España destruirá 40 millones de litros de vino por sobreoferta

España retirará 40 millones de litros de vino para sostener el precio​

España tiene puestas en marcha dos medidas con las que pretende evitar que lleguen al mercado unos 40 millones de litros de vino. No es una metáfora ni un error de cálculo: es la cifra que el sector maneja para evitar que el exceso de oferta llegue al mercado y hunda los precios. Las herramientas son dos, la destilación de crisis y la cosecha en verde, y ambas consisten, en la práctica, en pagar para que ese vino no exista comercialmente. La paradoja tiene su gracia: hace un mes, la sequía iba a arruinar las cosechas de medio país. Ahora sobra uva.

Qué son la destilación de crisis y la cosecha en verde​

La destilación de crisis convierte el excedente en alcohol industrial o en orujo, con una ayuda pública que cubre parte del coste. La cosecha en verde es más drástica: se arranca la uva antes de que madure para que no entre en el circuito comercial. En ambos casos, el objetivo declarado es evitar que la oferta desbordada tire los precios. En ambos casos, el resultado es el mismo: se paga por destruir producto.

El detalle que chirría es quién paga. El agricultor ya ha pagado la uva, la ha procesado y ahora vuelve a pagar por destruirla. Hay quien sostiene que esto es socializar el gasto y privatizar el beneficio: si la apuesta de producción salió mal, la factura se reparte entre todos. La alternativa —vender barato— tendría un efecto inmediato en el bolsillo del consumidor, pero también en el margen del productor. Y ahí nadie cede.

¿Por qué no se vende más barato o se exporta?​

La respuesta corta es que el mercado del vino no funciona como el de las naranjas. Almacenar tiene coste, y no todo el vino envejece bien. Hay vinos que mejoran con el tiempo y otros que se avinagran en el depósito. La idea de guardar el excedente hasta que el mercado lo absorba choca con la realidad de las bodegas: espacio, temperatura, inversión y tiempo. El cálculo más optimista asume que el excedente se coloca en mercados internacionales; el escenario pesimista parte de que esos mercados ya están cubiertos y que abrir uno nuevo exige años de trabajo comercial.

Sobre la exportación hay un matiz que casi nadie menciona: España produce mucho y, en muchos casos, bueno. El problema no es la calidad, es el volumen. Los consejos reguladores deciden cada año qué producción entra en las denominaciones de origen y qué queda fuera. Lo que no entra en DOP se vende a granel, a precios que a veces no cubren ni la vendimia. Y ahí es donde el agricultor pierde dinero dos veces: una por pagar la recolección y otra por aceptar un precio que no compensa.

El patrón se repite: aceite, plátano, verduras​

El vino no es un caso aislado. Hay quien sostiene que el mismo mecanismo se aplica al aceite de oliva, al plátano de Canarias y a buena parte de la producción hortofrutícola. Cuando la oferta se dispara, se retira producto para que el precio no caiga. Hay quien compara la lógica con la de las eléctricas que vacían pantanos: se altera la oferta para alterar el precio. La diferencia es que aquí el producto es comida.

Hay quien lo llama ecosostenibilidad y quien lo llama despilfarro. Lo cierto es que en temporada, y si conoces a agricultores que viven de ello, puedes comer gratis mientras el producto se pudre en el campo porque recolectarlo cuesta más que dejarlo para abono. Con el vino el proceso es más lento —la uva ya está recogida y procesada— pero el resultado final es el mismo: litros que no llegan a ninguna mesa.

El negocio de la escasez artificial​

La crítica más repetida apunta al corazón del sistema: el mercado solo gusta cuando sube. Si el precio cae, se interviene; si sube, se deja hacer. Es la mano invisible, pero con guante de seda para los que ya están dentro. Desde esta óptica, destruir vino para sostener precios no es capitalismo ni socialismo: es lo que siempre se ha hecho cuando el negocio amenaza con dejar de serlo.

La defensa del sector es más prosaica. Sin esas medidas, el precio del vino se desplomaría, las explotaciones menos competitivas cerrarían y el tejido rural se vaciaría un poco más. El consumidor pagaría menos hoy y más mañana, cuando quedaran cuatro productores. Es el argumento clásico de la intervención: proteger el futuro a costa del presente. Que funcione o no depende de a quién le preguntes.

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Con estos números, lo razonable sería que el vino español inundara los mercados internacionales a precio de saldo. No ocurre. Y mientras tanto, 40 millones de litros esperan su destino: alcohol industrial, orujo o, simplemente, el olvido.