La Universidad de La Rioja podría expulsar hasta 3 años a los alumnos del chat por expresiones como "están buenísimas" y "partir ropa interior"

La Rioja abre expediente a los alumnos del chat por sus mensajes​

Un chat privado no debería obligar a nadie a rendir cuentas ante una universidad. La Universidad de La Rioja ha abierto un expediente informativo contra varios alumnos por lo que escribieron en uno de WhatsApp, y la horquilla de castigo —de 2 meses a 3 años de expulsión— ha convertido un asunto de estudiantes en un pulso sobre dónde termina la intimidad y dónde empieza el control del discurso. La onda expansiva arrancó con una difusión mediática a cuenta de un mensaje en redes de una cadena generalista, y ya no ha dejado de crecer.

Qué se les atribuye y qué castigo se plantea​

Los hechos, en la versión publicada, son acotados. Un grupo de alumnos que, según una de las reacciones públicas, serían futuros profesores de educación primaria, intercambió comentarios soeces sobre mujeres en un chat de WhatsApp. Entre las expresiones señaladas hay una que acabó convertida en titular: «hay que partirles las bragas». Según quienes defienden a los alumnos, en lo difundido no hay ninguna amenaza concreta, ningún plan ni una víctima identificada.

Lo que sí hizo la propia universidad fue habilitar un buzón para quien quisiera aportar información o formalizar una denuncia, con una dirección de correo del área de igualdad e inclusión. El gesto, leído como institucionalización del escrache, encendió todavía más los ánimos. El expediente informativo es el paso previo a cualquier sanción: no decide nada por sí solo, pero abre la puerta a que la decisión final la tome otro.

Del expediente al veto para ejercer de maestro​

La reacción no se quedó en el castigo académico. La petición de que la sanción fuera más lejos llegó desde el terreno político: «Más que expediente informativo debería prohibirse el que sean futuros profesores de educación primaria», escribió en redes Puri Gonzalo. El argumento de fondo —que quien escribe eso no debería tener un aula delante— empuja a pedir consecuencias de por vida, no un simple correctivo temporal.

Ahí aparece la primera grieta seria del caso. Un expediente universitario se resuelve con semanas de suspensión o, en el extremo, con la expulsión del centro. Un veto profesional es otra cosa: afecta al título, a la colegiación futura y, en la práctica, a la carrera entera de unas personas que aún no han terminado de formarse.

El filtrado del chat y el delito que nadie persigue​

El punto que más incomoda no es lo que se escribió, sino cómo salió a la luz. Difundir conversaciones de un grupo privado podría constituir, según se sostiene en el hilo, revelación de secretos, con la protección de datos como telón de fondo. Hay quien sostiene que la multa por incumplir la normativa podría alcanzar los 20 millones de euros, y que ahí está el delito de verdad, no en las palabras de unos chavales. La paradoja es incómoda: se abre expediente a quien escribió mientras la filtración, el origen de todo, sigue sin responsable señalado.

En el hilo se sostiene que lo difundido no permitiría hablar de amenazas planificadas ni de un delito de los que alarman de verdad. Lo que se sostiene es que se ha convertido un exabrupto de grupo en una causa general.

La denuncia de infiltración que reescribe el caso​

El guion dio un vuelco con una acusación difundida en redes: una alumna del chat habría denunciado que periodistas del entorno de Moncloa se infiltraron en su WhatsApp, manipularon la conversación y que los señalados son amigos suyos. Se trata de una versión no verificada y sin resolución conocida, pero ha bastado para que el foco mediático se apague de golpe. Es la clase de giro que convierte un escándalo en un problema para quien lo promovió.

«1984», la Stasi y el puritanismo 2.0​

Alrededor del caso se ha ido montando un relato más amplio, el del control del discurso en la red. Se cita el precedente de unos cánticos en un colegio mayor que también acabaron en portada, y en el hilo se sostiene que el Foro Económico Mundial lleva tiempo reclamando más poderes a los Estados para controlar lo que circula en la red. La comparación con la Stasi y con la Alemania del Este sale a relucir cada pocos mensajes; la de la Inquisición, también. Y en medio, una ironía recurrente: la inversión pública en políticas de igualdad, cifrada en 20.000 millones de euros en un mensaje, mientras el debate real se libra sobre un grupo de WhatsApp.

El nombre de la discordia. Lo que unos ven como higiene democrática —castigar comentarios machistas— otros lo leen como el primer paso de un sistema que juzga lo que se dice en privado.

A fecha de esta discusión, ni la universidad ni nadie ha resuelto nada: el expediente sigue abierto, la autoría de la filtración sin aclarar y las sanciones sin concretar. Con ese cuadro, la previsión más prudente es que la institución no mueva ficha hasta que baje el ruido. Aunque, visto cómo se está calentando la conversación pública, lo raro sería que bajara.