El gobierno de Sánchez te quita la paguita de 52 años.

El subsidio de 52 años cambia: la RAI deja de contar​

¿Se puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años si antes se pasó por la Renta Activa de Inserción? Durante años el SEPE negó esa vía, después un tribunal la avaló y ahora el nuevo acuerdo firmado en el Congreso ha vuelto a mover el tablero. La RAI se elimina —deja de existir a partir del 1 de noviembre— y, según la lectura más difundida del BOE, eso deja fuera del subsidio de 52 años a quienes la cobraron en el pasado. La tesis circula con fuerza y no todo el mundo coincide en la letra pequeña.

Qué era la RAI y por qué se pedía antes del subsidio​

La Renta Activa de Inserción era el último colchón para quien agotaba el paro y no encajaba en ninguna otra ayuda. Se podía cobrar hasta tres años, no seguidos sino alternos, con la condición de cumplir una serie de acciones de búsqueda activa de empleo, las conocidas como BAES. Exigía diez años de residencia en España y carecer de rentas, pero no obligaba a haber trabajado justo antes ni a tener cargas familiares. Dentro del catálogo asistencial, era de las pocas sin requisitos ligados a hijos o a una cotización inmediatamente anterior.

Qué cambia exactamente con el nuevo texto​

La desaparición de la RAI se acompaña de un requisito que antes no existía en esos términos. Con el artículo 280 de la Ley General de la Seguridad Social en el punto de mira, quien haya disfrutado de la Renta Activa de Inserción queda fuera del subsidio de mayores de 52 años. Antes la norma decía que la RAI no valía como puerta de entrada, pero el Tribunal Supremo falló lo contrario al considerarla un subsidio más. La nueva redacción es más explícita y, según el análisis que corre, deja a los jueces poco recorrido. Ahí no hay consenso: hay quien lee que si el requisito era agotar toda prestación disponible, suprimir una ayuda retira un obstáculo, no lo añade.

Los requisitos que se mantienen​

El subsidio de mayores de 52 años no mira el patrimonio ni las cargas familiares, pero pide 15 años cotizados, de los cuales dos tienen que caer en los últimos 15 previos a la solicitud. A eso se suma haber cotizado seis años por la contingencia de desempleo —lo que en la práctica obliga a que nueve de esos quince fueran por cuenta ajena— y no superar el 75% del SMI en rentas. Ese tope está en 992 euros al mes, de manera que un alquiler moderado no rompe la compatibilidad con la ayuda.

Por qué se le llama prejubilación para pobres​

La cuantía es modesta: el 80% del IPREM, entre 480 y 600 euros. El valor real está en otra parte. Durante el subsidio se cotiza a la Seguridad Social por el 125% de la base mínima, un porcentaje que supera al que generan muchos sueldos, y eso engorda la pensión futura de quien llega a los últimos años de vida laboral con el depósito casi seco. Hubo un intento de rebajar ese 125% al 100% que no prosperó por la oposición de la izquierda. Hay quien sostiene que ese blindaje no aguantará la próxima reforma.

Quién se queda fuera​

Los autónomos cargan con la peor parte. La prestación por cese de actividad no abre la puerta al subsidio de 52 años y el requisito de seis años cotizados por desempleo les deja fuera hasta que no acumulen ese tiempo por cuenta ajena. Hasta 2020 no cotizaban por esa contingencia y las empleadas de hogar no lo hicieron hasta 2022. El sistema, en la práctica, premia la carrera laboral sin baches y castiga los huecos, las interrupciones y el trabajo por cuenta propia.

Los dos caminos hasta la misma ayuda​

No todos los perceptores llegan con la misma mochila. Un caso repetido entre quienes la cobran: agotar el paro y enganchar directo el subsidio de 52 sin haber pasado nunca por la RAI. Otro: terminar de cotizar en 2012, dejar de cobrar el paro en 2013 y no volver a recibir nada hasta reunir los requisitos, ya con la ayuda en marcha. La exigencia de estar apuntado al paro de forma ininterrumpida desde que se deja el trabajo ha tumbado más de una solicitud. La vía nunca fue única.

El ruido de fondo​

Hay quien sostiene que las ayudas asistenciales acaban favoreciendo a colectivos recién llegados frente a los trabajadores que ya cotizaron, y pide endurecer los requisitos de residencia. En contra juega un dato: la antigua RAI exigía diez años viviendo en España, una barrera que el Ingreso Mínimo Vital no plantea. Otros defienden que el problema no es quién cobra, sino un mercado laboral que expulsa a los mayores de 50 y apenas les deja volver.

Con estas reglas, el consejo cambia de signo. Agotar todas las ayudas para cumplir los deberes ya no garantiza nada: lo que ayer era un requisito, hoy puede ser el motivo de la exclusión. Y la bolita, mientras tanto, sigue cambiando de vaso.