Los chavales de la periferia de Madrid ya no pueden comprar un coche de segunda mano y usarlo para trabajar en Madrid

El coche viejo ya no abre la puerta de Madrid​

¿Se puede todavía comprar un coche de segunda mano barato y usarlo para trabajar en Madrid? Desde que se agotó el periodo de aviso, la respuesta depende de tres cosas: la etiqueta ambiental del vehículo, el padrón del titular y 257 cámaras. Los turismos con clasificación ambiental A cuyos dueños no estén empadronados ni abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en la ciudad y entren en la M-30 o en el interior de la vía de circunvalación son sancionados si el sistema los capta. Para miles de trabajadores que viven fuera de la capital, eso es el final de una forma de ganarse la vida.

Tres millones de vecinos viven fuera de Madrid​

Tres millones de personas viven en la Comunidad de Madrid en municipios que no son la capital. El dato ordena todo el asunto: no hablamos de un puñado de conductores nostálgicos, sino de una masa de población que duerme en el extrarradio y trabaja dentro de la almendra central. La vivienda empuja hacia fuera y el transporte público no siempre compensa.

Los tiempos lo demuestran. Moverse entre dos zonas de Madrid puede costar una hora. Salir de una ciudad dormitorio estira el trayecto entre una hora y media y dos horas, vayas en coche o en autobús. Y aparece el reproche incómodo: quien ya se mudó al centro y pagó su cuota de esfuerzo no ve por qué debe solidarizarse después con quien se quedó fuera.

El coche de segunda mano era el ascensor social​

Durante unas seis décadas, la secuencia fue casi un rito: ahorrar algo de dinero, comprarle a un particular un coche de quince o veinte años, entrar con él al primer trabajo serio y llevar a la primera novia a los sitios de moda. El vehículo no era lujo, era la llave. En la jerarquía del instituto, el que tenía una moto, aunque fuera cutre, se llevaba la atención de todas.

Ahora se sostiene que esa puerta se cierra y que el resultado es una condena a quedarse fuera de casi todo: del empleo bien pagado, de la vida social del centro y de la independencia que da un coche propio. La memoria, eso sí, matiza el relato. Circular a diario hacia Madrid siendo joven nunca fue barato ni sencillo: exigía parking, sueldo y aguante, y quien lo hacía solía tener un cacharro de segunda mano o una familia que lo respaldaba.

La trampa del criterio de emisiones​

Aquí se cruza un argumento que circula con insistencia: el criterio técnico no siempre distingue lo que dice distinguir. Un BMW declara 233 gramos de CO2 por kilómetro y puede circular por Madrid. Un Opel con 155 gramos por kilómetro, menos, no. La etiqueta ambiental no mide las emisiones reales de cada trayecto, sino la tecnología del motor y su fecha de homologación: un coche más viejo y más limpio de gases puede quedar fuera mientras otro más potente y más moderno entra sin problema.

De ahí salta la acusación de fondo: que el objetivo no es el aire, sino reducir el número de coches humildes en el centro. La respuesta de quien defiende la norma es la contraria: sin restricciones no hay manera de bajar la contaminación ni de cumplir los compromisos climáticos. Un dato que zanje el desacuerdo no aparece por ningún lado.

Cumplir la norma sin multar: lo que hacen otras ciudades​

En otras ciudades el conflicto se ha resuelto por la vía política. Donde gobiernan el Partido Popular y VOX, algunas zonas de bajas emisiones se han desactivado o se han quedado sin sanción efectiva, y en una capital gobernada por VOX la ZBE se aprobó sin sanciones. Traducción: la norma puede existir en el papel y no aplicarse en la práctica.

A eso se suma el argumento competencial. Bastaría, dicen, con declarar zona de bajas emisiones unas pocas calles del centro para cumplir lo exigido, y restringir todo el término municipal iría más allá. El artículo 139.2 de la Constitución, que garantiza la libertad de circulación por todo el territorio nacional, se invoca en ese contexto. También hay quien apunta al juego de culpas: si algo sale bien es mérito de la presidenta y si sale mal, del alcalde.

Las salidas que se barajan: patinete, moto y titularidad ajena​

Las soluciones que se comentan van de lo razonable a lo ocurrente. El transporte público, el patinete y la moto como fórmulas para esquivar la hora punta de un atasco eterno. Poner el coche a nombre de un familiar para que las multas lleguen a otra dirección. Y una advertencia que se lanza en voz alta: que las grúas podrían negarse a asistir a según qué vehículos por el riesgo que entrañan.

Mientras, se cuecen normas que aún no han llegado. En Francia el limitador inteligente de velocidad es obligatorio en los vehículos a partir de 2025, y en España se espera algo parecido. Si el acelerador acaba gestionado por un algoritmo, el problema dejará de ser dónde aparcar y pasará a ser cuánto se puede correr.

El coche de quince años sigue arrancando a la primera. Solo que ahora, además de ahorrar para comprarlo, hay que ahorrar para pagar las multas de ir a trabajar con él.