Paga por limpiar el cauce y le aperciben con hasta 10.000 euros
Un ganadero detecta que el cauce de un río a su paso por su pueblo está tapado de maleza. El riesgo es conocido: si llegan lluvias fuertes, el tapón vegetal puede desbordar el río e inundar la zona colindante. En lugar de esperar a que la administración mueva ficha, pide permiso para meter allí a sus vacas. El pastoreo limpia, el ayuntamiento se ahorra el desbroce y todos contentos. Se lo conceden. Pagando, eso sí.
Poco después le llega la notificación. Posible sanción: las vacas estaban
solas. El ganadero responde con fotos y documentación: los animales llevan collares geoposicionados con descarga eléctrica, homologados y autorizados por la propia administración, que impiden que salgan del perímetro del cauce y destrocen fincas vecinas. Da igual. Le aperciben: si insiste, la multa puede ir de
750 a 10.000 euros.
Qué es un collar pastor eléctrico y por qué no es un invento de garaje
El sistema funciona igual que un pastor eléctrico tradicional, con una diferencia clave: no hay alambre físico. El collar delimita una zona virtual y, si el animal la cruza, recibe una descarga. La vaca recula, deja de insistir y aprende el límite. Quien lo defiende recuerda que un pastor de cable también da corriente y que los bichos siempre tiran hacia atrás al notar el calambre, nunca hacia delante. Romper una cerca es fácil; ignorar un estímulo que cesa al retroceder, no.
La discusión técnica se encona en un punto: ¿basta con la geolocalización para sustituir al pastor de carne y hueso? Hay quien sostiene que el permiso concedido era de pastoreo convencional, no de pastoreo con vigilancia virtual, y que eso exige abrir otra ventanilla. El argumento de la guardería aparece pronto: nadie deja a los niños solos porque lleven GPS. Del otro lado, la respuesta es que el sistema está en fase piloto, que la propia administración lo ha homologado y que exigir presencia permanente convierte en papel mojado cualquier autorización.
El problema real: quién paga el desbroce del cauce
Aquí asoma el asunto económico de fondo. El ganadero paga por pastar en el cauce. Las vacas limpian gratis lo que a la administración le costaría un contrato de desbroce. El ayuntamiento se ahorra el servicio y el cauce queda transitable para el agua. ¿Dónde está el problema? La respuesta oficial es que el permiso cubría una cosa y el uso real fue otra. La respuesta no oficial es que nadie quiere firmar el papel que asuma el riesgo si una vaca se escapa y provoca un accidente.
La burocracia se defiende sola. Un permiso de pastoreo no es un permiso de pastoreo con vigilancia electrónica. Un collar homologado no equivale a un pastor presente. Y mientras se dirime qué casilla marcar, el cauce sigue igual de sucio y el ganadero sigue con el apercibimiento encima. El coste de oportunidad de la parálisis no aparece en ningún expediente.
Subvenciones, PAC y el eterno «que se lo paguen ellos»
La conversación deriva rápido hacia el dinero público. Se apunta que el afectado maneja una explotación de
400 hectáreas, dato que en la meseta castellana no convierte a nadie en potentado —a dos o tres hectáreas por vaca, las cuentas no dan para Mercedes— pero que en la huerta murciana sería otra cosa. La pregunta de si cobra subvenciones de la PAC planea sobre todo el asunto. La respuesta más repetida: si se quitan las ayudas, que se quiten también los impuestos y los límites a la producción. Y que se declaren a extinguir los organismos que reparten y gestionan esas ayudas.
El paralelismo con otros sectores es inevitable. Los huertos solares se vendieron como chollo y acabaron en ruina para muchos inversores: promesas de amortización a quince o veinte años y luego rebajas del precio del kilovatio con la complicidad de las eléctricas. Las subvenciones al cine, los rescates bancarios, las ayudas a la industria. El taller del polígono, mientras tanto, sigue sin rescate. La sospecha de fondo: se subvenciona y se grava lo mismo, de modo que nunca se sabe si el saldo es a favor o en contra.
La ley que nadie se lee hasta que llega la carta
El punto legal se impone en los tramos finales. Un participante sostiene que está prohibido dejar ganado suelto cerca de una carretera o vía de comunicación, aunque lleve pastor eléctrico. Si eso es así, el apercibimiento tiene recorrido y el ganadero tendrá que pelear en otra instancia. El contraste con la práctica diaria es llamativo: en Asturias o Cantabria hay vacas pastando a su aire junto a carreteras locales, y hasta caminando por el asfalto. La norma existe; su aplicación, no siempre.
El accidente con animal es el escenario que nadie quiere. Si te comes una vaca, el propietario responde. Si es un jabalí, la regla general es que el conductor asume el riesgo, salvo que el siniestro ocurra en las doce horas siguientes a una jornada de caza o que falle el vallado: entonces la responsabilidad puede desplazarse al titular del coto o a la administración de la vía. La mayoría de cotos no están vallados, así que la excepción se convierte en norma. Y el ganadero que sí pide permiso y sí documenta los collares acaba con el expediente encima.
Hay quien resume el caso en una frase: en España no hay un solo problema que no lo cause la administración. Exagerado, seguramente. Pero el ganadero pidió permiso, pagó, documentó la homologación de los collares y recibió un apercibimiento. La maleza sigue en el cauce. ¿Quién desbroza ahora?