España pide incluir el catalán, euskera y gallego entre las lenguas oficiales de la Unión Europea

España pide que catalán, euskera y gallego sean lenguas oficiales de la UE​

¿Tiene sentido que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea? España ha formalizado la petición de incluir las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico comunitario, y la respuesta institucional apunta a un no. La UE reconoce 23 lenguas oficiales para 27 Estados miembros: una lengua por país, con el irlandés y el maltés cubriendo a Irlanda y Malta tras el brexit. El criterio no es cultural, es diplomático: cada Estado miembro designa sus lenguas y las instituciones asumen el coste.

Qué pide España y qué responde Bruselas​

La petición se apoya en el artículo 3 de la Constitución, que reconoce las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Ese reconocimiento interno no se traduce automáticamente al régimen lingüístico europeo, que funciona por Estados soberanos. El argumento que circula con más fuerza es que el catalán, el euskera y el gallego son cooficiales dentro de España, no lenguas oficiales de un Estado miembro, y que la UE no ha abierto nunca esa puerta.

El precedente del finés se cita para marcar la diferencia. El finés es idioma oficial de una nación soberana desde hace más de un siglo y de un Estado miembro de pleno derecho. El catalán, en cambio, es cooficial de una comunidad autónoma dentro de un Estado cuyo idioma oficial en todo el territorio es el castellano. La comparación se cae por la base, aunque se repita.

El efecto dominó que temen en Bruselas​

Si Bruselas acepta el catalán, el euskera y el gallego, el cálculo más repetido es que se abre la caja de los truenos. Hay quien sostiene que desde otras regiones europeas se exigiría lo mismo: el sardo, el corso, el patois, el frisón, el aranés, el silbo gomero, el ansotano. La UE pasaría de 23 lenguas oficiales a una cifra que nadie se atreve a cerrar.

Italia es el ejemplo que más se cita. Tiene lenguas eslavas, germánicas, romances, griego y albanés en algunas zonas, además de su poquito de catalán. Si se abre el melón, el país transalpino tiene más papeletas que nadie para reventar la mesa. La regla no escrita —una lengua por país— es lo único que ha mantenido el sistema en pie.

El coste real: traductores, cabinas y combinaciones​

El cálculo que más circula es el de las combinaciones. Con tres lenguas nuevas, cada sesión necesitaría traductores simultáneos para todas las combinaciones posibles entre las lenguas oficiales y las nuevas. La cifra que se repite es 900 diputados y 90.000 traductores simultáneos en todas las combinaciones posibles, una hipérbole que sirve para ilustrar el problema logístico.

El problema no es solo el número, es la rareza de los pares. Encontrar un traductor titulado de finés a vasco, o de panocho a esloveno, es una quimera. Hay quien bromea con que saldría más barato contratar a un traductor que dice dominar quince idiomas por un millón anual. La broma esconde un problema real: el mercado de intérpretes de combinaciones minoritarias es caro y escaso.

El argumento cultural y el argumento práctico​

Frente al coste, aparece el argumento cultural. Hay quien defiende que los niños deberían aprender nociones básicas de las lenguas cooficiales en el colegio, porque son parte de la cultura común, y dejar el inglés para más adelante. La respuesta práctica es que eso quitaría horas a otras asignaturas y que las familias acabarían pagando academias para compensar.

El otro argumento que se repite es el de la utilidad. Aprender corte y confección, se dice, sirve para algo práctico; el vascuence, no. La pregunta de qué obras literarias se han redactado en vascuence se lanza como dardo, y la respuesta —que las hay, y muchas— no suele llegar. El debate se atasca en la misma grieta: cultura frente a utilidad, identidad frente a coste.

Lo que se juega España en el envite​

El trasfondo político es el que manda. La petición se lee como parte de la negociación con los grupos independentistas que sostienen al Gobierno, y como un gesto que se sabe de antemano que Bruselas no va a conceder. Hay quien lo llama teatro: pedir una quimera que todos saben que no se va a dar, pero que sirve para pactar en base a ella.

El cálculo político es simple. La petición no cuesta votos en Bruselas, pero rentabiliza en Madrid. El coste lo paga la credibilidad institucional, que se desgasta un poco más cada vez que se formaliza una petición que se sabe perdida. La pregunta no es si la UE dirá que no, sino cuántas veces más se repetirá el ejercicio antes de que alguien lo llame por su nombre.

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La UE tiene 23 lenguas oficiales y 27 países. Nunca ha querido meter lenguas regionales porque se pondría en 80. Y mientras tanto, el finés sigue siendo oficial y el catalán, cooficial. La diferencia, por mucho que se repita, no se diluye.