Multan a un pueblo de guadalajara por limpiar su propio río: la sanción se lleva gran parte de su pequeño presupuesto

Multan con 2.600 euros a Jirueque por limpiar su propio río​

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha sancionado al Ayuntamiento de Jirueque, un municipio de Guadalajara con 47 habitantes, con una multa de 2.600 euros por la limpieza del cauce del río. La sanción equivale al 10% del presupuesto municipal. El alcalde, Juan Antonio Sanz, sostiene que disponían del permiso de la propia Confederación y que tras la limpieza se dejó todo como estaba. La noticia ha reabierto el debate sobre la burocracia que asfixia a la España vaciada.

El permiso que nunca llegó y la multa que sí​

El caso de Jirueque no es un episodio aislado. La Confederación Hidrográfica del Tajo considera que la limpieza del cauce constituye una infracción, pese a que el alcalde asegura que contaban con autorización. «Aquí no importan los detalles ni que, sin esta reparación, la contaminación habría durado una semana», lamenta Sanz. La multa, de 2.600 euros, se lleva por delante una décima parte de las cuentas de un pueblo que apenas suma 47 residentes.

El regidor describe un laberinto administrativo: «Intentarlo supone perderse en un laberinto de teléfonos y locuciones inútiles, de contestadores automáticos a los que nadie responde jamás». Un trámite sencillo se convierte, según su experiencia, en una odisea sin interlocutores. La administración, añade, se rige por «reglas abstractas y ajenas a la realidad» que castigan a los municipios pequeños.

Otras experiencias: multas por arreglar lo que la administración abandona​

El relato de Jirueque resuena en otros puntos de España. En Lorca, durante las inundaciones, varios vecinos fueron multados con hasta 6.000 euros por arreglar los bancales colindantes con las ramblas. Uno de ellos tardó seis meses en obtener los permisos y pagó a un perito para tramitarlos. «Ayudas ni un duro excepto a los 4 caciques», resume.

En otro municipio, tras una riada provocada por la demolición de una presa, el ayuntamiento reconstruyó un camino destruido. La respuesta fue una multa de la Confederación por actuar en zona de río sin ser competencia municipal. Ahora les exigen eliminar ese camino, el único acceso a multitud de fincas, sin ofrecer alternativa.

Hay quien apunta que la multa de Jirueque se debe a que se excavó y se rompió una tubería al usar maquinaria, cuando todo debía hacerse manualmente. La Confederación habría sancionado por excavar, no por limpiar. El matiz importa, pero no desactiva el problema de fondo: la maraña de permisos y la falta de respuesta.

El laberinto burocrático que asfixia a los pequeños municipios​

La queja recurrente es la imposibilidad de contactar con la administración. «Un trámite sencillo se convierte en una odisea absurda sin interlocutores ni soluciones», insiste el alcalde. Otros vecinos relatan esperas de años para obtener permisos de limpieza de arroyos. Un grupo de 60 voluntarios se apuntó hace una década para limpiar un arroyo que casi siempre baja seco; todavía esperan la autorización. «Ya no es que no mantengan dicho espacio de modo salubre y seguro, es que ni siquiera te dejan hacerles el trabajo de gratis», se quejan.

La comparación con otros países es inevitable. En Holanda, la autoridad que gestiona los canales exige tenerlos despejados de hojarascas y plantas; toda la normativa cabe en un tríptico con dibujos. España es el país con más regulaciones del planeta, por encima de Alemania o Dinamarca, según se subraya.

El mapa municipal: 8.132 ayuntamientos para 49 millones de habitantes​

El caso de Jirueque reabre el debate sobre la estructura municipal. Dinamarca, con 6 millones de habitantes, tiene 98 municipios; España, con 49 millones, cuenta con 8.132. La comparación es demoledora. Hay quien defiende que un pueblo de 47 habitantes no debería tener ayuntamiento y que un municipio mayor debería encargarse de sus servicios. El ejemplo de Elche, que gestiona 23 pedanías, la mayor con 7.700 habitantes, se cita como modelo.

Otros sostienen que el problema no es el tamaño, sino la falta de medios y la maraña normativa. La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene la potestad de multar, pero no se responsabiliza de los lodos ni indemniza a los vecinos por soportar un río contaminado. «Para multar y lucrarse, el río es de la confederación; para hacerse responsable, cero», resume un participante.

El trasfondo político y la España vaciada​

El alcalde de Jirueque lo tiene claro: «La tan manida ‘España Vacía’ seguirá vaciada si quienes tienen el poder de ayudar se dedican a poner trabas en lugar de soluciones». La multa no solo golpea las arcas municipales, sino que desincentiva cualquier iniciativa de mantenimiento. Varios mensajes apuntan a que la sanción podría tener motivaciones políticas, aunque no hay confirmación.

El debate deriva hacia la crítica del sistema administrativo en su conjunto. Se habla de «corruptissima re publica, plurimae leges» y de que las confederaciones hidrográficas son «una vergüenza de corruptos, calientasillas y enchufados políticos». La conclusión que se impone: el problema no es solo la multa, sino un modelo que castiga la autoorganización y la limpieza ciudadana mientras no ofrece alternativas.

Con estos mimbres, es previsible que el caso de Jirueque se convierta en un nuevo símbolo de la asfixia burocrática que sufren los municipios pequeños. Habrá que ver si la presión pública fuerza una revisión de la sanción o si, por el contrario, se consolida como un ejemplo más de la distancia entre la administración y el territorio.