DE RISA: NO conozco a NADIE que TRABAJE en la PRIVADA

De risa: no conozco a nadie que trabaje en la privada​

El diagnóstico circula con una mezcla de sorna y alarma: en el entorno cercano de quien lo lanza, el empleo privado se ha convertido en una rareza estadística. De quince conocidos, catorce son funcionarios o cobran de alguna forma del erario público. En otra cuadrilla de catorce, ocho ya son funcionarios, cuando hace ocho o diez años solo eran cuatro. La anécdota se repite con una insistencia que empieza a parecer un patrón.

El fenómeno no se limita a un barrio ni a una generación. En un edificio de dieciséis viviendas, ocho albergan al menos un funcionario, tres están ocupadas por funcionarios jubilados, cuatro por familias enteras de empleados públicos y solo una por autónomos. En el recuento familiar de menos de setenta personas, apenas trece trabajan en el sector privado. El resto: funcionarios, jubilados, parados, estudiantes y niños, pocos.

La burbuja de las oposiciones: de los 16 años a la academia​

El paralelismo con la burbuja inmobiliaria de 2006 aparece en varios mensajes. Entonces se dejaban los estudios para ganar 3.000 euros de paleta; ahora se dejan para opositar desde los dieciséis. Las academias de idiomas e ingenierías de los barrios se han reconvertido en academias de oposiciones a auxiliar administrativo, técnico de Hacienda, cartero o policía nacional. La inversión familiar en formación opositora se planifica a tres años o más, con el riesgo de que no todos entren y el dinero acabe en la basura.

El acceso, además, no es neutral. Una interinidad previa en la administración otorga puntos de antigüedad y cursos que se suman a la nota del examen. Quien llega desde fuera con un máster y sin haber pisado la administración lo tiene muy difícil para una plaza del grupo A1. La competencia es brutal y el embudo, estrecho.

El ingeniero calvo y la nómina pública​

El único caso de empleo privado cualificado que se cita es el de un ingeniero en una filial de automoción: 1.300 euros, responsabilidad alta, carga de trabajo enorme y calvicie en un año por el estrés. Frente a eso, la placita pública con su impresora conectada, sus cañas al salir y su piscina por la tarde. La comparación no es solo económica: es de expectativas de vida.

Hay quien sostiene que el sector público se ha convertido en refugio y en castigo a la vez. Un antiguo empleado público lo describe como un suplicio moral: contemplar a diario cómo se hace el mal a la gente y ser cómplice con el silencio. Se pasó al privado y no piensa volver, aunque conserve la excedencia. Otros defienden lo contrario: la empresa privada es la que sostiene el sistema y la que sufre el dumping salarial y la competencia global.

¿Quién paga la fiesta?​

La pregunta recorre el intercambio sin respuesta cerrada. Los autónomos aparecen como superhombres que financian nóminas, pensiones, medicinas y trasplantes. La impresora del BCE y la deuda comprada por Alemania se citan como el mecanismo que mantiene el tinglado. Y el envejecimiento acecha: en la Hispania profunda, el 90% son pensionistas, el 10% currantes y los niños, pocos. La generación del baby boom se jubila y el BCE deja de comprar deuda impagable.

El poder adquisitivo se ha reducido a la mitad en tres años, según uno de los cálculos que circulan, y afecta a remeros, funcionarios y pensionistas por igual. Dejar de comprar ternera, cambiar el aceite de oliva por girasol, renunciar a la sandía en verano. No pasa nada, decían. Ya no lo dice nadie.

El cierre no llega. Unos ven el colapso del funcionariado en menos de tres años; otros recuerdan que hay países con más empleados públicos y que el turismo sostiene el tinglado. Mientras tanto, la procesión sigue, el cirio es corto y nadie sabe cuándo se apaga.