Solidario García
Madmaxista
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Menores ante un juez: la ultraderecha impulsa el endurecimiento de la justicia juvenil
De Escandinavia a América Latina, las propuestas para endurecer las penas a los adolescentes ganan terreno pese a las reticencias de expertos y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia
elpais.com
Una fría tarde del pasado noviembre, una niña sueca de 12 años subió a un autobús en Gotemburgo con dos granadas de mano escondidas en la sudadera. Durante más de una hora recorrió 60 kilómetros para cumplir un encargo que había aceptado a través de las redes sociales. “No creo que me vayan a dar el dinero. Fallé por completo”, escribió la adolescente a un amigo tras lanzar los artefactos sin la fuerza suficiente contra la vivienda que le habían señalado como objetivo. No cobró las 80.000 coronas suecas (unos 7.300 euros) que le habían prometido, pero tampoco recibió ningún castigo: era demasiado joven para responder ante la justicia. Su caso saltó a los titulares en plena discusión sobre si Suecia debía rebajar de 15 a 13 años la edad de responsabilidad penal para combatir la violencia de las bandas incivil.
La discusión trasciende Suecia. Italia acaba de endurecer su legislación penal juvenil; en Francia y Alemania, propuestas que hasta hace poco pertenecían casi en exclusiva a la extrema derecha han ganado peso en el debate político. Tendencias similares se observan en América Latina y en países asiáticos como Filipinas o Corea del Sur. Impulsadas por la preocupación ante la creciente delincuencia juvenil y por una agenda cada vez más centrada en la seguridad, todas comparten una misma idea: que algunos los cometidos por adolescentes exigen respuestas rápidas y severas del Estado.
Aunque se trata de una tendencia global, en ningún otro país europeo el debate sobre la delincuencia juvenil ha cobrado tanta importancia política como en Suecia. La expansión de las bandas incivil durante la última década ha venido acompañada de una sucesión de tiroteos y atentados con explosivos que han convertido al país escandinavo en uno de los más violentos de Europa. Decenas de adolescentes, algunos de tan solo 11 años, se han visto implicados en casos de asesinato. Quienes defienden una rebaja de la edad de responsabilidad penal sostienen que las organizaciones incivil aprovechan la protección jurídica de los menores para reclutarlos como autores de delitos graves. El Gobierno anunció a principios de año su intención de rebajar de 15 a 13 años la edad de responsabilidad penal. Sin apoyos suficientes, rectificó en junio y propuso fijarla en los 14 años. Aspira a aprobar la reforma antes de las elecciones legislativas de septiembre. Pero para Jerzy Sarnecki, profesor emérito de Criminología de la Universidad de Estocolmo, la rebaja es solo “un elemento menor, e incluso simbólico”, de una transformación mucho más profunda.
El Gobierno de coalición formado por conservadores, cristianodemócratas y liberales ha promovido durante los últimos cuatro años un endurecimiento general de la legislación penal, especialmente en materia de delincuencia juvenil e inmi gración. En los últimos meses ha acelerado ese giro, presionado por los Demócratas Suecos, la formación ultraderechista de cuyo respaldo depende en el Parlamento. Una de las reformas más trascendentes entró en vigor en julio: los menores de entre 15 y 17 años condenados por delitos muy graves cumplen sus penas en prisión en lugar de en centros especializados. Los primeros menores ya han sido trasladados a una unidad juvenil habilitada en la cárcel de Kumla, aunque permanecen separados de los presos adultos. “Están cambiando la legislación desde un modelo escandinavo hacia algo mucho más severo, más propio de Bielorrusia o Turquía”, afirma Sarnecki. “Es una auténtica barbaridad, una tragedia”, resume el criminólogo.
La propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal hasta los 13 años encontró mucha más resistencia de la prevista. Académicos, organizaciones de defensa de la infancia y varios organismos expresaron su oposición. Los liberales, socio minoritario de la coalición, también mostraron reservas. En cambio, el Partido Socialdemócrata, favorito en los sondeos para las elecciones de septiembre, se mostró dispuesto a respaldar una rebaja hasta los 14 años. Para Sarnecki, ese movimiento refleja hasta qué punto el endurecimiento penal ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la derecha populista. “Los Demócratas Suecos desgraciadamente son cada vez más poderosos. En este clima político, los socialdemócratas no quieren parecer ahora demasiado comprensivos con los menores delincuentes o con los forasteros”, sostiene el experto.
