Madrileños: llega la 'Policía de las emisiones'

Madrid estrena su 'policía de las emisiones' con multas de hasta 3.000 euros​

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un cuerpo de control de emisiones que ya opera en la ciudad. Los Agentes de Movilidad cuentan con tres estaciones móviles duales capaces de medir en cinco segundos las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, hexano equivalente y oxígeno de vehículos diésel, gasolina y GLP. La medida llega avalada por la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, que la valora positivamente.

El procedimiento es sencillo sobre el papel: si el equipo detecta emisiones por encima de los límites, genera automáticamente un documento con los valores medidos y el vehículo queda obligado a pasar la ITV en un plazo de un mes. Si no lo hace, la sanción oscila entre 750 y 3.000 euros. El artículo 31 de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad permite además a los agentes inmovilizar el vehículo cuando supere los máximos permitidos o cuando los humos dificulten la visibilidad de otros conductores.

Los números que ya maneja el Ayuntamiento​

Desde julio de 2021, los Agentes de Movilidad han examinado 9.944 vehículos en las vías de la capital, principalmente mediante inspección visual. De ellos, 998 (el 10%) superaban las emisiones estipuladas y fueron multados con la obligación añadida de pasar la inspección técnica. Los controles se han desplegado en puestos situados en las principales salidas de la M-30: Pirámides, Virgen del Puerto, Conde de Casal, plaza de José María Soler, plaza de Castilla, Puente de Ventas, plaza de Legazpi, glorieta de Santa María de la Cabeza, puente de los Franceses con la avenida de Valladolid, plaza de Cristo Rey y glorieta de San Vicente.

Los datos más recientes del Archivo de Vehículos de la Comunidad de Madrid, correspondientes a noviembre de 2023, apuntan en la misma dirección: un 8,95% de los vehículos inspeccionados en las ITV madrileñas presentaron defectos graves en el capítulo de emisiones contaminantes. La horquilla entre ese 8,95% y el 10% detectado en calle sugiere que el parque móvil circulante no está tan limpio como la etiqueta ambiental deja entrever.

La ITV ya pasada no blinda al conductor​

Aquí asoma el primer frente de fricción. Buena parte de las críticas no discuten el objetivo ambiental, sino la seguridad jurídica de la medida. El Real Decreto 920/2017 regula la ITV y establece los plazos de la inspección habilitante para circular por las vías públicas. Si un vehículo ya ha superado su revisión periódica, ¿con qué base se le obliga a repetirla por una medición de calle? Hay quien sostiene que la notificación del agente de movilidad carece de validez si el conductor tiene sus revisiones al día, y que la única consecuencia real de no pasar la ITV sería una multa, no una inmovilización.

El contraargumento oficial se apoya en la propia ordenanza municipal, que faculta a los agentes a inmovilizar el vehículo cuando se superen los máximos de emisión, en particular durante episodios de contaminación y mientras no se subsanen las causas del incumplimiento. La discrepancia, por tanto, no es técnica sino competencial: hasta dónde puede llegar un ayuntamiento sobre una materia regulada por normativa estatal.

El diésel y la opacidad: la prueba que no se hace en la ITV​

Un detalle técnico que ha corrido por los comentarios merece atención. En los vehículos diésel, la ITV no mide el CO2: se limita a comprobar la opacidad de los humos. Si la estación móvil del Ayuntamiento mide otros parámetros distintos a los de la inspección reglamentaria, el afectado tendría un argumento sólido para recurrir la sanción, porque le estarían aplicando una prueba que no se realiza en la ITV actual. Es el tipo de resquicio que convierte una multa en un procedimiento administrativo largo y, para la Administración, caro.

A esto se suma la sospecha de selectividad. La crítica más repetida no es que se controle, sino a quién se controla: el temor a que los agentes se ceben con coches viejos y con conductores que no pueden permitirse renovar el vehículo. La etiqueta B no protege de una parada, y el propietario de una tartana puede acabar con miedo a circular pese a tener la documentación en regla. La medida, en la práctica, funciona como un impuesto al vehículo antiguo disfrazado de control ambiental.

De Madrid Central a la policía de emisiones: el giro del relato​

El giro político no ha pasado desapercibido. Quien prometió desmantelar Madrid Central nada más llegar al cargo ahora despliega un cuerpo específico para medir emisiones en calle. La ironía circula en ambas direcciones: los que aplaudían las restricciones cuando las firmaba el equipo anterior ahora las defienden con el mismo entusiasmo, y los que las denunciaban como ataque a la libertad ahora las ejecutan. El argumento de que «todos son iguales» encuentra aquí su enésima confirmación.

La convocatoria de una manifestación motorizada contra Madrid 360 y la Ordenanza de Movilidad Sostenible, prevista para el 4 de febrero de 2024 por parte de la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales, indica que el conflicto no se va a quedar en los foros. La pregunta es si el malestar se traducirá en voto o se diluirá, como ha ocurrido otras veces, en la resignación del conductor que paga y calla.

Lo que el dato de la ITV no dice​

El 10% de vehículos multados en calle es una cifra llamativa, pero conviene leerla con cautela. La muestra de 9.944 vehículos no es aleatoria: se ha tomado en puestos fijos situados en salidas concretas de la M-30, en horarios y condiciones que el Ayuntamiento no detalla. Un parque móvil envejecido, con una edad media que no se especifica, puede arrojar ese porcentaje sin que la ciudad esté contaminada por igual en todos sus distritos.

La propia AEMA-ITV cifra en 575 las víctimas prematuras anuales que evitan las estaciones de ITV a nivel nacional por exposición a partículas, según el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un dato sanitario serio, pero también un argumento que justifica cualquier medida de control, incluida la que genera ingresos. La frontera entre salud pública y recaudación es, en este asunto, deliberadamente borrosa.

Queda por ver si el Ayuntamiento publica los resultados de las mediciones con el mismo detalle con que publica las multas. Hasta entonces, el conductor solo tiene una certeza: si le paran y el equipo marca por encima del límite, tiene un mes para pasar la ITV o le caen hasta 3.000 euros. El resto es interpretación.