La Xunta de Galicia pagará el carné de conducir a los forasteros regularizados por Sánchez

Galicia pagará el carné de conducir a los migrantes regularizados​

La Xunta de Galicia sufragará el carné de conducir de las personas migrantes que regularicen su situación al amparo del proceso abierto por el Gobierno central. El anuncio ha corrido por redes sociales antes que por boletín oficial, y con él ha vuelto la discusión de siempre: quién paga la formación de quien aspira a un empleo en España. El fondo económico es sencillo: un permiso B ronda el millar de euros y alguien tiene que ponerlos. No consta todavía el volumen de beneficiarios que entrarían en la medida.

Qué cubre la ayuda y cuánto cuesta cada carné​

El cálculo que se repite sitúa el coste por alumno por encima de los 1.000 euros, sumando matrícula, clases prácticas, tasa de tráfico y examen. Multiplicado por un volumen alto de beneficiarios, la partida deja de ser calderilla. Hay quien añade que el permiso de camión, bastante más caro, podría entrar en el mismo paquete; de momento es una conjetura, no un compromiso.

Donde el asunto se encona es en la letra pequeña. Se sostiene que las inscripciones no se harán en cualquier autoescuela, sino en un puñado de centros autorizados por la administración. Esa sospecha —que los centros elegidos tengan lazos con cargos públicos— circula sin prueba documental alguna y conviene tratarla como lo que es: una acusación sin verificar.

Granada lleva cinco años con un cartel parecido​

La medida gallega no es un experimento aislado. Se recuerda que Granada tiene colgado un cartel similar desde hace alrededor de cinco años, y se apunta que Murcia aplica una fórmula equivalente. La novedad no está, por tanto, en el instrumento, sino en quién lo firma: una comunidad gobernada por el Partido Popular.

Ese detalle es el que descoloca a buena parte del público. Si el PP denuncia en Madrid el gasto en políticas migratorias, ¿por qué en Galicia lo ejecuta? La respuesta que se da en los mentideros es la menos épica de todas: movimiento de dinero hacia las autoescuelas locales y una medida que se vende como gestión activa.

¿Quién paga de verdad el carné?​

La administración no tiene caja propia. Cada carné subvencionado sale de los presupuestos autonómicos, es decir, de impuestos. Ese es el punto que más irrita: la sensación de que el contribuyente financia una formación que a él le costó pagar de su bolsillo, con exámenes repetidos de por medio.

Frente a eso, la otra lectura es laboral. España arrastra un déficit de conductores y las empresas no encuentran gente dispuesta a subirse a un camión por el salario que ofrecen. Formar mano de obra extranjera sería, desde este prisma, la salida más barata a un problema de oferta.

PP y PSOE, la tesis de los socios gemelos​

Buena parte del descontento no va contra el migrante, sino contra la política. La idea que se repite es que populares y socialistas gestionan lo mismo con distinto marketing, y que la alternancia no cambia el fondo del gasto ni las reglas del juego.

Con esa premisa, la medida gallega se lee como una pieza más de un mismo engranaje: unos traen la mano de obra y otros la colocan, ninguno pregunta al pagano quién firma el cheque.

Con los precedentes de Granada y Murcia sobre la mesa, lo previsible es que la fórmula se extienda a otras comunidades y que el debate se repita palabra por palabra. Cabe la posibilidad, eso sí, de que el coste real quede muy por debajo del millar de euros por persona que hoy se baraja. Hasta que la Xunta publique cifras y concrete el listado de centros, todo lo demás es ruido.