Primero los de fuera: baleares, en contra de que la ue limite la compra de vivienda a extranjeros, como pide canarias

Baleares rechaza vetar la compra de vivienda a extranjeros​

En la Asamblea General de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, celebrada en La Palma, el Gobierno canario puso sobre la mesa limitar la compra de vivienda a extranjeros para frenar el desequilibrio demográfico del archipiélago. La respuesta balear llegó el mismo día y por boca de su directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Francisca Ramis: la medida vulneraría el libre mercado, obviaría derechos fundamentales e iría contra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dos archipiélagos, el mismo problema de fondo, y dos recetas opuestas para atajarlo.

Qué propone Canarias y por qué Baleares dice no​

El presidente canario, Fernando Clavijo, defendió que la nueva estrategia RUP abre una ventana de oportunidad para unir desarrollo económico y sostenibilidad, y que la legislación europea no coarta la libertad de residencia. Su propuesta pasó el respaldo de la Asamblea de la Comisión de Islas. En Canarias, una de cada cuatro operaciones de compra la realizan extranjeros, el doble de la media nacional.

Ramis no niega el diagnóstico. Admite falta de vivienda y turismo de masas, pero sostiene que «hay que convivir con ello» y que la limitación canaria «no es una solución». Su recetario alternativo: decretos de simplificación administrativa, conversión de locales en plantas bajas en viviendas, hipotecas para menores de 30 años y supresión del impuesto de compra para menores de 35. La vivienda pública, añade, debería reservarse a quienes acrediten al menos cinco años de residencia en las islas.

El argumento jurídico: ¿se puede vetar la compra a un ciudadano de la UE?​

La objeción de fondo es si Bruselas permite a un Estado miembro cerrar su mercado residencial a otros comunitarios. La respuesta oficial balear es que no: el Tratado de Funcionamiento de la Unión lo impide. Frente a eso, en el análisis económico se manejan precedentes que matizan el dogma. Dinamarca incorporó en el Tratado de Maastricht una cláusula que impide a extranjeros de la UE comprar vivienda si no son residentes permanentes con ciertas condiciones, con exigencias de permanencia de cinco años, según se recuerda en el propio debate. Las islas Åland, con régimen previo a la adhesión, funcionan como otro caso citado.

La discusión se enreda en si esos regímenes son excepciones históricas irrepetibles o modelos exportables. Hay quien sostiene que el mercado único no admite compartimentos estancos y que quien se escandaliza con los aranceles de terceros países no puede pedir a la vez muros internos. Y hay quien responde que un territorio insular frágil no se legisla igual que un continente espacioso: la máxima de que el sábado se hizo para el hombre y no al revés resume esa corriente.

El problema real no es el comprador, es el stock​

El dato que descoloca a ambos bandos es la construcción. Entre 2000 y 2020 se levantaron en Baleares alrededor de 75.000 viviendas, de las que solo unas 1.500 fueron promovidas por el Govern o los ayuntamientos. En Canarias, entre 2001 y 2023, se construyeron 274.736 viviendas y solo 12.547 fueron de protección oficial, un 4,6% del total. La población balear pasó de unos 909.000 habitantes en 2005 a 1.244.394 en 2024, un crecimiento del 36,8%. Con esa proporción de vivienda pública, cualquier restricción a la demanda extranjera opera sobre un mercado que ya nació cojo.

A eso se suma el uso del parque existente. La crítica más repetida no apunta al comprador de segunda residencia, sino al alquiler vacacional y a la conversión de pisos en alojamientos turísticos ilegales. El remedio que se propone por esa vía no es prohibir la compra, sino gravar con dureza la vivienda no habitual, prohibir el alquiler vacacional y dejar de subvencionar vuelos. Es decir: atacar el uso, no la nacionalidad del comprador.

La sombra demográfica sobre el debate​

Ninguna discusión sobre vivienda en España se queda en el ladrillo. El crecimiento de población por migración se cuela en el análisis con cifras gruesas: se habla de más de cinco millones de residentes de origen extranjero y de un ritmo de entrada que la construcción no acompaña. En menos de cinco años, se argumenta, la población de origen inmigrante creció en 2,5 millones mientras no se levantaba ni un millón de viviendas, lo que presiona los precios al alza. Los hispanoamericanos, se dice, se agrupan varias familias por piso y pueden pagar lo que una pareja local no alcanza.

Ese trasfondo convierte la propuesta canaria en un pulso más amplio: quién puede residir, quién puede comprar y quién decide. La comparación con Malta, con densidad superior a la de Uttar Pradesh, o con Gibraltar, donde el 95% de la vivienda es pública y se cede en usufructo vitalicio a residentes legales, aparece como recordatorio de que en Europa ya existen fórmulas híbridas. Ninguna de ellas se ha importado a Baleares.

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Queda el detalle que nadie discute: Canarias hace campaña por atraer jubilados europeos y nómadas digitales, dos perfiles con poder adquisitivo alto que también necesitan techo. Vetar al comprador extranjero mientras se le invita a mudarse es, como mínimo, una contradicción de folleto.