en esta pais hay 4 millones de señores disminuidos??

El Congreso cambia 'disminuido' por 'persona con discapacidad' y el debate se llena de cifras​

El Congreso ha aprobado sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad» en el texto constitucional. La votación salió adelante con el único rechazo de Vox, un detalle que varios análisis leen menos como defensa del lenguaje y más como señal de que la enmienda tocaba algo más que la semántica. La cifra que sobrevuela la discusión es la de cuatro millones de afectados, un número que muchos consideran corto y que otros directamente ponen en duda.

Lo que empezó como una noticia de manual de estilo derivó en un ajuste de cuentas con la estadística. Si a los cuatro millones de personas con discapacidad se suman los millones de diabéticos, depresivos, cardiópatas, oncológicos e hipertensos, la pregunta deja de ser cuántos son y pasa a ser si queda alguien sano. La respuesta incómoda: la normalidad estadística es una ficción cómoda.

Cuántas personas con discapacidad hay realmente en España​

El dato oficial que se maneja ronda los cuatro millones, pero el recuento depende del baremo. Hay quien sostiene que la cifra real es bastante mayor porque los grados de discapacidad se reconocen por umbrales administrativos, no por limitaciones reales. Y hay quien apunta lo contrario: que el sistema infla el número con factores sociales que poco tienen que ver con la salud.

La discusión sobre el término es inseparable de la discusión sobre el derecho. La Constitución es la base del resto de leyes, así que cambiar una palabra ahí no es cosmética: reordena cómo se implementan las políticas de atención. Un ejemplo que circula en el debate: si el texto distingue entre hombres, mujeres y menores con discapacidad, las ayudas se diseñarán bajo ese supuesto. Quien no encaje en la categoría, se queda fuera.

El eufemismo que se gasta cada veinte años​

La historia de estos términos es un círculo. «Subnormal» fue un eufemismo técnico que sustituyó a «demente», «deficiente mental» u «oligofrénico». Con el tiempo se cargó de connotaciones y hubo que buscar otro. Después llegó «discapacitado», que también acabó sonando mal. Ahora toca «persona con discapacidad», y ya hay quien propone «diversidad funcional» o «capacidades diferentes» para la siguiente ronda.

El patrón se repite: cada término nuevo nace neutro y muere peyorativo. No es evolución del lenguaje, es un ciclo que garantiza que siempre haya alguien cobrando por redactar la siguiente versión. La pregunta que nadie responde es cuánto de este ejercicio es dignidad y cuánto es industria del eufemismo.

Lo que Vox rechazó y lo que los medios no contaron​

El único voto en contra tiene una explicación que no aparece en los titulares. Según se sostiene en el debate, la enmienda aprobada introducía de matute que las mujeres con discapacidad tengan más derechos que los hombres con discapacidad. Es decir, el rechazo no sería al término «persona con discapacidad», sino a una discriminación por sexo dentro del propio texto. Si eso es cierto, el titular de «Vox vota contra las personas con discapacidad» es una simplificación cuando menos interesada.

La versión oficial es más limpia: solo se cambió una palabra. La versión que circula en los márgenes es que se aprovechó la reforma para colar una jerarquía de derechos. Sin el texto completo delante, la duda queda abierta.

El baremo, los factores sociales y el 66%​

El sistema de valoración de la discapacidad mezcla criterios médicos con «factores sociales». Eso significa que dos personas con la misma limitación física pueden acabar con grados distintos según su entorno, su sexo o su situación administrativa. El resultado es un baremo que reconoce el 66% a quien a lo mejor no lo parece, y se lo niega a quien sí.

El debate sobre el fraude y el debate sobre el infrarreconocimiento conviven sin resolverse. Unos hablan de pensiones que se compaginan con trabajos no declarados; otros, de personas que renuncian a pedir el grado porque el proceso es más costoso que la ayuda. Los dos fenómenos pueden ser ciertos a la vez.

La trampa de la normalidad estadística​

La media de cociente intelectual en España no llega a 94, según los datos que se manejan en la discusión. En Reino Unido, con media 100, más del 20% de la población quedaría por debajo del umbral que allí se considera discapacidad intelectual. Aplicado a España, el porcentaje sería aún mayor. La conclusión es incómoda: si el criterio es la desviación de la media, la etiqueta de «disminuido» alcanza a mucha más gente de la que el censo reconoce.

Y no solo por coeficiente intelectual. A partir de los 40, la población española acumula patologías crónicas que en otro contexto serían discapacitantes. El que a los 50 puede jugar un partido de fútbol con veinteañeros es la excepción, no la norma. La estadística de la salud real no cuadra con la estadística administrativa.

Reformar la Constitución para cambiar una palabra​

El procedimiento para modificar la Constitución es costoso y simbólico. Usarlo para sustituir un término por otro dice algo sobre las prioridades del legislador. Hay quien lo ve como un avance civil y hay quien lo ve como una distracción: mientras se discute el adjetivo, los problemas materiales del colectivo siguen sin resolverse.

La pregunta que queda en el aire no es si «persona con discapacidad» es mejor que «disminuido». Es si el cambio de palabra vendrá acompañado de un cambio en el baremo, en las pensiones o en el acceso al empleo. Hasta ahora, la respuesta es que no.