Perú declara a los Transensuales enfermos mentales.

Perú declara a los transexuales enfermos mentales por decreto​

El Ministerio de Salud de Perú ha publicado un decreto supremo que vuelve a catalogar la transexualidad como problema de salud mental, un retroceso de más de una década en el reconocimiento de derechos LGBTIQ+. La medida, difundida por medios como El País y cuentas de seguimiento político, ha reabierto el pulso entre quienes defienden la despatologización avalada por la Organización Mundial de la Salud y quienes sostienen que la disforia de género es, en esencia, un trastorno. El texto oficial no entra en matices: identifica la identidad trans como patología. Y eso, en pleno siglo XXI, es una bomba política.

Qué dice exactamente el decreto y por qué genera rechazo​

El decreto supremo del Ministerio de Salud peruano define a las personas transexuales como enfermos mentales. No es una interpretación de activistas: es el texto normativo. La OMS retiró la transexualidad de su lista de trastornos mentales hace años, y ese consenso científico es el que ahora Perú ignora. La decisión ha sido leída como un giro ideológico del gobierno de Dina Boluarte, en un contexto donde la agenda pública peruana está marcada por otras polémicas —los relojes supuestamente prestados por un gobernador regional, por ejemplo— que el decreto ayuda a tapar.

Hay quien sostiene que la norma busca reconocer el sufrimiento real de quienes no se identifican con su sexo biológico, y que patologizar no es estigmatizar sino garantizar cobertura sanitaria. En contra pesa el argumento de que tratar como enfermedad una identidad es la vía más rápida para la exclusión social y laboral. La comunidad trans peruana queda, de facto, bajo sospecha clínica.

El argumento sanitario: cobertura pública frente a estigma​

Una parte del análisis defiende que la disforia de género estuvo reconocida como trastorno en manuales como el DSM y que la OMS la retiró por motivos económicos: permitir que los cambios de sexo se financien con dinero público. Es decir, la patologización sería una puerta a la sanidad universal, no un castigo. El cálculo completo, con las implicaciones presupuestarias que algunos desglosan, da para un debate que excede el titular.

La objeción es obvia: si el Estado te declara enfermo para ayudarte, el estigma viaja en el mismo paquete. Y en Perú, con un sistema sanitario fragmentado, la ayuda prometida puede quedarse en el BOE sin llegar nunca al quirófano.

El frente político: Boluarte, los relojes y la agenda cultural​

El decreto no se entiende sin el desgaste del gobierno de Boluarte. La presidenta arrastra cuestionamientos por el uso de relojes de lujo presuntamente cedidos por un gobernador regional, y la oposición interpreta la medida como un intento de movilizar a su base conservadora. No es una teoría descabellada: los temas de identidad sexual funcionan como cortina de humo en toda Latinoamérica.

En España, el eco ha sido inmediato. Sectores que llevan años criticando las leyes trans y el gasto en asociaciones LGTBI han visto en Perú una validación externa. La comparación con la sanidad pública española y con el dinero destinado a políticas de diversidad ha servido para reabrir la guerra cultural doméstica.

La grieta científica: ¿enfermedad o identidad?​

El núcleo del conflicto es psiquiátrico y político a la vez. La psiquiatría ha cambiado de criterio por votación en algunos manuales, lo que para los críticos demuestra que no es una ciencia dura sino un acuerdo social. Para los defensores de la despatologización, la evidencia es que la angustia no viene de la identidad sino del rechazo social. Dos marcos incompatibles.

Perú ha elegido el marco antiguo. La pregunta es si el decreto sobrevivirá a los tribunales y a la presión internacional, o si se quedará como una nota a pie de página en la historia de los derechos civiles latinoamericanos.

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Con estos mimbres, lo previsible es que el decreto acabe judicializado y que el gobierno peruano lo matice sin derogarlo. Pero la política latinoamericana rara vez sigue el guion previsible. Si algo ha demostrado este episodio es que la batalla por el lenguaje clínico es, hoy, la batalla por los derechos civiles.