Corrupción: Empoderada y con toga. la jueza contraataca.

Un padre denuncia un retraso de ocho meses en el cambio de custodia​

El caso llega, según el relato del padre, con un informe psiquiátrico demoledor: la madre presenta rasgos de la tríada oscura, mitomanía y ha inducido un trastorno a las menores, un SAP que el perito califica de mastodóntico. El juzgado, en lugar de actuar de urgencia, señala el juicio para dentro de casi un año. Mientras, la madre acumula quince meses de incumplimiento del régimen de visitas y cuatro denuncias falsas sobreseídas, siempre según la versión del padre.

El padre, que se ha querellado contra la jueza por prevaricación, sostiene que el retraso es una forma de permitir que la madre siga incumpliendo sin consecuencias. La jueza ya ha sido recusada cuatro veces y se han pedido siete abstenciones por su falta de imparcialidad.

El informe pericial, encargado por el propio juzgado a un psiquiatra insaculado, concluye, según el padre, que el padre y su familia extensa representan un buen entorno para las menores. La madre, en cambio, muestra rasgos de la tríada oscura y mitomanía, y ha inducido un trastorno a las niñas. El perito recomienda el cambio de custodia al padre y el alejamiento temporal de la madre.

Con ese material, el cambio de custodia se solicitó en 2023. No queda prueba relevante por practicar. El juzgado, sin embargo, ha señalado el juicio para el año siguiente, con casi ocho meses de retraso. La jueza se escuda en sus colaboradores para no materializar un despacho de ejecución de 2023 contra la madre.

Quince meses de incumplimiento sin consecuencias​

La madre acumula quince meses de incumplimiento unilateral del régimen de visitas, y subiendo. Ha recibido varios apercibimientos, incluso bajo multa de 2.500 euros, y tiene un despacho de ejecución desde 2023. También suma cuatro denuncias falsas sobreseídas con diferentes grados de condenas en costas.

El padre ha puesto contra la jueza una querella por prevaricación, pendiente en el Tribunal Constitucional, cuatro recusaciones y siete solicitudes de abstención. El juzgado, mientras, sigue sin ejecutar lo que ya está ordenado.

Hay quien sostiene que, si el informe hubiera sido favorable a la madre, el juicio se habría señalado de inmediato. Es la tesis que circula entre quienes siguen el caso: la justicia rápida solo funciona en una dirección.

El 158 CC como vía de urgencia​

La vía que se plantea ahora es el artículo 158 del Código Civil, que permite adoptar medidas urgentes cuando hay riesgo para los menores. El padre ya lo ha usado en tres ocasiones. En la primera, contra los puntos de encuentro familiar, la fiscal recomendó restituir las visitas con normalidad y la jueza lo hizo a regañadientes.

El problema es que la jueza ya ha demostrado que puede actuar con rapidez cuando quiere. En una ocasión, la madre puso un 158 CC urgente y el juzgado señaló juicio con tres días de preaviso, vulnerando el mínimo legal de cinco días. En otra, consta que la madre denunció un martes a las 16:30 y la jueza ya estaba llamando al padre.

La doble vara de medir es el argumento central de la querella. El padre sostiene que el retraso no es casual: es la forma de que la madre siga incumpliendo mientras se diluye el impacto del informe pericial.

El coste económico y personal de pleitear contra un juez​

El padre calcula que lleva gastados unos 95.000 euros en honorarios directos: cuatro abogados, tres psicólogos, tres procuradores y el psiquiatra insaculado, que también ha pagado él. Sumando gastos indirectos, transporte, días perdidos y horas de gestión, estima unos 115.000 euros. Si añade el daño a la facturación de su empresa, la cifra se dispara.

No es solo dinero. El desgaste emocional es continuo. La madre sigue interrumpiendo las visitas a la salida del colegio. Esta semana, el padre tuvo que ir solo, sin su dispositivo de grabación, y las amigas de su ex comenzaron a insultarle.

La pregunta que sobrevuela es si merece la pena querellarse contra un juez. La respuesta que da la experiencia es que la mayoría de abogados no se atreven a enfrentarse a uno. Aunque las recusaciones y querellas son instrumentos legales, en la práctica suponen que el juez y sus colegas te pongan la cruz encima.

El patrón se repite en otros juzgados​

No es un caso aislado. Otros padres describen situaciones calcadas: denuncias falsas, evaluaciones psicológicas que dan la razón a la madre sin fundamento, años de proceso y costes que no se recuperan. La impunidad es el denominador común.

Hay quien apunta a la saturación de los juzgados y a la falta de personal como causa estructural. Pero también hay quien señala que el sistema crea incentivos perversos: para la madre, incumplir no tiene coste; para el padre, reclamar justicia es arruinarse.

El juicio por el cambio de custodia está señalado para noviembre. Hasta entonces, la madre seguirá con las niñas. El padre ha presentado un tercer 158 CC solicitando vista urgente. Aún no ha recibido respuesta.

La predicción, con reservas, es que el juzgado volverá a denegar la urgencia. Si lo hace, la querella por prevaricación tendrá un argumento más. Y las niñas, ocho meses más de alienación.