El Ejecutivo duda de la imparcialidad de la magistrada María Tardón por su pasado político y la forma en que se ha gestionado un informe policial sobre la crisis migratoria en Ceuta.
El asunto de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado verano ha generado un cruce de declaraciones que va más allá de la crisis humanitaria. El foco se ha puesto ahora en la jueza que lleva el caso, María Tardón, y en la posible imparcialidad de sus decisiones. Las críticas provienen de altos cargos del Gobierno, quienes han expresado sus reservas sobre la magistrada.
La magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha abierto diligencias para investigar los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta entre el 30 y 31 de julio de 2026. Su resolución inicial apunta a indicios de una actuación organizada y considera que los hechos podrían tener relevancia penal, yendo más allá de una crisis migratoria al uso. El punto clave de su investigación es un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que sugiere una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos, hablando de un "guiado activo" de personas hacia la frontera española. Sin embargo, el informe no señala directamente al gobierno marroquí ni determina quién dio las órdenes, un matiz que el Ejecutivo considera fundamental.
Las dudas sobre la jueza Tardón se centran en su pasado político. Antes de dedicarse a la carrera judicial, fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. Este antecedente es el que algunos miembros del Gobierno consideran relevante para valorar su actuación en un caso "especialmente sensible" para las relaciones entre España y Marruecos. Se argumenta que esta vinculación política podría influir en su percepción de la imparcialidad.
Otro elemento que ha levantado ampollas es la forma en que se ha manejado un informe policial clave en la investigación. El documento del CENIF, que sostiene la tesis de una planificación previa y la participación de agentes marroquíes, ha sido objeto de cuestionamiento. Se ha criticado que el informe contenga "fotos que no tienen que ver con Ceuta", según declaraciones ministeriales, lo que pone en duda la solidez de las pruebas que sustentan la investigación.
Además, el hecho de que este informe policial acabara siendo conocido públicamente a través de un medio de comunicación antes de llegar formalmente al Gobierno ha generado suspicacias. Esta filtración, calificada por algunos como "un tufo de derechas", ha alimentado la percepción de que la investigación podría estar sesgada desde su inicio. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha expresado su confianza en la independencia judicial, pero ha matizado que, dada la forma en que ha comenzado el proceso, "ya no sé cómo vamos a acabar".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que, por el momento, no hay pruebas concluyentes para señalar al Ejecutivo marroquí como responsable directo de la entrada masiva. La investigación sigue su curso, pero las declaraciones desde el Gobierno sugieren una estrategia para desvincular a las autoridades marroquíes y, al mismo tiempo, cuestionar la objetividad de la jueza que intenta esclarecer los hechos.