España no construye: el ladrillo se atasca entre pensiones y herencias
Un jubilado con dos pisos, uno alquilado por 800 euros, y una pensión de mil y pico. La suma da una vida resuelta y un mercado inmobiliario bloqueado. Esa es la tesis que abre el asunto: los mayores concentran el parqué de vivienda comprado a precio de risa hace décadas y no hay incentivo político para romper su negocio.
El Estado no edificará ni permitirá edificar en masa porque bajarían los precios y con ellos el patrimonio de un bloque electoral que no falla a las urnas.
El diagnóstico es incómodo y va más allá del tópico. No se trata solo de que haya propietarios con varios inmuebles: se trata de que
la equidad intergeneracional se ha invertido. Se paga más a quien ya tiene patrimonio, mientras los menores de 40 acumulan cero propiedades y una nómina que no llega al primer ladrillo. La pensión depende del dinero que venga de fuera, no de los cuatro jóvenes que quedan cotizando.
¿Cuánto costaba un piso en los setenta y cuánto cuesta ahora?
La defensa más repetida es la del esfuerzo. Un primer piso por
1.200.000 pesetas, con un préstamo de un millón al 10,5% a diez años, y un sueldo de 20.000 al mes. La cuenta sale: sin vacaciones, sin puentes, sin esquí, sin nada. Ese relato de sacrificio es real y explica cómo se compró media España. Lo que no explica es por qué hoy un joven con un sueldo normal no puede repetir la operación ni privándose de todo.
El matiz lo pone la propia dinámica monetaria. En aquella época la peseta se devaluaba y los salarios nominales se multiplicaban, de modo que la cuota inicial se comía el sueldo pero diez años después era calderilla. Hoy la cuota se firma a tipo fijo y a treinta años. La inflación ya no licúa la deuda: la consolida.
Aquello era una apuesta; esto es una condena.
La construcción que se desplomó: de duplicar el parqué a levantar cien mil casas
Entre los setenta y los ochenta el número de viviendas en España prácticamente se duplicó, un crecimiento del
40%, y sin IVA, sin IBI, sin certificados energéticos ni cargas administrativas. En 2024 se construyeron
cien mil viviendas en todo el país, cada una con su capa de impuestos y trámites. La diferencia entre una economía que construye y otra que regula no es ideológica: es aritmética.
Hay quien sostiene que el problema no es la oferta sino el hacinamiento de las grandes urbes, que el divorcio obliga a duplicar viviendas y que la inmigración añade presión. Todo eso suma. Pero el cuello de botella sigue siendo el mismo: quien tiene el suelo y el inmueble no tiene prisa, y quien legisla no quiere enfadarle.
La herencia como trampa: el joven que espera a los cincuenta
El argumento más repetido en defensa de los mayores es que los pisos se heredarán. Cierto. También tardío. Si hasta que se muera el progenitor no puedes emanciparte ni formar una familia, el daño ya está hecho:
proyecto de vida a los cincuenta, pirámide demográfica sin arreglo y una España con millones de personas asentadas y una élite de jubilados con varios inmuebles. Y no todos heredan: no todos son hijos únicos.
El pronóstico que se dibuja es el de una generación que espera su turno mientras ve cómo el patrimonio se revaloriza sin ella. Cuando por fin lo reciba, repetirá el mismo reflejo:
mi vivienda es mía y hago con ella lo que quiero. El especulador de hoy es el heredero de mañana.
¿Quién es el culpable: el pensionista, el Gobierno o la frontera?
Aquí el asunto se parte en tres. Un bloque señala al Gobierno y a su gestión como único responsable. Otro apunta a la inmigración como causa de la escasez. Un tercero insiste en que el origen es el modelo de pisito en alquiler y el cortoplacismo de una generación que votó su propio interés. Las tres corrientes se retroalimentan y ninguna admite que las otras dos también cuentan.
La conclusión que deja el asunto es incómoda: sin construcción masiva no hay precios que bajen, y sin precios que bajen no hay relevo generacional. El dato que descoloca es que la solución existe, es conocida y nadie la va a aplicar.