El Sindicato de Estudiantes se planta e irán a una Huelga INDEFINIDA para protestar contra las políticas de Ayuso

El Sindicato de Estudiantes declara huelga indefinida contra Ayuso​

Con el curso apenas arrancado, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga indefinida contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. El anuncio, difundido en vídeo por sus portavoces, llega con una promesa que ha encendido todos los comentarios: «Los estudiantes iremos a una huelga indefinida y NO estudiaremos». La organización se define a sí misma como marxista, antifascista y anticapitalista, y su convocatoria vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué peso real tienen los sindicatos estudiantiles y a quién representan de verdad.

Qué pide el Sindicato y por qué apunta a Ayuso​

La convocatoria se presenta como una respuesta directa al Gobierno autonómico de Madrid, pero el pliego de reivindicaciones concretas brilla por su ausencia. No hay en el anuncio una lista de medidas, presupuestos o leyes señaladas una por una. Quien quiera saber qué expediente exacto ha encendido el conflicto tendrá que esperar a que la organización lo detalle.

Esa vaguedad alimenta la principal crítica que recibe el anuncio: que se trata de una protesta de bandera antes que de una negociación con demandas verificables. A falta de memoria económica o de articulado que corregir, el pulso se plantea en términos puramente ideológicos, y eso deja al adversario la ventaja de decidir qué se discute y qué no.

Una huelga que no toca la caja de la universidad​

Desde el punto de vista económico, la convocatoria tiene un problema de diseño: las matrículas universitarias se abonan al inicio del curso, no mes a mes. Dejar de asistir a clase no resta un solo euro al presupuesto de los campus ni presiona las cuentas de la Administración que se quiere interpelar. El paro académico es, en la práctica, una protesta sin coste para su destinatario.

Quien sí paga algo es el propio alumno. Lo que deja de recibir es un servicio ya abonado, un detalle que algunos resumen con una comparación recurrente: esto se parece a una huelga de pacientes que deciden no acudir a la consulta para castigar al médico. El argumento tiene su lógica, aunque olvida el efecto señalizador: la huelga no busca vaciar las aulas, busca ocupar portadas.

El cálculo completo, con lo que cuesta un curso y lo que deja de aprovecharse, da un resultado que no deja bien a nadie.

¿A quién representa un sindicato que nadie elige?​

El punto más sensible de la polémica es la representatividad. La organización cuenta con una afiliación reducida y su cúpula incluye dirigentes que superan la treintena —se mencionan casos de 37 años— y que, en no pocos casos, no han terminado la carrera que dicen defender. De ahí la sospecha recurrente de que el activismo funciona como trampolín profesional: organismos, fundaciones y estructuras dependientes de lo público donde un currículo de movilizaciones vale más que un expediente académico.

Contra esa tesis pesa un dato que los propios críticos reconocen a regañadientes: en las últimas movilizaciones educativas hubo seguimiento más que notable en varias comunidades. Poco ruido y muchos afiliados, o mucho ruido y pocos, según a quién se pregunte. Nadie ha publicado aún un censo que zanje la discusión.

El piquete y el derecho de los demás a entrar en clase​

El asunto que genera menos simpatías es el bloqueo. Una huelga es un derecho; impedir que otro ejerza el suyo, no. Si los piquetes cierran facultades, el conflicto deja de ser un pulso entre estudiantes y Administración y se convierte en un problema de convivencia dentro del propio campus.

Ahí es donde la convocatoria se juega su credibilidad. Una huelga indefinida sin fecha de vuelta, sin demandas cerradas y con la puerta del aula en disputa tiene los tres ingredientes para desinflarse sola en cuestión de días. O para no desinflarse, que es justo lo que nadie sabe aún.