Una pensión no contributiva que se fue de viaje: ¿dónde estaba el control?
¿Cómo es posible que una pensión por invalidez no contributiva permita viajar fuera de España más días de los autorizados durante cuatro años? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la retirada de la prestación a una muyer que viajó a Jovenlandia, y la condena a devolver 32.857 euros. Pero el caso no es solo la anécdota viajera: los datos del debate revelan que la unidad familiar ingresaba 73.000 euros anuales, además de los 12.000 de la pensión. Cifras que ponen en cuestión los criterios de concesión y control de estas pagas.
Una familia con ingresos de 85.000 euros y una pensión no contributiva
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado la decisión de la Seguridad Social de retirar una pensión no contributiva de invalidez a una muyer que superó el límite de días fuera de España durante cuatro años seguidos, viajando a Jovenlandia. La sentencia también la obliga a devolver 32.857 euros, cantidad correspondiente a las cuantías cobradas indebidamente. Sin embargo, lo que más llama la atención en el análisis es el perfil económico de la familia: según se desprende de los datos manejados, el núcleo familiar ingresaba 73.000 euros anuales, a lo que se sumaban los 12.000 euros de la pensión. Es decir, 85.000 euros brutos al año. Una renta nada desdeñable que plantea una pregunta: ¿cómo se concedió una pensión por invalidez no contributiva a alguien con ese nivel de ingresos? Los requisitos establecen un límite de recursos, y este caso parece haberlo superado con creces.
El control que no llega: viajes sin supervisión durante años
Más allá de los ingresos, el caso evidencia una laguna en los mecanismos de control. Durante cuatro años, la beneficiaria viajó a Jovenlandia más días de los permitidos sin que saltaran las alarmas. No fue hasta una revisión posterior cuando se detectó la infracción y se procedió a la retirada de la pensión. El debate apunta a que estos casos no son aislados: se sospecha que muchas prestaciones se conceden sin el debido escrutinio, y que los controles posteriores son insuficientes. La propuesta de aplicar inteligencia artificial para cruzar datos y detectar embelecos gana fuerza, aunque el escepticismo sobre su implantación real es alto.
La muyer deberá devolver los 32.857 euros. Según los datos, su familia puede permitírselo sin grandes apuros. Pero la pregunta que queda en el aire es cuántos casos similares siguen sin ser detectados. Y quién responde por los funcionarios que concedieron alegremente la paga.
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