El Bigotes de Ceuta planta un ultimátum de 30 días al Gobierno
Dos días después de que Santiago Abascal fuera declarado persona non grata en Ceuta, la tensión institucional sube otro peldaño. El Bigotes, un activista local con capacidad de convocatoria, ha dado al Gobierno un plazo de 30 días para resolver lo que denomina «la situación de la ciudad». Si no lo hace, asegura que «se pondrá en serio» con el Ejecutivo. La amenaza, cargada de ambigüedad, ya ha desatado una primera ola de escepticismo entre los propios ceutíes.
La memoria corta juega en contra del ultimátum. Hace apenas 48 horas, el líder de Vox se abstenía en la votación que lo acabó declarando no grato, un gesto que sus críticos interpretan como una muestra de debilidad ante el Gobierno local. Ahora, el mismo sector que alimenta el descontento exige a Madrid medidas que no llegan en años de promesas.
El abandono percibido no es exclusivo de Ceuta. En la conversación pública se traza un paralelismo con la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana o con los incendios del pasado verano en zonas despobladas: territorios donde la reacción del Estado llega tarde, y solo cuando la presión se convierte en crisis.
Al final, el plazo de 30 días plantea un interrogante incómodo para todos: ¿Qué puede hacer El Bigotes que no haya hecho ya? La historia reciente de la ciudad autónoma sugiere que los ultimátums se quedan en papel mojado. Pero la impaciencia de la calle es un dato que ningún dirigente puede permitirse ignorar por mucho tiempo.