El curioso negocio del "Sindicato" de Inquilinas: presionar para comprar pisos a precio de saldo

Un correo de la abogada de Maricarmen propuso a Urbagestión vender el piso a cooperativas afines al Sindicato de Inquilinas a un precio inferior al de mercado. La red vinculada suma 171 viviendas entre construidas y proyectadas.

El negocio inmobiliario y la pancarta no siempre van por caminos separados. Un correo electrónico fechado el 17 de octubre de 2025 y enviado por la abogada Beatriz Duro, en representación de María del Carmen Abascal, a Fernando Alonso, interlocutor de la empresa propietaria Urbagestión, planteó una salida al desahucio de la jubilada: que el Sindicato de Inquilinas y cooperativas afines comprasen el inmueble. La comunicación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sorprendió a los caseros, que la consideraron una maniobra anómala. El piso está en el barrio de Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.

La propuesta no era una simple mediación. En el texto se inquiere directamente a la sociedad propietaria sobre el precio al que esa operación podría ser viable. La abogada asumía que necesitaban saber «el precio por el que esta opción podría ser viable en la necesidad de encontrar una solución». Es decir, se pedía a los dueños que pusieran número a una venta que no habían ofrecido. La respuesta de Urbagestión fue tajante: el piso no está en venta.

Una red con 81 viviendas construidas y 90 en proyecto

Detrás de la propuesta hay un entramado con músculo inmobiliario. Las cooperativas aliadas con el Sindicato de Inquilinas no son organizaciones marginales. Gestionan un parque residencial relevante en la Comunidad de Madrid y combinan el activismo de calle con la acumulación de patrimonio bajo fórmulas de cesión de uso o propiedad colectiva.

Entre las entidades en la órbita de la plataforma destaca Entrepatios, una de las referencias del sector, con 27 viviendas construidas. A esta se suma Trabensol, un complejo residencial en Torremocha de Jarama que alberga 54 apartamentos. El balance de lo ya ejecutado asciende a 81 viviendas construidas y habitadas.

La ambición no se detiene ahí. La red tiene en fase de proyección tres promociones: La Corrala de Rivas, con 30 viviendas proyectadas; Cosmos de Rivas, con otras 30 unidades sobre el papel; y Taray, que contempla la edificación de 30 pisos más. En total, 90 viviendas en proyecto que elevarían el activo a 171 inmuebles. Esa es la cifra que da sentido a la operación: sumar una pieza de caza mayor en una zona codiciada de Madrid.

La campaña de presión y la querella de Urbagestión

La petición de trabajar hacia esa solución fue recibida con sorpresa por Urbagestión, porque era esa misma plataforma la que organizaba acciones callejeras y protestas contra la sociedad. El equipo legal de la jubilada lo insinuaba en el correo, recordando que «la movilización social y la empatía que hay en este caso es importante». La presión social formaba parte del argumento para sentarse a negociar.

Tras el rechazo, la campaña se recrudeció. Semanas después, la plataforma dedicó un reportaje a la empresa en su web bajo el título «Las inquilinas de renta antigua, nueva presa favorita de los depredadores inmobiliarios». Urbagestión anunció que en enero había interpuesto una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas por revelación de secretos, vulneración del derecho al honor y coacciones. Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE señalan que el escrito documenta campañas de señalamiento público contra los directivos de la mercantil.

La situación empeoró tras la salida de Maricarmen del piso de Sainz de Baranda. Las redes sociales se llenaron de imágenes y datos personales de los gestores de la sociedad, de sus hijos y familias, así como llamamientos a acciones violentas contra la sede de la empresa en Madrid y presiones a sus trabajadores. La propiedad ha puesto estos hechos en conocimiento de la Justicia para determinar la responsabilidad penal de los líderes del sindicato.

El decreto que cambió el tablero

El conflicto se enmarca en un contexto normativo tenso. El conocido como decreto Maricarmen blindó el alquiler del ático de Muface a la familia de Begoña Gómez, según las informaciones publicadas. Ese tipo de movimientos legislativos y la contestación social contra la propiedad han creado un caldo de cultivo donde la presión y la negociación inmobiliaria se mezclan.

La operación revelada muestra un patrón: activismo en la calle, señalamiento en redes y, entre bambalinas, una oferta de compra a precio inferior al de mercado. No es ilegal pedir un descuento. Lo llamativo es el contexto en que se pide. Cuando la presión social forma parte del argumento para vender, la frontera entre negociación y coacción se vuelve difusa. Los tribunales tendrán que decir si esa frontera se cruzó.