Dos activistas por el clima se pegan las manos a una pista del aeropuerto de Barajas

Activistas se pegan a una pista de Barajas y bloquean la operación salida​

¿Cómo entra alguien sin acreditación hasta el asfalto de una pista de aterrizaje? Esa es la pregunta que se impone tras el episodio protagonizado por dos activistas de Futuro Vegetal en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, que se pegaron a una de las pistas coincidiendo con el arranque de la temporada alta de turismo. La organización justificó la acción asegurando que «ningún partido» se toma en serio la crisis climática. El gesto, coreografiado o no, dejó a las claras una cosa: el perímetro de una infraestructura crítica no es tan hermético como se presume.

La reacción mayoritaria en el análisis posterior no se centró en el mensaje climático, sino en el fallo de seguridad. Un aeropuerto no es una plaza: es una instalación con control de accesos, tarjetas identificativas y equipos de tierra obligados a estar comunicados. Que dos personas ajenas a la operación lleguen hasta la pista y se peguen al firme descoloca cualquier protocolo. Y si el equipo de tierra no responde a una comunicación, el protocolo se rompe por algún lado.

Qué dice la ley y qué multa se arriesgan​

La discusión derivó rápido hacia el terreno penal. Según un cálculo que circula en el hilo, las cifras para este tipo de intrusiones van de 90.000 a 200.000 euros de multa, al margen de la responsabilidad civil, que puede ser muy superior. Hay quien recuerda el caso de un viajero que saltó a una pista para perseguir un avión que no era el suyo y acabó con una sanción de 45.000 euros. Si los implicados son menores, la factura recae sobre los padres.

La cuestión de fondo es si habrá condena ejemplarizante. Si no la hay, sostiene una parte del análisis, es que la acción estaba orquestada con permiso o con connivencia. Otros apuntan a que la cobertura legal ya está prevista: se menciona un fondo de emergencia climática con sede en California que habría repartido alrededor de un millón de dólares entre organizaciones para cubrir costes judiciales. De ahí a calificar al financiador de estructura delictiva hay un trecho que nadie ha recorrido con pruebas.

El coste que no se ve: queroseno y aviones dando vueltas​

El impacto económico no se limita a la interrupción puntual. Cada minuto de pista bloqueada obliga a los aviones a dar vueltas sobre el aeropuerto o a rodar por rutas más largas, lo que se traduce en toneladas extra de queroseno quemadas. Es la paradoja que varios análisis subrayan: una protesta contra las emisiones que genera emisiones adicionales. Las aerolíneas afectadas y los pasajeros con vuelos perdidos podrían reclamar daños y perjuicios, aunque la experiencia dice que rara vez llegan a ejercer esa vía.

El cálculo completo de lo que cuesta una hora de pista cerrada en Barajas —entre combustible, tasas, compensaciones y personal— da una cifra que ningún operador publica. Ahí está el agujero informativo de todo el episodio.

Quién está detrás de los grupos de activismo climático​

La sospecha de financiación ocupa buena parte del análisis. Se apunta a fundaciones con sede en Estados Unidos como origen de los fondos que sostienen a estos colectivos, y se compara su tratamiento mediático y policial con el que recibiría un grupo de signo opuesto. La pregunta implícita: por qué la actuación policial es tibia cuando la infraestructura afectada es crítica.

Hay también quien señala el patrón de las acciones. Los bloqueos no son espontáneos, se argumenta: hay medios avisados, cámaras preparadas y un rescate rápido cuando la performance ya ha cumplido su función. El activismo tiene de espontáneo lo que yo de chino, resume una de las intervenciones más repetidas. La coincidencia con la temporada alta de turismo tampoco parece casual.

El castigo como espectáculo: dos días al sol sobre el asfalto​

Buena parte de la conversación derivó hacia el castigo imaginado, con propuestas que van del abandono a la intemperie sobre el firme hasta la intervención quirúrgica del pegamento. La idea más repetida: dejarlas ahí dos días sin comer ni beber para que la lección quede grabada. Otras voces, más templadas, recuerdan que el aeropuerto debe operar con normalidad y que el espectáculo de la inacción es precisamente lo que buscan los activistas.

El episodio deja un dato incómodo: la seguridad de una infraestructura crítica depende de que nadie con pegamento y una idea fija decida probarla. Y de momento, la prueba ha salido bien.

---

Datos clave

• Multa de 45.000 euros para un viajero que saltó a una pista para perseguir un avión.
• Sanciones de 90.000 a 200.000 euros previstas para intrusiones en plataforma.
• Un millón de dólares repartidos por un fondo climático con sede en California.
• Dos días sin comer ni beber: el castigo más propuesto en el análisis.