Comilona en restaurante caro de mi ciudad de familia cuya hija ha sacado plaza de...

La plaza de ordenanza que se celebra con un menú de 70 euros​

Un menú degustación de 70 euros, diez pases y una mesa de diez personas brindando por una plaza de ordenanza municipal. La escena la relata un comensal que comía a dos mesas de distancia del grupo: una familia celebraba que la hija, que roza los 30, había sacado plaza en el ayuntamiento después de seis años de oposición. No es abogada del Estado, no es profesora universitaria, no es jefa de negociado. Es ordenanza.

La madre no cabía en sí. «A disfrutar», decía, y a buscar piso. El novio, que pasa de los 30, sigue peleando por una plaza en la policía local. Nadie en esa mesa consideraba la celebración desproporcionada. Ahí empieza lo interesante: una plaza de funcionario de base se ha convertido en el umbral que separa una vida soportable de una vida en vilo.

Seis años de oposición para una plaza de ordenanza municipal​

El caso no es una rareza estadística. Es un patrón. Una plaza fija de ordenanza, de auxiliar administrativo o de celador de hospital desata en las familias una reacción que hace veinte años estaba reservada a una plaza de médico o a un contrato en una multinacional. Padres que paran a los vecinos para dar la enhorabuena, que lo cuentan antes que un ascenso, que lo comparan con que les haya tocado la lotería. La frase recogida de una de esas conversaciones —«mucho mejor que la lotería»— dice bastante más del mercado laboral que de la propia administración.

Conviene ver lo evidente: nadie celebra seis años de estudio. Se celebra el día en que se deja de temer. Y el miedo es hoy el material con el que se construye media economía doméstica.

¿Por qué se celebra tanto una plaza de funcionario?​

Porque la nómina es lo de menos. Los cálculos que circulan entre quienes han pasado por el proceso sitúan un C1 en torno a 1.200 euros netos al mes, una cifra que no entusiasma a nadie. La plaza no se vende por el sueldo, se vende por lo que lo envuelve: vacaciones, jornada previsible, responsabilidad escasa en los escalones bajos, despido en la práctica imposible y una progresión que solo va en una dirección.

El argumento que más se repite es el del banco. Una hipoteca se concede antes a esa nómina modesta que a un salario muy superior en una empresa que puede prescindir de media plantilla en un trimestre. Quien ha vivido las dos orillas lo resume sin adornos: menos dinero hoy, mucha más tranquilidad mañana. La relación entre sueldo, esfuerzo y responsabilidad, en los niveles bajos de la administración, resulta difícil de batir.

El precio del menú: 70 euros y una escala que sube rápido​

El restaurante importa, porque el asunto es de estatus. El menú degustación costaba 70 euros por cabeza, más café: diez pases entre vieira trufada, huevo con caviar, salmonete asado y solomillo de retinto, con opción de pedir para llevar lo que sobrara. Fuera de esa mesa, la escala se estira en seguida. Hay menús de 75 euros asociados a cocineros jóvenes que buscan hacerse un nombre, cenas de 100 a 200 euros en un restaurante caro de ciudad mediana y propuestas que no bajan de 250 euros cuando el prestigio manda.

Diez personas celebrando una plaza de ordenanza con ese gasto no es una excepción caprichosa. Es la fotografía de un país donde un puesto fijo reordena el estatus de una familia entera, y donde el precio del menú deja de importar cuando lo que se compra es dejar de remar.

Quién paga la plaza: déficit, deuda y jubilaciones​

El dinero sale de algún sitio, y ahí arranca la discrepancia. La corriente más escéptica no discute el atractivo de la plaza, discute su sostenibilidad: déficit, deuda pública, peso del gasto sobre el PIB y una presión fiscal que solo se mueve en una dirección. El diagnóstico que más se repite es el de una estafa piramidal con rendimientos altos mientras suena la música: cuanta más gente entra en el sistema, más caro resulta mantenerlo y más difícil recortarlo. Los escenarios más duros hablan de despidos y de una fiesta que se acabará en pocos años.

La réplica es siempre la misma. Si el sector privado pagara y respetara como debe, no habría colas en la puerta de la administración; el empleo público crece, en buena parte, porque el tejido productivo no genera puestos de calidad. Y hay un factor demográfico que ninguna de las dos partes ignora: una porción muy alta de la plantilla actual está cerca de la jubilación, lo que abre plazas por pura sustitución generacional. No hay consenso sobre si eso significa más convocatorias o más recortes. Solo la certeza de que la mesa seguirá llena.

¿Cuántas mesas como esa hacen falta para que alguien se pregunte en voz alta qué se está construyendo fuera de la administración?