La burbuja de la sanidad explotará: médicos y funcionarios en pánico

La IA contra la sanidad: quién sobrevive al ajuste​

Un dentista que acaba limpiando dientes. Un cirujano reemplazado por un robot que no se cansa, no se deprime y no cobra guardias. La tesis que recorre el debate es que la inteligencia artificial no va a llegar solo a las fábricas: va a entrar en la consulta, en el quirófano y en la ventanilla del funcionario. Y que los profesionales que llevan décadas inflando precios y arrogancia van a descubrir que su título no los protege. La discusión, con 139 respuestas acumuladas a lo largo de casi dos años, ha pasado de la burla al matiz: hay quien ve una revolución inminente y quien recuerda que llevamos un siglo escuchando lo mismo.

El diagnóstico ya lo hace una máquina​

El argumento más repetido es que la IA ya supera al médico medio en lo que este hace la mayor parte del día: leer historiales, cruzar síntomas, interpretar pruebas. Un bot tiene acceso a todo el expediente, a la literatura científica publicada y a los datos de salud de la familia del paciente; no se cansa, no se distrae y no tiene el mal día que tiene cualquiera. Quien haya sufrido a un mal médico sabe de lo que se habla.

La respuesta desde la otra trinchera es que el diagnóstico es la parte fácil. Lo difícil es el resto. Detectar que un paciente miente cuando dice que se toma las gotas, oler el alcohol en el aliento a las diez de la mañana, notar que alguien dice encontrarse bien mientras su mujer lo mira con preocupación. Eso no sale en ninguna analítica. La enfermedad, se argumenta, rara vez es blanco o negro; casi siempre es un espectro de grises que exige un humano delante.

¿Cuánto tarda la IA en sustituir a un médico?​

Aquí el debate se parte. Un bando sostiene que no pasarán ni cinco años antes de que la mayoría de los trabajos de cuello blanco, incluidos los sanitarios, estén en la picota. El otro recuerda que llevamos una década oyendo que los camiones y autobuses se conducirían solos y siguen necesitando conductor. Que la realidad virtual iba a cambiarlo todo y quedó en anécdota. Que las baterías milagrosas llevan años anunciándose y aún no han llegado.

La explicación que se da a esa lentitud no es técnica, sino económica y política: la mayor parte de los trabajos no existen por necesidad de producción, sino como excusa para distribuir rentas. Los notarios y registradores podrían haber desaparecido hace un siglo con un registro de fe pública y ahí siguen, cobrando por trámites que un sistema informático resolvería en segundos. Si eso no ha caído, ¿por qué iba a caer la consulta?

El Estado que sostiene la burbuja​

El mensaje inicial apunta directamente al sector público: el Estado protege a los ineficaces porque cada empleo público es un voto. La crítica se extiende a los funcionarios en general, con un cálculo que circula sobre el peso de cada colectivo dentro del empleo público: docencia y universidad sumarían más de una cuarta parte del total, sanidad en torno a una quinta parte, y justicia, seguridad y defensa juntos quedarían por debajo. La universidad, se añade, dedica uno de cada tres puestos a administración y servicios.

Frente a eso, la defensa del empleo público no discute la eficiencia: discute qué se hace con la gente. Si la IA puede sustituir a un tercio de la plantilla, ¿dónde se mete al resto? La respuesta que se da desde el pragmatismo es que mejor tenerlos empleados, pagando IRPF y consumiendo, que engrosando las listas del paro en una economía que, se sostiene, no produce nada y vive de un circuito interno de dinero público.

El responsable legal siempre será humano​

Uno de los argumentos más sólidos contra la sustitución total no es técnico ni económico: es jurídico. A un robot no se le puede denunciar. Siempre hará falta un responsable legal, y ese responsable será una persona. La empresa fabricante no va a asumir el riesgo reputacional y financiero de un fallo de su sistema pudiendo descargarlo en un supervisor humano, barato y reemplazable.

La contrarréplica es que ese supervisor humano es una figura decorativa. Poner a alguien a vigilar un sistema que no entiende es como poner a un mono a supervisar un trabajo que no comprende. La supervisión real, se argumenta, vendrá por auditoría de código y cámaras, con empresas independientes de la dueña del bot, no con una persona sentada en una silla mirando una pantalla.

El coste del diagnóstico y la letra pequeña​

La promesa de una sanidad más barata y precisa choca con un detalle que casi nadie menciona: la ley de rendimientos decrecientes también se aplica al diagnóstico. No te van a hacer una resonancia de cuerpo completo porque te pique la oreja. Con la IA, se sostiene, se harán incluso menos pruebas, solo cuando el rendimiento diagnóstico sea alto, por pura eficiencia económica.

Y ahí aparece el escenario incómodo: en la sanidad privada, la IA dirá que hay un uno por ciento de probabilidad de una enfermedad chunga, que las pruebas necesarias quedan fuera de la póliza por no alcanzar el umbral establecido y que el paciente decide si las paga de su bolsillo. La tecnología abarata el diagnóstico, pero no necesariamente el acceso.

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El escenario que dibuja el bando optimista es seductor: la ambulancia llega antes, el accidentado va directo al quirófano, la operación dura minutos y la recuperación se monitoriza sin un solo error humano. Ni cansancio, ni estrés, ni depresión, ni pasotismo. Comparado con lo que hay, el salto parece evidente. La pregunta que queda sin responder es quién paga la factura de ese sistema, quién asume el fallo cuando lo haya y qué pasa con los millones de personas cuyo trabajo consiste, precisamente, en ser el humano que sobra.