Manual para alquilar piso y evitar inquiocupas

Manual para alquilar piso y evitar inquiocupas​

Poner los suministros a nombre del inquilino es la primera medida de un manual que circula entre propietarios para blindar el alquiler. La tesis es simple: si el agua, la luz y el gas van a nombre del arrendatario, la compañía corta el servicio por impago y el casero no pincha ni corta nada. El debate, sin embargo, se enreda en si eso exime de verdad al propietario o solo traslada el problema unos meses.

El manual que promete reducir al 80% los okupas

El punto de partida es una lista de cuatro medidas. La primera, los suministros a nombre del inquilino. La segunda, cobrar la comunidad aparte para que no entre en el concepto de alquiler y se pueda reclamar aunque el inquilino sea declarado vulnerable. La tercera, alquilar garaje y trastero por separado. La cuarta, contratar un seguro de impago y repercutirlo en la renta. El autor sostiene que solo con la primera medida se evita a más del 80% de quienes quieren ocupar el piso, porque les obliga a tener cuenta bancaria y a domiciliar recibos.

La letra pequeña aparece rápido. Un participante con experiencia directa cuenta que los suministros van por vivienda, no por titular: si hay deuda, la compañía corta y para dar de alta de nuevo hay que liquidar lo pendiente y pagar un alta. Apechugar casi 1.000 euros fue su factura. Otro matiza que la deuda máxima antes del corte es de dos meses en potencias de hasta 10 kW, y que el corte se ejecuta en 20 días naturales desde la emisión de la factura.

¿Se puede reclamar la comunidad al inquilino?

Sobre la comunidad, la discrepancia es total. Una parte sostiene que la comunidad reclama al propietario independientemente del trato con el inquilino, y que el propietario luego reclama a su vez. Otra parte defiende que si se pacta expresamente en el contrato, la cuota ordinaria es un concepto asimilado a renta y se puede reclamar desde el minuto uno. Las derramas extraordinarias quedan fuera de ese pacto. El IBI, en cambio, va siempre a nombre del propietario.

El argumento de fondo es que si la comunidad se mete dentro del pago de la vivienda, el juzgado suspende ese pago cuando el inquilino es declarado vulnerable. Si va aparte, se puede embargar. Ahí está la trampa del manual: la separación de conceptos no es un capricho contable, es una estrategia procesal.

El suministro a nombre del inquilino y el fantasma del ocupa

La discusión derivó hacia un asunto más incómodo: si los recibos están a nombre del inquilino, ese documento puede servirle para acreditar arraigo en un juicio. Un participante lo resume sin rodeos: por unos cuantos recibos de suministro te puedes quedar sin tu vivienda para siempre. La respuesta es que el contrato de alquiler es la prueba de la posesión legítima, y que sin él no hay arrendamiento, solo ocupación.

Otro frente es el tiempo. Dar de alta los suministros tarda entre dos semanas y un mes, y las altas son caras. Saldar la deuda y cambiar de titular es más rápido, pero implica pagar primero y reclamar después. La devolución llega con la sentencia de desahucio, meses más tarde. Mientras tanto, la vivienda sin suministros y sin alquilar.

La criba del inquilino: nómina, avalista y seguro

La parte más práctica del intercambio es la criba previa. Se recomienda pedir la renta con el código de verificación seguro para comprobar en la AEAT que no está falsificada, exigir avalista con propiedades, y no alquilar por debajo de 2.000-2.500 euros netos al mes. Un propietario cuenta que amuebló el piso con 1.500 euros para poder seleccionar mejor y acabó alquilando a la hija de un conocido del barrio, con seguro de impago aprobado.

Frente a eso, la corriente que sostiene que la única manera eficaz de no tener un inquiocupa es no alquilar nada a nadie. Y la que recuerda que el propietario siempre responde ante la comunidad y ante Hacienda, y que reclamar después al inquilino es otra guerra.

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El manual promete reducir a casi cero la posibilidad de que alquilen el piso personas con intención de ocuparlo. Lo que no resuelve es el problema de fondo: en un mercado donde la demanda supera con holgura la oferta, el propietario puede permitirse cribar, pero sigue sin poder echar a quien deja de pagar en menos de un año.