De no poder pagar la hipoteca con ZP a no poder pagar ni el alquiler con el sanchismo.

La vivienda pasa del puesto 16 al primer problema de España​

En 2011, la escena de la crisis era una familia encadenada a la puerta de su piso para frenar un desahucio. Quince años después, la escena es otra: un profesional de treinta y largos firmando el alquiler de una habitación en un piso compartido, o un arquitecto ya jubilado viviendo en una caravana en un camping de la periferia de Madrid. Entre las dos fotos hay una burbuja, una década perdida y un cambio de régimen. El precio de la vivienda dejó de ser el problema de los hipotecados para convertirse en el de cualquiera que necesite un techo.

El dato que ordena el resto lo firmó el CIS el 4 de octubre de 2026: la vivienda es ya la primera preocupación de los españoles. Cuando Pedro Sánchez sacó adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy, el asunto no aparecía ni entre los diez primeros problemas. Mandaba el paro. Ocho años después, la clasificación se ha dado la vuelta.

¿Por qué la vivienda es ya el primer problema de España?​

Porque el conflicto ha dejado de ser pagar y ha pasado a ser acceder. En la etapa del 15M, el malestar lo canalizaba la plataforma de afectados por la hipoteca: gente que ya tenía un piso y no podía sostenerlo. El problema de este ciclo es anterior y más incómodo. No hay piso, no hay hipoteca y el alquiler se come la nómina entera. La secuencia se repite en los casos que se cuentan en voz alta: hijos en la treintena larga que siguen en casa de sus padres, una prima de 56 años que ha tenido que volver al domicilio de sus progenitores, gente que comparte piso con desconocidos.

Oferta y demanda: el diagnóstico que más se repite​

La explicación más extendida es la más simple: hay más gente que casas. Se argumenta que el país no construye al ritmo al que gana residentes, que los ayuntamientos no sueltan suelo y que el comprador arrastra una carga fiscal que encarece cada operación —ITP, IVA y la retahíla de tasas— antes de que se ponga un solo ladrillo. La ley de la oferta y la demanda se cita como dogma: mientras no se inunde el mercado de vivienda, no hay política que arregle nada.

Enfrente está el diagnóstico multifactorial, que reparte la culpa entre el atractivo del propio país —clima, playa, seguridad— y un parque que no crece. España tendría el problema de ser un sitio donde mucha gente quiere vivir. Se citan ciudades saturadas donde el suelo es escaso y los precios se disparan: la demanda no espera a la grúa.

La huella de la burbuja: comprar sobre plano y revender​

No todo viene de ahora. En el ciclo anterior, buena parte del dinero se ganó sin construir nada: se compraba sobre plano y se vendía a la entrega de llaves con una plusvalía considerable, una especulación que encarecía el producto final sin aportar un metro más de vivienda. Aquel mecanismo dejó precios de salida altos y una cultura del ladrillo como activo refugio de la que el mercado no se ha desprendido del todo.

En paralelo, el acceso a la vivienda protegida se convirtió en una lotería. Hubo quien obtuvo un piso por sorteo a mitad de precio, con la otra mitad cubierta vía impuestos, mientras el resto seguía esperando. El agravio que dejó ese reparto —suerte para unos, cola para el resto— sigue alimentando el malestar.

El otro eje: cuánta presión puede absorber el mercado​

Una parte del análisis sitúa el origen en el volumen de entradas. Se habla de más de un millón de nuevos residentes al año sin filtro, un flujo que, según este relato, empuja la demanda de alquiler muy por encima de una oferta que no se mueve. La misma corriente apunta a otros dos factores: el peso de las pensiones sobre las cuentas públicas y una maraña regulatoria que, sostiene, encarece producir vivienda nueva.

Otra lectura lo enmarca en un fenómeno más amplio —una España que se ha vuelto destino codiciado— y rechaza que la culpa sea solo de la frontera. Las dos posturas se cruzan sin converger, y el desacuerdo sobre el diagnóstico es, hoy, casi tan grande como el problema.

La generación que sí pudo pagar una segunda residencia​

Conviene mirar atrás para medir lo que se ha perdido. Los nacidos en los años 40 y 50 del siglo pasado, hijos de la posguerra, pudieron comprar segunda vivienda entre finales de los 60 y los 80, muchas veces con un solo sueldo y con la mujer y los hijos en casa. Sus descendientes no reprodujeron ese patrón: cuando conservan alguna de esas propiedades, es porque la han heredado. La aspiración de la casa en la playa se ha encogido hasta la aspiración —cada vez más difícil— de pagar una habitación.

De país de propietarios a país de inquilinos​

Aquí está el dato que descoloca. Se estima que en España hay en torno a 12 millones de caseros y que el 99,8% de las empresas son privadas; el parque público, en cambio, no crece al mismo ritmo. El país no ha dejado de ser capitalista, como sostienen algunos, ni ha construido el colchón de alquiler social que haría digerible la transición. Ha dejado de ser un país de propietarios sin haber llegado a ser otra cosa.