Ong compra por 370.000 euros por vivienda 100 , para que vivan cientos de […]

37 millones públicos para 100 pisos: la operación que denuncia un tuit​

Un tuit viral ha puesto el foco en una subvención de 37 millones de euros que, según ese mensaje, habría servido para adquirir un centenar de viviendas. El dinero sería público y el comprador una organización que se presenta como no gubernamental. El destino, según el planteamiento que abrió el asunto, sería alojar a personas migrantes recién llegadas. El mensaje inicial no detalla el precio por unidad ni aporta documentación que lo respalde, pero en el debate posterior se ha repetido la cifra de 370.000 euros por vivienda como cálculo derivado de dividir el total entre el número de inmuebles.

Qué se sabe de la operación y quién paga​

El punto de partida es una ayuda pública de 37 millones canalizada hacia una entidad del tercer sector. Con ese importe se habrían adquirido 100 viviendas, según el tuit que originó el debate. La operación se presentó públicamente como respuesta habitacional para población migrante, y el primer foco de sospecha no fue el destino sino el precio: ¿se pagó por encima de mercado? ¿Quién vendió? ¿A través de qué sociedad? Son las preguntas que se plantearon desde el minuto uno, sin que el material aporte respuestas verificadas.

La estructura de la entidad compradora también ha sido objeto de escrutinio. Según los datos que se han ido manejando en el hilo, más de la mitad de su presupuesto de 2024 se fue en nóminas, con una cifra que ronda los 17 millones de euros en salarios. Una organización que gestiona decenas de miles de viviendas y que, sobre el papel, declara unos ingresos por actividad mercantil muy inferiores a los que cabría esperar si cobrara alquileres de mercado por ese parque. El desfase entre lo que ingresa y lo que gestiona es, cuando menos, llamativo.

El cálculo que no cuadra: 68.500 viviendas y 5 millones de ingresos​

Uno de los análisis más repetidos parte de la propia contabilidad de la entidad. Declara 5 millones de euros en ventas y otros ingresos de actividad mercantil y afirma gestionar 68.500 viviendas. Si se divide lo primero entre lo segundo, sale un ingreso de 73 euros al año por vivienda. Setenta y tres. Al año. Si se asume un alquiler medio de 300 euros mensuales, los ingresos por ese concepto deberían superar los 240 millones anuales. La conclusión que se extrae es que, o no cobra alquileres, o los cobra en especie, o los números que publica no reflejan la realidad de su actividad.

La explicación alternativa que se ha dado es que la entidad actúe como mera intermediaria: que no sea propietaria del parque sino gestora, y que se quede con una comisión por alquilar. Eso la convertiría, en la práctica, en una inmobiliaria con régimen fiscal y reputacional de ONG. La frontera entre una cosa y otra es exactamente lo que está en discusión.

El precedente que se menciona en el hilo​

En el debate se han citado operaciones similares en Canarias y Cataluña donde, según un participante, políticos habrían alquilado propiedades a precios disparatados a entidades del tercer sector. El material no aporta documentación que respalde esos casos. El patrón que se describe es siempre el mismo: se compra a un precio que nadie audita, se alquila a una entidad subvencionada, y el contribuyente paga la diferencia. Si un menor migrante no acompañado cuesta más que un anciano con incapacidad severa en una residencia, el problema no es el migrante: es la estructura que gestiona el dinero, sostiene esa línea de opinión.

Hay quien sostiene que la mayor parte del presupuesto se malversa en la cadena de intermediarios. En contra pesa el argumento de que sin esas entidades no habría ningún servicio, y que el Estado no tiene capacidad operativa para gestionar alojamiento de emergencia. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.

La reacción social: del cabreo a la indiferencia​

El asunto ha generado indignación, pero también un cansancio palpable. La queja más repetida no es contra la ayuda en sí, sino contra la sensación de que el dinero público se gestiona con criterios que nunca se aplicarían a un español. Lo votado y lo no votado, resume una corriente. Otra apunta directamente a la imposibilidad de cambiar nada: da igual lo que hagas o no hagas, esto viene de más arriba y está planificado.

El problema de fondo es que la indignación no encuentra cauce. Quien intenta trasladar el asunto a su entorno se topa con indiferencia. La gente acomodada, se argumenta, es indolente al máximo. Y mientras tanto, los jóvenes españoles siguen pagando 800 euros por una habitación mientras ven cómo se habilitan pisos nuevos para otros. Esa es la comparación que duele, y no hay subvención que la tape.

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Con estos mimbres, lo previsible es que la operación siga su curso sin que nadie devuelva el dinero. Las auditorías llegarán tarde, si llegan. Y el próximo contrato se firmará con las mismas preguntas sin responder.