Ayuso considera que la UE “debe tomar cartas en el asunto” y ver qué está haciendo Sánchez para proteger las fronteras

Ayuso pide a la UE que revise la gestión migratoria de Sánchez​

¿Qué está pasando en las fronteras españolas para que la presidenta de Madrid pida a Bruselas que revise la gestión del Gobierno central? La cifra que ha encendido todas las alarmas es la de Canarias: en la primera quincena de 2024 llegaron 3.678 migrantes irregulares, un 286% más que un año antes. El archipiélago supera ya los registros de la crisis de los cayucos de 2006 y 2023 cerró como el peor año de inmigración irregular desde que hay series estadísticas, en 2005. Con ese telón de fondo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido que la Unión Europea «debe tomar cartas en el asunto» y examine qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez para proteger las fronteras.

El dato que dispara todas las alertas​

El pulso no es solo político. En las tres primeras semanas de enero, España recibió más llegadas irregulares por mar que Italia, Grecia, Chipre y Malta juntas, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El registro, difundido por varios medios, dibuja una ruta canaria desbordada y un aeropuerto de Barajas convertido, según la Fiscalía, en foco de inmigración irregular: las llegadas «masivas e incontroladas» colapsan recursos policiales y sanitarios. La propia Cruz Roja ha advertido de que una eventual retirada de Frontex multiplicaría las llegadas.

Hay un elemento que añade ruido al cuadro: Frontex, la agencia europea de fronteras, suspendió temporalmente sus operaciones en España ante la resistencia del Gobierno a firmar el plan operativo para 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que el acuerdo se cerraría «en horas». La UE, mientras tanto, ha pedido al Ejecutivo que le deje cooperar en Canarias: «Sin una petición del Gobierno no les podemos apoyar», ha señalado el director ejecutivo de Frontex desde la Eurocámara. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha solicitado comparecer en el Parlamento europeo ante la «situación límite» del archipiélago.

Quién gestiona los centros de menores y por qué se discute​

La disputa competencial es el otro gran eje. Una parte del análisis sostiene que los centros de menores no acompañados dependen de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, la presidenta madrileña tiene margen de actuación directa sobre ellos. Otra corriente replica que la política migratoria y el control fronterizo son competencia exclusiva del Gobierno central, y que exigir a Bruselas lo que no se resuelve en Moncloa es una forma de eludir el problema. La propia Ayuso ha declarado ante Vox que «la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas» y ha pedido no mezclar a los menores migrantes con todo, lo que choca con el tono de sus propias demandas a la UE.

El debate también ha derivado hacia el fraude documental. Según las informaciones recogidas, en Barajas se detectan casos de personas que se hacen pasar por menores y de ciudadanos que falsean su nacionalidad para pedir asilo. La Fiscalía ha alertado de que el aeropuerto es un foco de inmigración irregular, y el Consulado español en Tánger ha despedido a uno de sus trabajadores por la venta de visados. Cinco empleados del Aeropuerto de El Prat fueron arrestados por colaborar en el ingreso ilegal de inmigrantes, proporcionando identificaciones y uniformes para eludir controles.

El choque político: de Junts a Orbán​

La cesión de competencias migratorias a Junts ha encendido a los barones socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo ha retratado con dureza: «Si lo pidiese Vox estaríamos escandalizados». En Bruselas, el PP ha afirmado que la «inacción» de Sánchez con la inmigración pone «en peligro la seguridad de la UE» y ha acusado al Gobierno de tener «agonizando sin ayuda» a Canarias, Ceuta y Melilla. En paralelo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha anunciado que incumplirá la ley de asilo y fletará autobuses a Bruselas con inmigrantes, sumando una pieza más al pulso europeo.

El trasfondo económico es el que menos se discute y el que más pesa. Quienes defienden la inmigración con recursos argumentan que los extranjeros que compran vivienda a tocateja llegan con visado, seguro privado de salud y ahorros que invierten en España, sin generar gasto público desde el primer día. Quienes rechazan el modelo actual sostienen que las llegadas irregulares generan coste inmediato en sanidad, seguridad y servicios sociales. La comparación entre ambos perfiles —y su impacto fiscal real— sigue sin una contabilidad oficial que la desglose.

Lo que queda por resolver​

El plan operativo de Frontex para 2024 sigue sin firmarse al cierre de esta discusión, y Canarias mantiene su petición de comparecer en la Eurocámara. La UE ha dejado claro que no intervendrá sin solicitud formal del Gobierno español. Mientras tanto, hay quien sostiene, a partir de informaciones publicadas, que Marruecos ha vaciado cárceles y empuja a convictos hacia España, y la aerolínea estatal Royal Air Maroc aparece vinculada a los llamados «vuelos patera» que colapsan Barajas.

Con estos mimbres, la pregunta no es si la UE debe tomar cartas en el asunto, sino por qué el Gobierno que presume de gestión europeísta lleva meses sin firmar el papel que activa la ayuda europea. Ironía fina para un Ejecutivo que exige solidaridad a Bruselas mientras deja la puerta de la cooperación cerrada con llave.