Los funcis empiezan a abandonar málaga, hicieron caso a los tapayoguristas y ahora no tienen nada y no son felices

Funcionarios sin Málaga: la ventana de compra que se cerró en 2022​

¿Cuánto hay que ganar para vivir en Málaga sin firmar una hipoteca perpetua? La cifra que se cruza entre quienes siguen el mercado inmobiliario de la costa es incómoda: entre 12.000 y 15.000 euros netos al mes para aspirar a un chalet individual con jardín. Por debajo, la salida más repetida es alquilar por 2.500 euros una casa que, en propiedad, se pagaría con una hipoteca de 1.200 euros durante 29 años. El diferencial no es un dato suelto. Dibuja la línea que separa a quien compró a tiempo de quien ahora mira el mercado desde fuera, y los primeros en notarlo son los sueldos medios.

Málaga, Ibiza y Mallorca: las plazas donde la vivienda expulsa a los nativos​

El diagnóstico que se repite es que estas ciudades han dejado de ser un mercado laboral para convertirse en un mercado de activos. La demanda que tira de los precios no es la del vecino de al lado, sino la de compradores con capacidad de pago muy por encima de la media local y de propietarios que acumulan varias viviendas vendidas al mejor postor. El resultado: la juventud que nació allí se va empujando cada vez más hacia la periferia mientras el centro se convierte en escaparate.

No todo el mundo lo ve igual. La versión más optimista sostiene que el mercado es una criatura que se expande: las zonas tensionadas seguirán tensionadas, pero el teletrabajo está reactivando municipios de interior y creando focos nuevos donde antes no había nada. Las grandes plataformas logísticas, cuando abren un centro, generan alrededor un tejido que tira de la demanda. La réplica llega sola: eso no arregla la costa, solo traslada el problema un poco más adentro.

¿Por qué un funcionario no puede pagar Málaga?​

Porque el salario público no ha seguido el ritmo del precio residencial en las plazas costeras. La nómina de un profesor o de un médico desplazado, que en provincias permite llevar una vida acomodada, se queda corta cuando la vivienda se come el sueldo. La comparación que se ha puesto encima de la mesa es dura: con 7.000 u 8.000 euros netos al mes, en Málaga se vive como vive un asalariado corriente en el interior.

De ahí que la decisión familiar se haya vuelto geográfica. Quien tiene una plaza fija en una ciudad tensionada puede pedir el traslado y marcharse a un sitio donde el mismo sueldo compra tranquilidad. En el análisis más frío, el talento se diluye y solo se queda quien puede resolver el alojamiento con apoyo familiar o con una herencia.

La ventana de compra 2015-2022 y el discurso del alquiler​

Aquí aparece la tesis más repetida del asunto: quien compró vivienda en la costa entre 2015 y 2022 acertó, y quien no lo hizo paga ahora la factura. Durante casi una década, el consejo que se difundió fue el contrario: que alquilar era lo moderno, lo saludable y lo que hacían los países civilizados. Solo los desconfiados preferían tener un techo propio.

Según esta lectura, el error no fue solo económico, sino cultural. La consecuencia es que una parte del funcionariado desplazado se está desplazando otra vez, esta vez hacia Granada, Jaén o cualquier capital donde el precio aún respire. Y con un aviso incorporado: el mismo patrón puede repetirse allí en dos o tres años.

Fianzas de cinco meses y el derecho que no está en el catálogo​

Al margen del discurso, hay un testimonio que retrata el mercado: en Málaga se ha llegado a pedir el adelanto de cinco meses como fianza para firmar un alquiler, según lo que se contaba en el debate. Es el síntoma de una demanda que desborda cualquier filtro, y también una barrera de entrada para quien llega destinado sin arraigo en la ciudad.

El contrapunto jurídico es igual de interesante. La vivienda aparece en la Constitución como principio rector de la política económica y social, no como derecho fundamental. Está en el artículo 47, muy por debajo del catálogo de derechos que se pueden reclamar ante un tribunal. Traducido: el Estado tiene un mandato de gestión, no una obligación exigible de darte techo. Sobre esa distinción se está discutiendo si tiene sentido ofrecer alojamiento público a los funcionarios desplazados, como se hace con las casas-cuarte de determinados cuerpos de seguridad.

Ahí el consenso se rompe otra vez. Unos defienden que sin vivienda asequible no habrá quien cubra las plazas tensionadas. Otros replican que cualquier vivienda protegida sale de impuestos, deuda o inflación, y que se paga quitándoselo a otro.

El cierre​

Con estos diferenciales, la migración de sueldos medios hacia el interior debería ser masiva. Avanza, pero despacio: sigue pesando el escaparate, el clima y esa idea de que Málaga siempre mereció la pena. Queda la ciudad para quien pueda pagarla. El resto, ya lo saben, siempre tiene el campo y la neverita.