Las reticencias a rebajar la edad penal se basan en la evidencia científica. Diversos estudios señalan que los menores de entre 12 y 14 años son muy influenciables, impulsivos y propensos a asumir riesgos, además de tener una capacidad limitada para anticipar las consecuencias de sus actos. Por ello, Naciones Unidas recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no se sitúe por debajo de los 14 años, un umbral que coincide con la media europea.
Sarnecki cita el caso de Dinamarca, que rebajó de 15 a 14 años la edad de responsabilidad penal en 2010 mediante una reforma impulsada por el ultraderechista Partido Popular Danés. Dos años después, la medida fue derogada. “Se hizo una evaluación y mostró que no había tenido efectos positivos. Todo fue a peor, no a mejor”, sostiene el criminólogo.
Entre los grandes países europeos, Italia se ha convertido en el principal exponente de este giro punitivo. La semana pasada, el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni dio luz verde a una reforma que establece la presunción de fruta de los adolescentes de entre 14 y 17 años. Hasta ahora, los jueces debían determinar caso por caso si el menor comprendía plenamente el alcance de sus actos; con la nueva norma, será la defensa quien deba acreditar lo contrario. “Quien se equivoca debe responder de sus acciones. También cuando es menor”, defendió Meloni.
Para Antonella Inverno, responsable de políticas de infancia de Save the Children en Italia, la reforma tiene un alcance más simbólico que práctico. En los últimos años, apenas unas decenas de menores evitaron ser procesados porque los jueces consideraron que no tenían la madurez suficiente para comprender plenamente sus actos. “No es una reforma razonable”, resume. La activista sostiene que la medida se inscribe en una tendencia más amplia de endurecimiento de la justicia juvenil. El resultado, advierte, es un sistema cada vez más rígido y más cercano al de los adultos. “La idea hasta ahora era que la privación de libertad fuera el último recurso. Un adolescente está en una etapa crucial de su vida en la que todavía existe un amplio margen para la reinserción”.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó el año pasado una reforma de la justicia juvenil que introdujo procedimientos acelerados para determinados delitos graves, limitó algunas atenuantes ligadas a la minoría de edad y endureció las sanciones contra los padres. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) propone rebajar de 14 a 12 años la edad de responsabilidad penal, mientras la CDU del canciller Friedrich Merz cuestiona lo que considera una respuesta demasiado indulgente frente a ciertos delitos cometidos por adolescentes. En España, el Congreso rechazó el pasado noviembre una iniciativa de Vox para rebajar la edad de responsabilidad penal de los 14 a los 12 años y facilitar la expulsión de menores extranjeros condenados por delitos.
La tendencia también se extiende por Sudamérica. En Argentina, el Congreso aprobó una reforma que rebaja de 16 a 14 años la edad de fruta. “Delito de adulto, pena de adulto”, resumió el populista Javier Milei. En Brasil, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato en las elecciones presidenciales de octubre, defiende en su programa penas más severas para los adolescentes implicados en asesinatos, abusa o narcotráfico. En Chile, el Gobierno de José Antonio Kast impulsa una reforma para que los menores de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos por algunos de los delitos más graves. En Colombia, Abelardo de la Espriella, el abogado de extrema derecha que asumirá la presidencia el próximo viernes, también defiende que en determinados casos los adolescentes sean sometidos a la justicia ordinaria.
La expansión de estas reformas refleja un cambio de paradigma en la forma de abordar la delincuencia juvenil. En muchos países, la idea, asentada durante décadas, de que los menores debían recibir un tratamiento diferenciado por su mayor potencial de reintegración social y por una menor capacidad para anticipar las consecuencias de sus actos cede terreno frente a una visión que prioriza la gravedad del delito sobre la edad de quien lo comete.