Tres carreras, dos oposiciones y un posgrado en la LSE antes de los 30
José María Michavila acumuló, según el expediente que se le atribuye, un premio extraordinario de licenciatura en Derecho a los 23 años, una segunda licenciatura en Historia a los 24, un doctorado en Derecho Económico a los 27 y el número uno de la oposición a Letrado del Consejo de Estado a los 28. Después llegó la plaza de profesor titular en la Complutense a los 31 y un posgrado entre la London School of Economics y Harvard. El currículum, reproducido en un foro de economía, se ha convertido en el detonante de una discusión que va mucho más allá del personaje: ¿se puede medir la capacidad de gobernar con una lista de títulos?
La respuesta que domina el intercambio es que no. Y la que le sigue, que da igual: el CV sirve sobre todo como arma arrojadiza contra los gobiernos posteriores. Un participante lo resume con retranca: «Compáralo con las chonis del gobierno actual». Otro sube la apuesta y asegura que cualquier profesor universitario de una carrera técnica tiene un expediente que «ni entre 5-6 ministros del gabinete actual pueden igualar». La comparación, en fin, no busca entender a Michavila, sino medir a los de ahora.
De qué habla realmente el expediente de Michavila
El detalle que más se repite es el del Consejo de Estado. La oposición a letrado de ese órgano se sitúa, según el material, al nivel de la de Abogado del Estado y por encima de notarías y registros. Aprobar con el número uno a los 28 años, después de dos licenciaturas y un doctorado, es lo que varios leen como una anomalía estadística. «Suena a estafa primo», escribe uno, convencido de que el ritmo no cuadra. La sospecha no se apoya en ningún dato: es pura incredulidad ante la acumulación.
Frente a esa lectura, otra corriente sostiene que el CV es perfectamente replicable en ciertos entornos. «Porque crecen en familias mamando derecho desde que son niños, porque se pueden pagar buenos preparadores», argumenta un participante que niega el amaño pero admite la ventaja de origen. La discusión deriva entonces hacia el patrimonio familiar: se menciona que la empresa Torrecid perteneció a un jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y que la familia acumularía unos 720 millones de euros. El dato se lanza sin verificación y sirve para reforzar la tesis de que el mérito individual nunca explica del todo una carrera así.
El CV como munición contra los gobiernos posteriores
Buena parte del intercambio no analiza a Michavila, sino que lo usa de contraste. La comparación más repetida es con Irene Montero, ministra a los 32 años y sin el expediente académico del exministro. «Más mérito tiene Irene Montero, que fue ministra a los 32 sin necesidad de estudiar nada», ironiza un mensaje. Otro pide directamente: «Por favor, que alguien lo compare con el de Irene Montero». La figura de Pablo Casado aparece también, con su licenciatura de Derecho en tres años, como prueba de que el sistema tiene atajos.
Hay quien lleva la crítica más lejos y ataca el propio valor del título. «Todos estos de abogacías son loritos memorizadores pero pocas luces», sentencia un participante. La idea de que la oposición premia la memoria y no el entendimiento recorre varios mensajes: «¿Sabe de lógica matemática? No. ¿Entiende de materia, fuerzas y energía? No». El argumento, discutible, tiene su eco en la queja de que España es «un país de letras puras» y que eso se traduce en un poder sin capacidad analítica.
El 11-M, Irak y el resto del expediente político
El currículum académico no se discute en el vacío. Michavila fue ministro de Justicia en el preludio de la guerra de Irak, y eso reaparece con dureza: «Se tragó la mierda que venía de EEUU y si no fue así no dimitió como tendría que haber hecho». Otro mensaje recuerda su paso por el caso Fundescam y las posteriores puertas giratorias hacia la gestión de patrimonios. La conclusión que se extrae de ese recorrido es que un expediente brillante no garantiza ni buen juicio político ni independencia.
La defensa del personaje se apoya en lo mismo que se le ataca. «Es gente extremadamente inteligente. No todo en la vida es ser ingenierito», replica uno. Y otro cierra: «Lo de Michavila se consigue estudiando mucho y siendo muy inteligente». El desacuerdo, por tanto, no es sobre los títulos, sino sobre qué demuestran. Para unos, una capacidad excepcional. Para otros, una habilidad entrenada que no dice nada del criterio.
El problema de fondo: quién acaba gobernando
La discusión deriva hacia una pregunta más incómoda: si los mejores expedientes no llegan a la política, ¿quién llega? «Poca gente brillante se mete en política. Casi todo el mundo que entra son vendehumos que quieren vivir del cuento», escribe un participante. La tesis de que el puesto de ministro se ha desprestigiado recorre varios mensajes: «Si vamos a poner en esos puestos a lerdos que no saben hacer la o con un canuto y toda la capacidad la ponen los asesores, nos dejamos de ministerios y contratamos una empresa gestora».
El contraargumento es que el problema no son las personas, sino el sistema que las selecciona. «España la han convertido en un vertedero. Políticos y oligarcas repartiéndose el botín entre ellos y sus putas», resume un mensaje. La desconfianza en las oposiciones como mecanismo meritocrático es transversal: «Esas oposiciones top están reservadas para los familiares y amigos. Tú mira en todos esos cargos de quién son hijos». No hay prueba, pero la sospecha funciona como consenso.
Al final, el expediente de Michavila queda atrapado entre dos usos. Unos lo exhiben como prueba de que antes venía gente preparada. Otros lo leen como la demostración de que la preparación académica no sirve para gobernar. Y unos terceros, más cínicos, lo reducen a lo de siempre: «Tanto estudio para ser un idiota más». El dato que descoloca es que, 555 días después de abrirse la discusión, nadie ha discutido el currículum en sí. Solo lo que cada uno quiere que signifique.