Nos cobran por reciclar la basura: ¿alguien lo entiende?

Pagar por reciclar: el negocio de la basura que asume el ciudadano​

Un ciudadano deja la bolsa de basura junto a una moto aparcada porque le han quitado el contenedor de su acera y no quiere perder el autobús. Otro sostiene que paga la recogida de residuos dos veces: en el IBI y en la factura del agua. Un tercero recuerda que en su barrio una empresa privada pagaba a la asociación vecinal por el vidrio y el cartón, y que con ese dinero se financiaba una feria anual. La escena se repite en toda España: el ciudadano separa, transporta y paga, mientras la gestión del residuo la ejecutan empresas que cobran por hacerlo. La pregunta que recorre el asunto es simple: si la basura tiene valor, ¿por qué el beneficio no llega a quien la genera?

Qué se paga exactamente cuando se paga la basura​

Según un participante, en España conviven dos sistemas. La tasa municipal de basura cubre la recogida del contenedor gris, el que no es reciclable. Los contenedores amarillo, azul y verde funcionan por convenio: los sistemas colectivos creados por los fabricantes —Ecoembes para envases y cartón, Ecovidrio para vidrio, Ambilamp para bombillas, Sigre para fármacos— financian su recogida y pagan a los ayuntamientos por la gestión, según la Ley 11/1997 de envases. El ciudadano, por tanto, no paga directamente por reciclar: paga la tasa de basura y, además, el sobrecoste del envase que ya incluyó en el precio del producto. Ese doble pago es el que indigna.

Hay quien sostiene que el sistema está diseñado para que el ciudadano haga el trabajo gratis —separar en casa— mientras las empresas se quedan el valor del material. El cálculo que circula en el asunto es que las latas se pueden fundir en metal nuevo, el vidrio reutilizar y los restos de comida convertirse en compost, y que ese valor no revierte en quien lo genera. La conclusión que extraen algunos es que el reciclaje doméstico es una externalidad regalada a la industria.

El impuesto al plástico y las bolsas que cuestan el doble​

A la tasa municipal se ha sumado, según un participante, el impuesto al plástico, que se refleja en el precio final de productos envasados y en la hostelería de comida rápida. El efecto se nota en la cesta de la compra: según ese mismo participante, las bolsas de basura cuestan más del doble que un año antes, y en las fruterías de barrio hay verduras que no bajan del euro por kilo. La inflación de los envases se traslada al consumidor, que ya pagaba la tasa. El resultado, según los críticos, es que el ciudadano paga tres veces: la tasa, el impuesto y el sobrecoste del envase.

El argumento oficial es que el impuesto disuade del plástico y financia la transición. El argumento escéptico es que el dinero se queda en la administración sin que el servicio mejore. La prueba que citan los críticos es que el porcentaje de reciclaje real de envases no llega al 25%, cuando la obligación legal de las envasadoras es reciclar el 100%. La brecha entre la obligación y el resultado es el corazón del asunto.

Qué pasa cuando el contenedor desaparece de la acera​

La logística también juega en contra. En algunos barrios se han retirado contenedores de la acera y trasladado a la vuelta de la esquina; en otros, el cambio de modelo de contenedores ha eliminado los puntos de recogida cercanos. El efecto es que el ciudadano que paga el servicio no lo recibe, y la respuesta espontánea es dejar la bolsa donde pille. La tarjeta de acceso al contenedor, que algunas administraciones han anunciado, ha generado rechazo explícito: hay quien avisa de que el contenedor aparecería dañado a la mañana siguiente.

La comparación internacional aparece pronto. En Holanda existe un sistema de devolución de envases con tickets de descuento en el supermercado, y en Nueva York los recolectores informales de botellas se sacan un extra diario sin requisitos administrativos. La pregunta que se lanza es qué pasaría si eso se intentara en España: alta en la Seguridad Social, IVA trimestral, licencia municipal, cursillo de tratamiento de residuos y traje homologado con su 21% correspondiente. La burocracia se come el incentivo.

La basura como negocio que otros ya explotan​

El residuo tiene valor de mercado, y hay quien ya lo captura. En algunos barrios, un somier o un electrodoméstico abandonado desaparece en minutos porque alguien con furgoneta lo recoge para venderlo en la chatarrería. Los recolectores informales de chatarra se sacan, según los cálculos que circulan, cien euros diarios o más. La propuesta que emerge es crear naves de almacenaje donde se pague unos céntimos por lata, vidrio o electrodoméstico, y que los recolectores informales hagan la batida. El sistema actual, en cambio, prohíbe que alguien venga a comprar la basura del ciudadano.

La contradicción es evidente: el residuo vale dinero, pero el ciudadano paga por deshacerse de él y no puede venderlo. El negocio lo capturan las concesionarias, los sistemas colectivos y los recolectores informales que operan al margen. El ciudadano queda en el medio, pagando la tasa y regalando el material.

El fondo del asunto: quién se queda el valor​

La discusión deriva hacia el gasto público y los fondos europeos. Hay quien sostiene que los fondos Next Generation, destinados en teoría a que las pymes se recuperaran de la pandemia, no han llegado a la economía real y se han quedado en chiringuitos, comunidades autónomas y ayuntamientos para puestos improductivos. La conexión con la basura es directa: si el dinero público se gestiona con opacidad, el ciudadano desconfía de que su tasa se use bien.

El cierre del asunto no llega. Unos defienden que el sistema funciona y que separar no cuesta nada; otros responden que si el residuo tiene valor, alguien debería pagar por él. La única cifra que nadie discute es que el ciudadano paga, separa y transporta. El beneficio, en cambio, no aparece en su factura.