive en Cuernavaca, que no ha pisado el país en su vida y que si le preguntas dónde está Teruel responde que le suena que por Andalucía?

La cifra que maneja el Gobierno es de 163.000 potenciales electores. Para muchos de ellos, la prioridad no es votar, sino obtener un pasaporte europeo. Eso es lógico, pero convierte la concesión del voto en un instrumento de política migratoria encubierta. El Parlamento debió resolver esto, pero alguien decidió esquivar el consenso y promover una modificación de fondo mediante un trámite administrativo.

El «buitreabuelo» que paga su residencia con un alquiler

En paralelo, el debate sobre la vivienda ha construido un personaje que no existe. La propaganda oficial habla del especulador inmobiliario como si todos fueran millonarios con pisos vacíos. La realidad es más aburrida y más triste. Hay ancianos que compraron una segunda vivienda con sus ahorros y ahora la alquilan para complementar una pensión que se va íntegra en pagar una residencia o contratar una interna. No salen en televisión. No son entrevistados en prime time.

Tampoco sale el viudo o la viuda que, gracias a ese complemento, no solo no suponen una carga para el Estado, sino que alivian las arcas públicas echando una mano a sus hijos. La que sale es la portavoz de un sindicato de inquilinas defendiendo que el especulador al que hay que expropiar responde al retrato robot de ese abuelo. El relato es eficaz: convierte a una víctima en verdugo y a un problema estructural en una cuestión de moral individual.

Mientras tanto, hay actores, intelectuales, cantautores y pintores que han comprado varios apartamentos en la costa para asegurarse una vejez tranquila. Lo han hecho con la precaución de ponerlos a nombre de una empresa, no vaya a ser que se descubra el pastel. Ellos no aparecen en las acampadas. No son el rostro de la especulación. El rostro es el abuelo que alquila un piso para no depender de nadie.

La estrategia de señalar a los jueces como enemigos

Pedro Sánchez recordó al Supremo, en un mitin ante unos cientos de correligionarios, que «el derecho de voto no se prohíbe». La frase, aplaudida como una obviedad, era en realidad el penúltimo ejemplo de un pulso irresponsable. Se dirigía a los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso que estudiaban el recurso. No era un mecanismo de presión, porque el Gobierno sabía que no serviría de nada. Era una forma de seguir alimentando la tesis del gobierno progresista frente a una judicatura que trabaja para echarle del poder.

El Supremo lo componen 83 magistrados, arropados por letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que tramitan expedientes y notificaciones. Al vértice de la carrera judicial no siempre llegan los mejores. Ha habido casos de perturbados, en la acepción médica del término, que se colgaron la placa dorada sobre el pecho. También de golfos apandadores aupados al más alto estrado por políticos del mismo género. Y, sin embargo, casi todos los que han llegado eran la mejor de las opciones.

La tesis de que los tribunales son instrumentos de la derecha contra el progreso ha penetrado con éxito en determinados sectores de la población y de la militancia de izquierdas. Incluso ha habido algún propagandista ilustre que ha manejado la exégesis del golpe judicial contra el gobierno legítimo para casi justificar, sobre la base de un presunto derecho de legítima defensa, el montaje de Santos Cerdán y Leire Díez contra guardias civiles, policías y togados. Ese es el terreno de juego: convertir cada resolución judicial en un acto de guerra política.

Lo que está en juego no es el voto, es la igualdad ante la ley

El Supremo no prohíbe el derecho al voto. Protege el voto sin privilegios. La diferencia es importante y se pierde en el ruido. Una democracia parlamentaria representativa exige que quienes participan en el proceso electoral acrediten exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia. Si esas exigencias se relajan para unos y se mantienen para otros, la desigualdad deja de ser un accidente y se convierte en norma.

El asunto de la ley de nietos debió resolverse en el Parlamento, con debate y consenso. Alguien decidió esquivar esa vía y modificar el fondo mediante un trámite administrativo. Eso activó el foco de la sospecha. Y cuando el Gobierno se ve pillado en renuncio, suele hacer lo mismo: darle la vuelta al argumento y alimentar en clave electoral el falso debate de buenos y malos.

La pregunta de fondo no es jurídica, es política. ¿Hasta cuándo se puede tirar del comodín de los que se exiliaron por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual? ¿Cuántos de esos 163.000 potenciales electores tienen como prioridad votar y cuántos solo quieren un pasaporte europeo? Nadie quiere responder a eso. Es más fácil señalar al Supremo, al abuelo que alquila un piso o al que pregunta dónde está Teruel. Cualquier debate sobre derechos electorales o sobre vivienda afecta a cuestiones legales y económicas complejas; conviene consultar siempre las normas aplicables y los datos oficiales antes de sacar conclusiones.