La aeat y el ministerio de hacienda.- fuera de la ley

El Consejo de Estado acusa a Hacienda de «legislar» al margen de las Cortes​

El máximo órgano consultivo del Estado ha reprochado al Ministerio de Hacienda que se arroga funciones que no le corresponden. En su dictamen sobre la tramitación de una norma tributaria, el Consejo de Estado acusa al Fisco de generar «inseguridad jurídica» por legislar mal, mezclar temas inconexos, restringir la participación ciudadana y autoimponerse una urgencia injustificada. La frase clave del dictamen es una palabra: legislar. Y legislar, en un Estado de derecho, es cosa de las Cortes.

El dictamen añade que Hacienda modifica apartados del Reglamento que afectan a elementos esenciales del impuesto sin pasar por el Parlamento. Es decir, según el órgano consultivo, el Ministerio se atribuye la potestad legislativa que la Constitución reserva a la Cámara. La discusión que se ha abierto a partir de ahí va mucho más allá de un defecto de forma: toca el diseño mismo de la Agencia Tributaria, sus incentivos internos y el modo en que trata al contribuyente.

Qué dice exactamente el dictamen del Consejo de Estado​

El dictamen señala varios vicios de procedimiento. Primero, la mezcla de materias dispares en una misma norma. Segundo, la restricción de la participación ciudadana durante la tramitación. Tercero, una declaración de urgencia que el Consejo considera injustificada y que, según su análisis, lleva a cometer errores. Y cuarto, el punto más grave: modificar apartados del Reglamento que tocan elementos esenciales del impuesto sin pasar por las Cortes.

La acusación no es menor. El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno y sus dictámenes no son vinculantes, pero cuando habla de «inseguridad jurídica» está describiendo un problema que afecta a cualquiera que tenga que relacionarse con la Administración tributaria. La seguridad jurídica no es un adorno: es lo que permite saber de antemano qué norma se aplica y con qué consecuencias.

El incentivo perverso: bonus por recaudar más​

En paralelo al dictamen, ha circulado el dato de que Hacienda pacta un bonus de 125 millones de euros con su plantilla a cambio de recaudar más IRPF e IVA. El plan, al que pueden adherirse todos los funcionarios, se cobra en su totalidad si se ingresan 14.675 millones en 2025. La lógica del incentivo es clara: la Agencia Tributaria premia el resultado recaudatorio, no la calidad del procedimiento.

El problema de fondo es que un sistema que paga por recaudar tiende a medir el éxito en euros ingresados, no en derechos respetados. Quien trabaja en la Agencia lo sabe. Un funcionario de la AEAT lo ha expresado sin rodeos: las formas de operar de la agencia con las empresas le parecen «salvajes e impropias», y añade que el bloqueo de cuentas a los investigados paraliza toda su actividad económica antes de que exista condena alguna.

El caso que retrata el sistema: la lista de morosos​

El 23 de diciembre de 2015 el Ministerio de Hacienda publicó su primera lista de morosos. En el número uno apareció un completo desconocido: Agapito García Sánchez. Su caso se ha convertido en el hilo conductor de un documental, Hechos probados, que lo describe como una versión moderna del protagonista de El proceso de Kafka: un ciudadano frente a la maquinaria del Estado y su administración.

La historia sirve para ilustrar algo que el dictamen del Consejo de Estado apunta de forma más técnica. Cuando el procedimiento se degrada, el ciudadano no tiene forma de defenderse. La lista de morosos se publica, el nombre queda fijado y la presunción de inocencia opera, en la práctica, como un formalismo.

La burocracia como industria nacional​

España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año, según los datos que han circulado en la discusión. Entre 1970 y 2016 se aprobaron 41.336 normas estatales, a un ritmo medio de 900 leyes anuales. El Estado y las autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación solo en 2016.

Esa hipertrofia normativa tiene una consecuencia directa: la inseguridad jurídica que denuncia el Consejo de Estado no es un accidente, es el resultado previsible de un sistema que produce legislación en cadena. La comparación que se ha hecho en el debate es reveladora: en España los cargos públicos se forman en Derecho; en China, en ingeniería. El resultado es que un país produce productos industriales y el otro produce legislación.

La respuesta institucional: cartas y defensa organizada​

Frente a este panorama, empiezan a organizarse respuestas. Se ha mencionado la circulación de cartas firmadas por una doctora en Derecho que, según quienes siguen el asunto, influye en los tribunales que examinan a los futuros inspectores de Hacienda. Y se apunta a que por fin alguien prepara una defensa estructurada frente a lo que se considera una actuación administrativa fuera de la ley.

La pregunta que queda sin respuesta es si esa defensa llegará a tiempo. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante. El bonus por recaudar sigue en pie. Y mientras tanto, hay quien sostiene que el contribuyente que recibe un requerimiento sabe que, si paga, la Agencia Tributaria lo declara delincuente fiscal. Ahí se atasca el análisis: en un sistema donde el procedimiento se ha vuelto el castigo.