Nueva medida de hacienda: si pagas con tarjeta y superas 25000 euros anuales tendrás que declararlo

Hacienda vigilará las tarjetas que muevan más de 25.000 euros al año​

El Gobierno prepara un real decreto que obligará a las entidades emisoras de tarjetas a informar a la Agencia Tributaria de todas las operaciones —abonos, retiradas de efectivo, recargas o compras— que superen los 25.000 euros anuales. La norma, que aún debe redactarse y pasar por consulta pública antes de llegar al Consejo de Estado, afectaría a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago o virtual. El anuncio ha caído como un jarro de agua fría entre quienes llevan años oyendo que el efectivo es sospechoso por defecto.

La letra pequeña del borrador

El texto que se ha filtrado no habla de que el ciudadano tenga que declarar nada. Son las entidades emisoras las que vendrán obligadas a comunicar una serie de datos de aquellas tarjetas que hagan operaciones que superen los 25.000 euros anuales. Es decir, el banco se convierte en el chivato, no el titular. Quien lo ha leído con calma sostiene que el periodista que publicó la noticia «se ha columpiado» o «se explica como un libro cerrado». La confusión entre declarar y ser declarado es el primer malentendido que conviene despejar.

¿Por qué 25.000 euros y no otra cifra?

El umbral no es casual. Hay quien sostiene que 25.000 euros anuales está en el límite de lo que puede gastar una familia media, lo que convertiría a una parte importante de los contribuyentes en objetivo potencial de la declaración informativa. Otros apuntan a que el verdadero objetivo son los usuarios de tarjetas asociadas a bancos extranjeros: miles de personas con cuentas fuera de España que tiran de visa para no hacer transferencias directas desde esas cuentas. Cazar al que gasta desde una cuenta opaca, vaya. La AEAT ya tiene fiscalizado todo lo que pasa por cuentas nacionales; lo que se le escapa está fuera.

El efectivo vuelve a ser el refugio

La reacción más repetida es la de quien decide pasarse al efectivo. «Quizá es tiempo de volver al efectivo todo lo que se pueda», resume una de las posturas más votadas. El problema es que el propio real decreto incluye las retiradas de efectivo entre las operaciones a comunicar: si sacas más de 25.000 euros en el año, el banco también lo cuenta. La paradoja es evidente: el dinero en metálico deja rastro en el cajero, y el que no lo deja es el que se queda fuera del sistema. Alguno ya ha calculado que repartir los gastos entre varias tarjetas de distintas entidades mantiene cada una por debajo del umbral. Ingeniería financiera de andar por casa.

Lo que ya se hace en Euskadi y lo que viene

La medida no llega en el vacío. En Euskadi ya funciona el sistema Ticket BAI, que conecta los TPV con las haciendas forales para controlar el fraude en tiempo real. La idea de fondo es la misma: que cada operación quede registrada y cruzada. Hay quien recuerda que en Alemania no existe límite al pago en efectivo y que el billete de 500 euros fue una imposición alemana para tener un equivalente al antiguo billete de 1.000 marcos. La comparación duele. El proyecto aún no se ha redactado y debe pasar consulta pública antes de ir al Consejo de Estado, así que el calendario real es una incógnita.

La sospecha permanente

El argumento que recorre todo el asunto es el de la inseguridad jurídica. «Hagas lo que hagas siempre serás sospechoso», resume una de las intervenciones más valoradas: tu dinero no es del todo tuyo si tienes que justificar cada movimiento. La obligación de informar recae sobre el banco, pero el efecto práctico es que el contribuyente vive bajo sospecha preventiva. Y mientras unos ven una medida razonable contra el fraude, otros leen el enésimo paso hacia un control total de los pagos. 1984 va llegando, escribía alguien al abrir el asunto.

Con estos mimbres, lo probable es que el texto final suavice el alcance y que la obligación quede en el banco, no en el ciudadano. Pero el umbral de 25.000 euros seguirá ahí, recordando que a partir de cierta cifra, gastar tu propio dinero empieza a requerir explicaciones.