La fiscalia quiere imputar penalmente a mazon y sus altos cargos por su gestion criminal de la dana :)

La Fiscalía avala investigar a Mazón por la gestión de la dana​

La Fiscalía de Valencia quiere que los tribunales investiguen cuanto antes la responsabilidad penal de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, por su gestión de la dana que el 29 de octubre causó 223 muertes y decenas de miles de damnificados en la provincia de Valencia. El ministerio público ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acordó acumular en una sola causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra él. Y entre los papeles aparece un detalle que no ayuda: una de las querellas sostiene que el president pasó varias horas del mediodía de ese 29 de octubre comiendo en un restaurante de la capital.

Por qué la Fiscalía pide una única instrucción para las siete querellas​

El escrito, firmado por la fiscal María José Montesinos de Lago, califica de «más que razonable» una instrucción única dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la pluralidad de autoridades denunciadas, la dificultad previsible de la investigación y el ingente número de perjudicados, testigos y peritos. Traducido: el caso es demasiado grande para repartirlo. Bajo todas las denuncias, añade, subyace la misma atribución de hechos, «con independencia de las distintas calificaciones jurídicas».

De esas siete, seis señalan a Mazón o a Salomé Pradas, exconsejera de Interior y Justicia. Solo una pide investigar a cualquier otra autoridad en la que, como consecuencia de las pesquisas, se observe responsabilidad penal. Una de las querellas de la CGT apunta además al director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla, y al secretario autonómico Emilio Argüeso.

Qué delitos se atribuyen y el matiz que mete la propia Fiscalía​

Las acusaciones atribuyen a Mazón y a Pradas prevaricación, lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores, por no adoptar decisiones que, a su parecer, habrían evitado o mitigado el resultado. Todas mencionan la desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas y el aviso que Aemet elevó a nivel rojo en Valencia ese mismo martes.

Aquí llega el punto incómodo para los querellantes. La Fiscalía habla de una «genérica relación causa/efecto» con una atribución de responsabilidad criminal «de naturaleza objetiva», verificada en atención exclusiva al resultado y al margen de la intervención concreta de cada denunciado, que a día de hoy «no consta singularizada». Dicho de otro modo: el reproche está claro, la cadena individual de culpas todavía no. Y esa diferencia, en un juzgado, pesa más que cualquier titular.

El aforamiento que aparca la imputación de Mazón​

Mazón es aforado ante el TSJCV, competente para investigar e imputar al president si hubiera indicios. La Fiscalía sostiene que la investigación no arranca ahí: las acusaciones deben esperar a que un juzgado de instrucción complete las pesquisas sobre la intervención o la inacción de cada querellado y, solo si aparecen indicios suficientes contra Mazón, eleve una exposición razonada al Alto Tribunal valenciano para que decida.

Mientras la vía judicial ordena sus papeles, la política ya hizo su jugada: VOX votó en contra de la reprobación y la dimisión de Mazón en las Corts Valencianes, en votación secreta, salvando al president de un varapalo que otras fuerzas daban por hecho. El episodio lo resume una frase que circuló sobre la sesión: salvar al soldado Mazón.

Puede que la clave del caso no esté en las 223 muertes, sino en un número más pequeño: de siete querellas acumuladas, seis apuntan a las mismas dos personas. La séptima, la única que no señala a nadie en concreto, es la que puede decidir hasta dónde llega el caso.