El curioso negocio del "Sindicato" de Inquilinas: presionar para comprar pisos a precio de saldo

El curioso negocio del Sindicato de Inquilinas: presionar para comprar pisos a precio de saldo​

Un email enviado a la empresa propietaria de la casa de Maricarmen revela la maniobra: ya poseen 171 bienes inmuebles

(imagen visible para usuarios registrados)
Ilustración generada mediante IA.

• 
  

Publicado: 05/10/2026 • 05:25Actualizado: 05/10/2026 • 05:37

Escucha el artículo

-4:41

Presión en las calles, escraches en las redes sociales y, entre bambalinas, un suculento negocio inmobiliario a precio de saldo. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a un correo electrónico enviado por la abogada de María del Carmen Abascal a Urbagestión, propietarios del piso de la jubilada, en el que propone una «salida» al desahucio: que el Sindicato de Inquilinas y cooperativas afines comprasen el inmueble, insinuando que estarían dispuestos a hacerlo a un precio inferior al de mercado. La comunicación, a la que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, sorprendió a los caseros de la mujer al considerar que se trataba de una maniobra «anómala». El movimiento revela una práctica del sindicato: la presunta adquisición de viviendas a propietarios bajo una campaña de fuerte presión social.

El correo, fechado el 17 de octubre de 2025, fue enviado por Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, a Fernando Alonso, interlocutor de la propietaria, apenas 12 días antes del lanzamiento que estaba previsto para el 29 de octubre de ese año. El último que se paralizó. La propuesta planteada en esa comunicación es simple: que los propietarios vendiesen el piso al Sindicato y a «cooperativas de vivienda» que estaban valorando la opción de adquirir el inmueble. No identifican qué cooperativas están incluidas en este movimiento, pero sí inquieren a la sociedad propietaria. «Necesitaríamos saber también el precio por el que esta opción podría ser viable en la necesidad de encontrar una ‘solución’», asumía la abogada de Maricarmen.

(imagen visible para usuarios registrados)Email enviado por el sindicato de inquilinas a Urbagestión
Detrás de este aparente intento de mediación social se esconde un entramado con un músculo inmobiliario cada vez más potente. Las cooperativas aliadas con el Sindicato de Inquilinas no son ni mucho menos organizaciones marginales, sino entidades que gestionan ya un importante y codiciado parque residencial en la Comunidad de Madrid. Una red perfectamente articulada que combina el activismo de pancarta con la acumulación de patrimonio inmobiliario bajo fórmulas de cesión de uso o propiedad colectiva.

Entre las entidades situadas en la órbita de la plataforma destaca Entrepatios, una de las referencias del sector, que cuenta ya con 27 viviendas construidas. A esta se suma Trabensol, un complejo residencial situado en el municipio madrileño de Torremocha de Jarama que alberga 54 apartamentos. Pero la ambición expansiva del entramado no se detiene en los proyectos ejecutados. En la actualidad, la red tiene en fase de proyección y desarrollo otras tres grandes promociones: La Corrala de Rivas, con 30 viviendas proyectadas; Cosmos de Rivas, con otras 30 unidades sobre el papel; y Taray, que contempla la edificación de 30 pisos más.

El balance total de la red vinculada a la órbita del sindicato impresiona: suman 81 viviendas ya construidas y habitadas, a las que se añadirán a corto plazo otras 90 actualmente en proyecto. Un activo inmobiliario de 171 inmuebles al que pretendían sumar una pieza de caza mayor. La maniobra destapada por este periódico demuestra cómo el Sindicato de Inquilinas pretendía ampliar su stock inmobiliario adquiriendo un piso en el Retiro por un precio mucho menor de su precio de mercado real, aprovechando la asfixia mediática y la contestación social dirigida contra la propiedad.

(imagen visible para usuarios registrados)
El ‘decreto Maricarmen’ blinda el alquiler del ático de Muface a la familia de Begoña Gómez
Pelayo Barro
Teresa Gómez
La petición de trabajar hacia esa «solución» fue recogida con sorpresa por parte de Urbagestión, en vista de que era esa misma plataforma la que estaba organizando acciones callejeras y protestas contra la sociedad. Una presión que hasta el equipo legal de la jubilada insinuaba en su correo electrónico, recordando que «la movilización social y la empatía que hay en este caso es importante».

La respuesta de los propietarios ante tal propuesta fue tajante: el piso no está en venta. Menos todavía teniendo en cuenta la técnica desplegada para buscar implícitamente una rebaja del precio del inmueble. A partir de ese momento, la campaña del Sindicato de Inquilinas contra Urbagestión se recrudeció. Unas semanas más tarde, la plataforma le dedicó un reportaje a la empresa en su web: Las inquilinas de renta antigua, nueva presa favorita de los depredadores inmobiliarios.

(imagen visible para usuarios registrados)Reportaje publicado en la web del Sindicato de Inquilinas después de que Urbagestión rechazara vender la vivienda a una de sus cooperativas.
(imagen visible para usuarios registrados)
El portavoz del Sindicato de Inquilinas es apoderado de una constructora de su familia
Pelayo Barro
Marcos Ondarra

Acoso a los propietarios​

Urbagestión, tras estallar el conflicto este mes de septiembre, anunció que el pasado mes de enero había interpuesto una querella incivil contra el Sindicato de Inquilinas, acusándoles de revelación de secretos, vulneración del derecho al honor y coacciones. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que el escrito presentado ante el juzgado documenta de manera pormenorizada las distintas campañas de señalamiento público orquestadas contra los directivos de la mercantil.

La situación empeoró considerablemente tras la salida de Maricarmen del piso de Sainz de Baranda. Las redes sociales se llenaron de imágenes y datos personales de los gestores de la sociedad. También de sus descendientes y familias, así como llamamientos a acciones violentas contra la sede de la empresa en Madrid y presiones a sus trabajadores. Una espiral de acoso personal que la propiedad ha puesto en conocimiento de la Justicia para determinar la responsabilidad penal de los líderes del sindicato.

Esl el sindicat de Llagostes